Conferencia



MALVINAS: LAS CAUSAS INMEDIATAS DE LA GUERRA [1]

Mario Meneghini

I. Introducción

Agradezco la presentación del Coronel Picciuolo, que me honra con su amistad,  y la distinción que me ha efectuado la Academia. Cuando tuve oportunidad de leer el libro San Martín en Córdoba, de don Efraín Bischof, no podía imaginar que algún día tendría el honor de compartir con este prestigioso historiador la representación de Córdoba ante esta Academia. Hoy, al filo de los cien años, don Efraín mantiene sus inquietudes, manifestadas en reportajes y crónicas periodísticas, para ejemplo de las nuevas generaciones.

Es obvio que no soy un historiador; no obstante, mi actividad de investigar la realidad política argentina me obliga a escudriñar el pasado para entender mejor el presente. Al hacerlo, debo esforzarme en lograr la mayor objetividad utilizando los criterios de la disciplina histórica, que tiene, al decir de Menéndez Pelayo, “en quien honradamente la profesa, cierto poder elevado y modelador que acalla el tumulto de las pasiones hasta cuando son generosas y de noble raíz”, puesto que “la materia de la historia está fuera del historiador, a quien con  ningún pretexto es lícito deformarla”[2].

Me pareció oportuno destinar esta comunicación al análisis de los motivos y circunstancias del comienzo de la guerra de Malvinas en 1982. Con motivo de cumplirse este año el trigésimo  aniversario de la recuperación de las islas, considero necesario procurar desentrañar la verdad de lo sucedido, puesto que el tiempo transcurrido y la multiplicidad de opiniones discordantes produce confusión y lleva al desaliento en la sociedad argentina; de allí la necesidad de un análisis integral, a través de una investigación bibliografica que permita llegar a conclusiones plausibles y fundamentadas[3]. Es posible, afirmaba Ricardo Paz sobre el tema, “siguiendo estas huellas confusas, llegar a conclusiones ciertas sobre lo esencial del conflicto”; puesto que “la política, sobre todo la política exterior, tienen poco de esotérico”[4]. Ernesto Palacio reflexiona que “toda historia es una síntesis, y la labor de quien la emprende se asemeja a la del minero empeñado en extraer de un material turbio el precioso filón, siguiendo la dirección de la veta”[5] .
En esta exposición, me ocuparé únicamente de rastrear los motivos que condujeron a que se produjera el enfrentamiento bélico, describiendo los hechos ocurridos entre el 16 de diciembre de 1981 y el 2 de abril de 1982.

Pese a la cantidad de obras publicadas, una cierta proporción de las mismas no resulta confiable para un análisis serio, en razón de no haber examinado todos los aspectos involucrados, o estar teñidas de una posición ideológica.  En esta categoría incluimos el llamado informe Rattembach pese que abarca un total de diecisiete volúmenes. En efecto, la propia Comisión creada por el Poder Ejecutivo Nacional este año, por Decreto Nº 200/12, para revisar el material antes de darlo a publicidad, luego de treinta años de permanecer en secreto, afirma que parte de los documentos constituyen “apreciaciones a título personal”, y “revelan de parte de sus autores ignorancia o desconocimiento de elementos sustanciales de la controversia”. A ello debe agregarse que el mismo presidente de la comisión, Teniente General Benjamín Rattenbach, efectua esta  aclaración agregada a mano en el folio 291: “Firmo en disidencia, porque estando de acuerdo con el contenido de este informe, inclusive la definición de responsabilidades, no estoy de acuerdo con su orientación, su estructura, su extensión y el tiempo invertido para su presentación”[6].
En cambio, resulta de suma importancia el llamado Informe Franks, confeccionado por una Comisión de Consejeros de la Corona  presidida por Lord Franks, y publicada en enero de 1983; citaré a menudo este antecedente británico[7].

II. Derechos argentinos

1. Sobre los derechos argentinos respecto a las islas Malvinas y archipiélagos adyacentes, nos remitimos al dictamen redactado por el Dr. Ricardo Zorraquín Becú, y aprobado por la Academia Nacional de la Historia en sesión del 11 de agosto de 1964, ratificado en mayo de 1982. Resumiendo las conclusiones, el reclamo argentino se funda históricamente en las siguientes razones:
a) Las soberanía española de las islas, derivada de la concesión pontificia y de la ocupación de territorios en el Atlántico Meridional. Inglaterra reconoció esa soberanía al comprometerse a no navegar ni comerciar en los mares del Sud (tratados de 1670, 1713 y subsiguientes).
b) La continuidad jurídica de la República Argentina con respecto a todos los derechos y obligaciones heredados de España, que renunció por el tratado del 21 de setiembre de 1863 a la soberanía, derechos y acciones que le correspondían.
c) La ocupación pacífica y exclusiva del archipiélago por la Argentina desde 1820 hasta el 2 de enero de 1833, en que sus autoridades fueron desalojadas por la fuerza.

III. Sobre la guerra

La mayoría de las críticas sobre lo ocurrido en 1982, no ponen en duda los derechos argentinos sobre el territorio en disputa, sino que se refieren a la decisión misma de recuperarlo por la fuerza, considerando que fue un acto irracional, que no debió haber sucedido, por el riesgo que implicaba enfrentar a una potencia.
Esto nos lleva a analizar, en primer lugar, las condiciones para que una guerra pueda justificarse. La doctrina clásica, compendiada por Santo Tomás de Aquino, enseña que a veces puede ser justa cuando se cumplen ciertos requisitos. La misma razón que puede justificar la legítima defensa individual mediante el uso de la fuerza contra el agresor, puede justificar la defensa de la comunidad política mediante el uso de la fuerza, cuando sea injustamente atacado por el gobierno de otro Estado. A pesar de las consecuencias graves de toda contienda bélica, “la guerra justa da al Estado el derecho de tomar todas las medidas necesarias para rechazar la agresión del enemigo”.
Sto. Tomás fija las condiciones básicas para que sea admisible una guerra: autoridad competente para declarar la guerra e iniciar las hostilidades, recta intención de tal autoridad, medios legítimos, y causa justa[8].

El Catecismo de la Iglesia Católica (Nº 2309), siguiendo la doctrina clásica, actualiza y completa los requisitos para que exista legítima defensa mediante la fuerza militar; es preciso a la vez:

1. Que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto.
2. Que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces.
3. Que se reúnan las condiciones serias de éxito.
4. Que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición.

Después de analizar los hechos concretos que condujeron a la contienda, se podrá evaluar si la decisión argentina se encuadró en el concepto de guerra justa.

IV. Los hechos: el incidente de las islas Georgias

El conflicto bélico de 1982 se origina, no en las Malvinas, sino en el archipiélago de las Georgias del Sur. De manera casi simultánea con la asunción del General Galtieri, como Presidente de la República Argentina, el embajador británico autorizó el viaje a las Georgias de Sur del empresario argentino Constantino Davidoff, que contrató con la Compañía escocesa Salvensen para desguazar  estaciones balleneras abandonadas en esas islas. El contrato quedó formalizado por el escribano Ian Roger Frame, el 19 de setiembre de 1979, con vigencia hasta el 31 de marzo de 1983. Por su parte, las autoridades de Georgias del Sur, fueron informadas por la empresa Christian Salvensen, de Edimburgo, que Davidoff había comprado el material de esa compañía en Puerto Leith, Stromness y Husvik, solicitando le facilitaran la operación.
El contrato molestó al gobernador inglés Hunt, vinculado al Comité de las Islas Malvinas (lobby), pues:

-el único buque de la marina, el rompehielos Endurance, dejaría el área en mayo de 1982.
-en junio, la Oficina Investigaciones Antárticas británica abandonaría las Georgias (Gritviken).
-los obreros argentinos, con contrato hasta 1983, serían la única presencia en las islas.

 Davidoff, comunicó a la embajada británica en Buenos Aires, por nota del 11-12-81, que viajaría a las islas con algunos colaboradores para efectuar un relevamiento fotográfico e inventarios. Inició el viaje el 16-12-81 en el rompehielos Almirante Irizar, llegando a puerto Leith  -en la isla San Pedro, del grupo de las Georgias- el 20-12. Allí inspeccionó el material que había adquirido: 30 tanques de almacenamiento de combustible, planta de cocción, planta diésel eléctrica de 1.500 kw, calderas y máquinarias, en Leith; otras instalaciones en Husvik y Stromnes, más dos diques flotantes de 700 y 1.000 toneladas en este último puerto.
El negocio era apetecible; se estimaba –según The Sunday Times- que por esas 35.000 toneladas de metal Davidoff había pagado 115.000 libras, cuando en 1979 la tonelada de chatarra se vendía a 214 libras, lo que representaba un beneficio de 7 millones de libras[9].
Es poco razonable pensar que un comerciante como Davidoff arriesgaría la oportunidad de su vida, por cometer un acto de provocación, sin embargo, el día 31 Hunt recomendó iniciar un procedimiento contra él; la cancillería (Foreing Office) respondió que no iniciara un procedimiento “con lo que se correría el riesgo de provocar un incidente sumamente grave que empeoraría la situación y los resultados serían imprevisibles” (F, 164).

En febrero, hubo un segundo viaje de los trabajadores argentinos, que estuvieron entre el 16 y el 28 en Leith y Grytviken, sin que se produjera ningún incidente. Por el contrario, según el diario de la British Antartic Survey encontrado por los militares argentinos en abril, los técnicos ingleses de la base de Grytviken mantuvieron relaciones cordiales con los empleados de Davidoff[10].

El embajador informó el 23 de febrero de 1982, que Davidoff se había comunicado telefónicamente con la embajada informando que volvería a las Georgias, para comenzar el desguaze, solicitando instrucciones acerca de cómo proceder; el embajador consultó al gobernador sobre este tema, sin recibir respuesta (Informe Franks, 167), lo que, estima el almirante Busser, introducía “el germen de la crisis”[11].
El 9 de marzo, Davidoff notificó a la embajada que 41 trabajadores partirían dos días después –en realidad, viajaron 39-,  en el Bahía Buen Suceso, que era un transporte de la Marina, dedicado a operaciones comerciales, y en el que no había personal militar ni armas de guerra; este buque era conocido por los ingleses pues solía llevar turistas y provisiones a las Malvinas. Consta en el Informe Franks (168) que el empresario ofreció llevar provisiones para la base británica, así como los servicios de un médico y una enfermera que viajaban con el grupo. El embajador informó sobre esto al Gobernador y al Foreing Office; a su vez Salvensen había informado a la cancillería británica y al gobernador sobre el viaje, y que había concedido a Davidoff una ampliación del contrato hasta el 31 de marzo de 1984.
No obstante de conocerse este viaje, cuando el día 19 el grupo de chatarreros desembarcó en Leith: el gobernador de las Malvinas aseguró que los ingleses de la base científica se enteraron de la presencia argentina al escuchar disparos de armas de fuego, utilizadas para cazar renos, y que habían izado una bandera argentina.
Sobre la bandera, Davidoff negó que hubiera sido colocada por sus empleados,  manifestando que cuando bajaron a tierra ya ondeaba el pabellón nacional en el lugar[12]. Conviene aclarar este punto, pues ocurre que Davidoff no viajó en esa oportunidad[13]; además, el coordinador general del operativo de la firma Georgias del Sur, Ricardo Cacace, admitió que la bandera argentina la colocaron los miembros del grupo: “Fue una cosa natural y espontánea, dado que para nosotros estábamos en la Argentina y, además, éramos un grupo de argentinos”[14] .

Sobre los renos, en el diario de la agencia británica, capturado el 3 de abril en Grytviken, figura esta frase,asentada el 17 de marzo: “Al fin se va el Isatis (yate francés) que volvió ayer puesto que los helicópteros del Endurance lo sobrevolaron para chequearlo. Los otros franceses se están convirtiendo en una peste, ya están disparando sus rifles en Grytviken y matando ciervos. Estamos disgustados y no podemos expresar la animadversión general que provocan sin recurrir a malas palabras. Digamos que no están actuando con propiedad”[15]. Queda en evidencia, entonces, que fueron dichos franceses los que dispararon y no los argentinos.
Cabe acotar con respecto a los renos, que se trata de animales salvajes que fueron introducidos por los balleneros a principios del siglo XX, y que, actualmente, las autoridades británicas prevén exterminarlos –Vgr. con disparos desde el aire-, debido a que constituyen una población de 3.000 animales que están devastando la vegetación local (Clarín, 17-6-12).

El gobernador manifestó al Foreing Office su opinión de que la Marina estaba utilizando al Davidoff como cobertura; la cancillería aclaró al embajador que el Bahía Buen Suceso era un buque de transporte no de guerra, y que no llevaba personal militar. El comandante de la Base de Grytviken confirmó que los hombres desembarcados no llevaban armas de fuego (F, 170). El Informe Franks revela que, según un informe de inteligencia británico, el gobierno argentino no planificó este incidente: “A pesar de los estrechos contactos que el Sr. Davidoff mantenía con algunos oficiales superiores de la Armada Argentina, no se considera que el desembarco no autorizado formara parte de los planes de la Armada” (F, 230).

Mientras tanto, el 21 zarpó de Malvinas el Endurance, embarcando 21 infantes de marina, quedando anclado en Grytviken a las espera de órdenes; el mismo dia en Puerto Stanley se forzó la puerta de LADE, la empresa argentina que brindaba servicio aéreo a las islas,  colocándose una bandera inglesa.
 Simultáneamente, el comandante de la base británica informó a los trabajadores que su presencia era ilegal, pues no habían sellado las llamadas tarjetas blancas de identificación. El Canciller argentino, Dr. Costa Méndez, pidió que la expulsión se revocara si Davidoff ordenaba a sus empleados completar la formalidad de ir hasta Gritviken y hacer sellar las tarjetas. El embajador estuvo de acuerdo, pero Hunt sostuvo que las Georgias no estaban incluidas en el acuerdo de 1971 y que debían sellarse los pasaportes.
Costa Méndez respondió al embajador el 28 que los trabajadores deben permanecer en Georgias pues se les ha otorgado la documentación idónea; en efecto, en el Acuerdo de Comunicaciones, firmado el 1-7-1971, se había establecido que la tarjeta blanca “será el único documento requerido a los residentes del territorio continental argentino para viajar a las Islas Malvinas”. También insistió el canciller en que las Georgias estaban explícitamente comprendidas en el Acuerdo de 1971, cosa que los británicos habían reconocido en la reunión de Nueva York celebrada un mes atrás, los días 26 y 27 de febrero[16].
Cabe destacar que la presencia de estos argentinos no representaba ninguna amenaza: primero, porque no eran militares, y la segunda porque en Georgias no había población, sólo estaba el personal de investigaciones antárticas y en otra zona. Recordemos, de paso, que aquél convenio de 1971, constituyó –como lo expresara Ricardo Paz- “un sistema único en los anales diplomáticos, de usurpación subsidiada a cargo de la nación usurpada”[17]. No cabía, entonces, una nueva concesión por parte de nuestro país.

Mientras tanto, el 30 de marzo el encargado de negocios argentino en Londres, informó que la televisión inglesa dio la noticia del envío de 2 submarinos nucleares clase Hunter Killer; uno de ellos había zarpado el 25 desde Gibraltar (noticia confirmada por el New York Times), y que interpretaba que el gobierno había optado por un endurecimiento frente al caso Georgias.  El punto 213 del Informe Franks reconoce que el día 29 la Primer Ministra dispuso el envio de un submarino nuclear en apoyo del Endurance, y que se prepararía un segundo submarino.
En la Argentina, existieron proyectos de ocupar las Malvinas, ya desde 1955, que se reactivaron desde que el Almirante Anaya asumió como comandante en jefe de la Marina, pero recién en la primera semana de enero, el Comité Militar resolvió que se planificara preventivamente una operación de ocupación de las Malvinas, para el caso de que fracasaran las negociaciones diplomáticas en curso. Ese plan no tenía fecha de ejecución, pues la intención era negociar durante todo el año. Recién el día 23, ante el cariz que tomaba el incidente advirtió al embajador Williams que si no se aplazaba la amenaza de retiro forzado de los obreros, se tomaría como un ultimátum que originaría una reacción por parte de nuestro país. Ante la situación planteada, en reunión del día 26, el Comité dispuso que la operación estuviera lista para ser ejecutada entre el 1 y el 3 de abril. Por su parte, el gobierno inglés tomó la decisión de enviar la Task Force antes de que el gobierno argentino resolviera preparar el posible ataque. El libro de memorias del Almirante Woodward, se tituló “Los cien días”, pues ese tiempo había durado para él la guerra: “…cien días desde que dije adiós … en el puerto de Gibraltar la noche del 26 de marzo”[18].

El 28 zarparon los buques argentinos que llevaban la fuerza de desembarco preparada para ocupar Malvinas, si no se recibía una respuesta satisfactoria. El Informe Franks (230) comenta que el día 31 el Grupo de Inteligencia estimaba que el objetivo del gobierno argentino era persuadir al británico para que reanudara las conversaciones sobre la soberanía y que no deseaba ser el primero en adoptar medidas drásticas. Sin embargo, el riesgo era que recurriera al uso de la fuerza si los civiles que estaban en las Georgias eran arrestados o evacuados.
Recién el 1 de abril el gobierno británico, al conocer la inminencia del desembarco, solicitó al presidente Reagan que intercediera ante el presidente Galtieri; la comunicación telefónica se concretó a las 22 horas, manifestando el mandatario argentino que ya era tarde, pues no se podía detener la operación, pero que si Gran Bretaña admitía negociar la crisis terminaría. Puesto que el objetivo fijado era realizar una ocupación incruenta, y que quedara en las islas una pequeña guarnición, para forzar de inmediato al adversario a entablar una negociación seria.
El objetivo se cumplió: no se produjeron bajas entre los soldados ingleses, y el único fallecido en el enfrentamiento del día 2 de abril fue el Capitán de Corbeta Pedro Giachino que encabezaba el grupo de ataque. Asimismo, el día 3 la Fuerza de Desembarco completó el repliegue de las tropas argentinas[19].

Una cuestión a dilucidar: se ha afirmado que la Marina argentina  preparó  un operativo Alfa, con la intención de promover un incidente que llevara a la guerra. Existió, efectivamente, una Operación Alfa, generada en mayo de 1981 por iniciativa del Alte. Lombardo, Comandante de la Flota de Mar, con conocimiento de la Cancillería. El objetivo consistía en instalar una estación científica en las Islas Georgias del Sur, similar a la que existía desde 1976 en la Isla Thule del Sur, del grupo de las Sandwich del Sur, y con el mismo propósito de mantener una presencia en la zona en litigio. A tal efecto, se formó un grupo de 15 hombres, al mando del Tte. Astiz, que fue adiestrado en la zona de San Fernando, y se embarcó en el buque Bahía Paraíso, en el mes de enero, en el marco de la campaña antártica. Se preveía concretar esa operación en los meses de mayo o junio, cuando las unidades británicas que realizaban tareas de apoyo antártico se hubieran alejado definitivamente de la zona.
Algunos[20] han confundido este viaje de Astiz, con el de Davidoff que viajó en el buque Bahía Buen Suceso, no en el Bahía Paraíso. De todos modos, la Junta Militar en reunión del 2 de febrero, resolvió suspender la operación alfa, para “evitar un hecho que fuera negativo para el desarrollo de las futuras negociaciones”[21] . Según declaración testimonial del Contraalmirante Edgardo Otero, posteriormente –y antes del desembarco de Davidoff- se dispone anular totalmente esa operación[22].
Por lo tanto, el incidente de las Georgias, que comienza el 19 de marzo, no tuvo nada que ver con la Operación Alfa, que nunca fue ejecutada.

V. Análisis de la decisión

El gobierno argentino no podía aceptar las exigencias de desalojar a los obreros de Davidoff que estaban cumpliendo un contrato legalmente formulado, incluso había ofrecido que se sellaran las tarjetas blancas, siendo que ninguna norma había previsto que dicho documento debía ser visado[23]. Además, el personal británico en las Georgias tenía funciones científicas, no consulares que lo habilitara para revisar documentación.
En resúmen, los argentinos:
-estaban en un territorio en disputa;
-se habían cumplido todas las formalidades establecidas;
-admitir el uso de pasaportes era aceptar la pretensión británica de soberanía sobre las islas Georgias.

El entonces embajador británico, Anthony Williams, reconoció posteriormente[24] que: “En Londres se incurrió en un grave error de apreciación durante el episodio de las Georgias”.
Si nuestro país hubiera tolerado el desalojo por la fuerza, o hubiera accedido a evacuar a los obreros bajo amenaza, o hubiera aceptado el visado de pasaportes, ello habría significado una verdadera abdicación del derecho de soberanía sobre el Atlántico sur, por aplicación de la doctrina conocida como “stopell” (reconocimiento tácito de derechos).
La decisión argentina de recuperar las Malvinas, se originó en el procedimiento incorrecto utilizado por Gran Bretaña ante una crisis en Georgias, desatada por sus autoridades. El envío de un buque de guerra constituía un acto de fuerza, sin haberse agotado los recursos diplomáticos[25]. De acuerdo a las Naciones Unidas: “El primer uso de la fuerza armada por un Estado en contravención de la Carta constituirá prueba prima facie de un acto de agresión…”[26].
Entonces, ya no había alternativa válida para la Argentina, que se vio obligada a ejercer el derecho previsto en la Carta de las NU, art. 51:
“Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad hayatomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales”.

El Fiscal de la Cámara Federal, que juzgó a los Comandantes en Jefe, afirmó que: “La Argentina, pues, no agredió, fue agredida”; concepto ratificado por la Cámara en su pronunciamiento.
También la embajadora norteamericana ante las Naciones Unidas, Jane Kirkpatrik, manifestó: “Yo no creo que a la Argentina, dado el hecho de su permanente reclamo de soberanía sobre las Malvinas, se le pueda decir que por ocuparlas estaba cometiendo agresión”[27].

La doctrina de la guerra justa, resumida al comienzo,  nos sirve de guía para evaluar esta contienda bélica concreta, desde la ética. El filósofo cordobés Alberto Caturelli, ha sostenido que “La Argentina ha reunido y puede invocar todos los títulos legítimos de una guerra justa”[28]. Resumo su argumentación:
 -cuando Inglaterra, en 1833, agredió nuestro derecho efectivamente ejercido sobre las Malvinas…usurpando la posesión de las mismas, cometió un acto de tal naturaleza que siguió agrediendo a la Argentina todo el tiempo… durante casi un siglo y medio;
-Por eso, Inglaterra puso entonces (no en 1982) la causa de guerra justa de parte de la Argentina;
-La Argentina, dadas ciertas circunstancias concretas y ante los signos inequívocos del usurpador de no tener voluntad de restituir las islas, decidió retomar lo que siempre fue suyo.

También el Catecismo aclara que: mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacifico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legitima defensa (2308).
Es que la paz -según la clásica definición de San Agustín- es la tranquilidad en el orden; y no puede haber orden sin justicia. Por eso afirmaba Juan Pablo II: “No somos pacifistas, queremos la paz, pero una paz justa y no a cualquier precio” (18-2-1991). Y, en otra oportunidad el Santo Padre aclaró: “Los pueblos tienen el derecho y aún el deber de proteger, con medios adecuados, su existencia y su libertad contra el injusto agresor” (1-1-1982).

VI. Previsibilidad del resultado[29]

Podría alguien alegar que lo antedicho satisface únicamente los dos primeros requisitos exigidos por la doctrina: que haya un daño persistente recibido de un agresor, y que se hayan agotado las vías pacíficas. Conviene, entonces, revisar los otros dos requisitos: que haya razonable posibilidad de éxito, y que el uso de la fuerza no cause daños más graves.

El plan no fue irracional; el propósito de ocupar las islas no era el de iniciar una escalada bélica, por el contrario, se buscaba forzar a una negociación seria, y en caso de surgir un gesto de buena voluntad antes de la ocupación se anularía la operación. La misma debía ser incruenta, y una vez finalizada, quedaría en las islas una pequeña guarnición.
Se preveía que las negociaciones tendrían el apoyo de las Naciones Unidas y de Estados Unidos; esto último no era una suposición ingenua: en la noche misma del 2 de abril  hubo una cena en la embajada argentina en Washington, a la que asistieron la embajadora Kirkpatrich, la plana mayor de la secretaría de Estado, y jefes militares, a tal punto que el embajador británico dijo que era un agravio para su país.
Con respecto a la posibilidad de que las NU exigieran un acuerdo, había varios antecedentes; el más relevante fue la ocupación por Egipto del Canal de Suez, en 1956, presionando el organismo internacional para que Gran Bretaña y Francia no atacaran a Egipto, que desde entonces quedó con el canal.
Otro antecedente destacable es que en diciembre de 1976, solo 6 años antes de la guerra, la Marina argentina instaló un observatorio en las islas Thule (Sandwich), y Gran Bretaña  sólo envió una nota de protesta, sin tomar ninguna otra medida.

Tampoco era inevitable la derrota. Según el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, hasta el 13 abril, la argentina tuvo posibilidad de triunfo. Cambia el panorama, por la ayuda de EEUU. Aun así, los ingleses sufrieron las pérdidas más grandes desde la 2da. Guerra. Debe entenderse que el conflicto era político, y no se pretendía una confrontación total, por eso era posible para la Argentina lograr el objetivo que se había fijado. Además, era una obligación patriótica actuar en defensa de los intereses nacionales.
En el fallo de la Cámara Federal que juzgó a los Comandantes, en noviembre de 1988, se reconoce que: “Asiste razón a las defensas cuando sostienen lo mezquino que puede resultar vincular la decisión de participar en un combate evaluando previamente la entidad del contrincante. La necesidad política de responder a las agresiones que afectan la subsistencia del Estado, pasa por el imperioso deber de asegurar la respuesta al avance del enemigo.”
Por cierto que la Argentina no podría ganar una guerra total a un país como Gran Bretaña; pero desde la última guerra mundial, ya no existen conflictos bélicos integrales. Además, el objetivo de ocupar Malvinas era concreto y factible: ocupar las islas para negociar. Con respecto a la posibilidad de ganar la guerra localizada en esta zona, ello no era imposible, puesto que Gran Bretaña no empeñó todos sus recursos militares, y dependía de numeros factores para actuar a mucha distancia de su territorio.

Con motivo del fallecimiento del General británico Jeremy Moore, comandante de las tropas inglesas en Malvinas, se supo que este militar recordó en una entrevista la preocupación que sintió el 14 de junio de 1982, de que la Argentina no firmara la rendición, y que, por eso, le permitió al Gobernador argentino, General Menéndez, tachar la palabra incondicional, antes de firmar[30]. La preocupación de Moore se fundaba en que el Alte. Woodward, jefe de la flota, le había dicho que si no llegaba a Puerto Argentino para el día 14, lo iban a sacar de la isla; por eso, fue a conversar con Menéndez, “como quien va a jugar al póker con una mano pobre de naipes” (La Prensa, 1-4-86).

Con referencia a los daños que ocasionó la guerra, no es exacto que la misma haya perjudicado los derechos argentinos a reclamar la soberanía sobre Malvinas. La mejor evidencia es que la Asamblea General de las Naciones Unidas sancionó, desde el fin de la guerra, siete resoluciones favorables a nuestro país, siendo la primera de ellas, la Nº 37, de noviembre de 1982 -apenas cinco meses después de finalizada la contienda-, aprobada con el voto positivo de Estados Unidos, inclusive. En la misma se reitera que la situación colonial en las Malvinas es incompatible con los ideales de las UN y pide la reanudación de negociaciones por la soberanía.
Debe citarse, asimismo, el informe Kershaw, elaborado por iniciativa del Parlamento británico, en 1983, donde se reconoce que “problemas sustanciales diplomáticos, militares, financieros y económicos, seguirán enfrentando a Gran Bretaña y las islas Falklands a menos o hasta que se logre un acuerdo negociado de la disputa con la República Argentina” (p. 1.3). También admite el informe que, con relación a la historia del conflicto, “el peso de la evidencia es más favorable al título argentino” (p. 2.15)[31].

VII. Conclusiones

Decía don Ernesto Palacio que quien investiga el pasado debe hacerlo con objetividad, pero que una vez que tiene la certeza de conocer la verdad, no puede ser neutral en la evaluación de los hechos. Por eso, sin perjuicio de los errores estratégicos y tácticos que algunos especialistas han señalado al analizar esta guerra, debe resaltarse que ninguno de los autores que hemos citado considera que pueda ser calificada de aventura, ni se ha verificado que los responsables, civiles y militares, hayan actuado por intereses espurios, o con una incompetencia profesional generalizada. Considero que fue una guerra justa, que no pudo ser evitada sin afectar profundamente el honor nacional. No puede adjudicarse al hecho bélico el debilitamiento posterior de la posición argentina, que obedece a otras causas que exceden el marco de esta exposición.
Es lamentable que a 30 años de la guerra, y siendo que la misma es estudiada en los institutos militares de todo el mundo, por la valentía y eficiencia que demostraron nuestros soldados en el campo de batalla,  los argentinos caigamos en la autodenigración. Hasta surgió este año un grupo de intelectuales que propuso celebrar el 14 de junio, día de la rendición. “Es –como escribió Abel Posse- la Argentina pequeña, incapaz de reconocer sus pasiones y su euforia, incapaz de concederles la palabra gloria a sus muertos por la patria”[32].
Los errores y debilidades propias deben ser reconocidos, pero no debe permitirse la diatriba ni la calumnia sobre las reales motivaciones de una guerra, que la Argentina no provocó imprudentemente, y que una vez desatada supo afrontar con entereza.
------------------------------------

Bibliografía seleccionada:

-Busser, Carlos. “Malvinas, la guerra inconclusa”; Fernandez Reguera, 1987, 462 pgs.

-Caturelli, Alberto. “Recuperación de las Malvinas Argentinas. Noción de Guerra Justa”; Secretaría General del Ejército, 1982.

-Costa, Eduardo José. “Guerra bajo la Cruz del Sur. La otra cara de la moneda”; Buenos Aires, Hispamerica, 1988.

-Costa Méndez, Nicanor. “Malvinas: esta es la historia”; Sudamericana, 1993, 334 pags.

-De Vita, Alberto. “Malvinas/82, cómo y por qué”; Instituto de Publicaciones Navales, 1994, 271 pgs.

-“Derecho internacional público: Cartas, tratados, declaraciones, convenios, pactos, estatutos”;  Buenos Aires, AZ editora, 1984.

-Díaz Araujo. Enrique. “Malvinas, 1982. Lo que no fue”; Mendoza, Ediciones El Testigo, 2001, 73 pags.

-Franks, Honorable Lord. “El servicio secreto británico y la guerra de las Malvinas”; Mar Dulce, 1985, 157 pags.

-Gamba, Virginia. “El peón de la Reina”; Sudamericana, 1984, 207 pgs.

-Gamba, Virginia. “Estrategia: intervención y crisis”; Sudamericana, 1985, 278 pags.

-Mayorga, Horacio. “No vencidos”; Buenos Aires, Planeta, 1998.

-Meneghini, Mario. “Dos guerras argentinas”; Córdoba, Centro de Estudios Cívicos, 2010.

-Oliveri López, Angel M. “Malvinas, la clave del enigma”; Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1992, 256 pags.

-Paz, Ricardo. “Las Malvinas: informe y análisis diplomático”; Buenos Aires, Ceinar, Nº 20, noviembre 1983, pp. 7/62.

-Rodríguez de Yurre, Gregorio. “Actitud cristiana ante la guerra”; en: Instituto León XIII, “Comentarios a la Pacem in Terris”, Madrid, BAC, 1963.
------------------------ 
[1] Conferencia pronunciada el día 12 de setiembre de 2012, en la Academia Argentina de Historia, al recibir el diploma de Miembro Correspondiente.
[2] Menéndez Palayo, Marcelino. “Historia de los heterodoxos españoles”; Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1951, Tomo I, p. 3.
[3] Al final del trabajo se detallan los antecedentes utilizados (Fuentes), seleccionados por considerar que son los mejor documentados y más confiables en el análisis de los hechos. En las referencias a pié de página, se indicará únicamente: el apellido del autor, año de la edición, y número de página citada; en las Fuentes figuran los datos restantes de cada obra.
[4] Paz, 1983, p. 7).
[5] Palacio, Ernesto. “Historia de la Argentina”; Buenos Aires, Peña Lillo, 1965, T. I, pp. XI y XII.
[6] Versión oficial en Internet: www.casarosada.gov.ar
[7] Utilizaré como abreviatura “F”, seguida del número de párrafo respectivo.
[8] Rodríguez de Yurre, pp. 469/476.
[9] Mayorga, p. 35.
[10] Gamba, 1985, pp. 197/198.
[11] Büsser, 1987, p. 51.
[12] Costa, p. 62.
[13] “y ni siquiera viajé con mis obreros¨”: Davidoff, p. 8.
[14] Clarín, 16-5-1982, p. 4.
[15] Gamba, 1984, p. 133.
[16] Costa Méndez, pp. 109 y 110.
[17] Paz, Ricardo. “Por otro 3 de abril”; en: Revista Militar, Nº 742, Enero/Marzo 1998, p. 73.
[18] Cit. por: Díaz Araujo, p. 25.
[19] Busser, pp. 101/105.
[20] Costa, pp. 58 y 59.
[21] De Vita, pp. 44/48.
[22] De Vita, p. 47.
[23] Costa Méndez, p. 110.
[24] Cit. en: Revista Militar, Nº 742, Enero/Marzo 1988, p. 20.
[25] Bartolomé, pp. 129/131.
[26] Naciones Unidas. “Definición de la agresión”; Res. 3314 (XXIX), Art. 2, de la Asamblea General, de 1974.
[27] Oliveri López, p. 179.
[28] Caturelli, 9/13.
[29] Meneghini, pp. 25/27.
[30] La Mañana de Córdoba, 18-9-2007.
[31] Gamba, 1984, p. 185.
[32] Posse, Abel. “Las Malvinas y la enfermedad argentina”; en Revista Militar Nº 742, Enero/Marzo 1998, p. 32.

Mis logros personales



35 años: Director en La Rioja (1977/79)


51 años: Subsecretario en Tierra del Fuego (1992)


53 años: Asesor en la Convención Nacional Constituyente (1994)


67 años: Publicación de libro La Política (2008)


69 años: Académico Sanmartiniano (2010)

Las ideas están por encima de cualquier interés




Por Dani Rodrik 

La teoría más aceptada acerca de la política es también la más simple: los poderosos obtienen lo que quieren. La regulación financiera es impuesta por los intereses de los bancos, la política de salud por los intereses de las compañías de seguros, y la política impositiva por los intereses de los ricos. Los que más pueden influir en el gobierno -a través de su control de recursos, información, acceso o simplemente la amenaza de violencia- eventualmente consiguen lo que quieren.

Y lo mismo a nivel global. La política exterior está determinada, se dice, en primer lugar por los intereses nacionales, no las afinidades con otras naciones o las preocupaciones por la comunidad global. En los regímenes autoritarios, las políticas son expresión directa de los intereses del gobernante y sus cómplices.

Es una narrativa convincente, que puede explicar fácilmente por qué la política genera resultados perversos tan a menudo. Sea en las democracias, las dictaduras o en la arena internacional, esos resultados reflejan la capacidad que tienen determinados intereses de lograr resultados que perjudican a la mayoría.

Pero esta explicación está lejos de ser completa y a menudo resulta engañosa. Los intereses no son fijos ni están predeterminados. Los mismos intereses están moldeados por ideas, creencias respecto de quiénes somos, lo que estamos tratando de lograr y cómo funciona el mundo. Nuestras percepciones de nuestros propios intereses están filtradas por la lente de ideas.

Pensemos en una firma que se debate, tratando de mejorar su situación competitiva. Una estrategia es despedir a algunos trabajadores y tercerizar la producción a lugares más baratos en Asia. Alternativamente, la firma puede invertir en capacitación y crear una fuerza laboral más productiva con mayor lealtad y así bajar los costos. Puede competir en base a precios o calidad.

El mero hecho de que los dueños de la firma defienden su propio interés nos dice poco respecto de cuál de estas estrategias seguirán. Lo que determina la opción de la firma es toda una serie de evaluaciones subjetivas de la probabilidad de que se den distintos escenarios.

Del mismo modo, imagine que usted es un gobernante despótico en un país pobre. ¿Cuál es la mejor manera de mantenerse en el poder y anular amenazas domésticas y extranjeras? ¿Construye una economía fuerte, orientada a las exportaciones? ¿O se vuelve hacia el interior y premia a sus amigos militares y otros cómplices, a expensas de todos los demás? Los gobernantes autoritarios de Asia oriental abrazaron la primera estrategia, sus contrapartes en Medio Oriente optaron por la segunda. Tenían concepciones diferentes de cuáles eran sus intereses.

Podríamos multiplicar tales ejemplos al infinito. ¿A la canciller alemana, Angela Merkel le sirve, en función de su éxito político interno, seguir imponiendo austeridad a Grecia, al costo de otra reestructuración de deuda en el futuro cercano, o le sirve más imponer condiciones más laxas, que podrían dar a Grecia la posibilidad de crecer y así alivianar su carga de deuda?

El hecho de que debatimos tales cuestiones sugiere que todos tenemos distintas concepciones de cuál es nuestro interés. Nuestros intereses en realidad son rehenes de nuestras ideas.

¿Entonces, de donde vienen esas ideas? Los políticos, al igual que todos los demás, son esclavos de la moda. Sus perspectivas respecto de lo que es posible y deseable son moldeadas por el zeitgeist , las "ideas en el aire". Esto significa que economistas y otros líderes del pensamiento pueden tener mucha influencia, para bien o mal.

John Maynard Keynes dijo una vez que "hasta el más práctico de los hombres de mundo suele estar dominado por las ideas de algún economista muerto hace mucho". Probablemente no lo dijo con todo el énfasis que debió hacerlo. Las ideas que han producido, por ejemplo, la liberalización sin límites y los excesos financieros de las últimas décadas emanaron de economistas que (en su mayoría) siguen vivos.

Luego de la crisis se puso de moda que los economistas despotricaran contra el poder de los grandes bancos. El medio regulatorio permitió que esos intereses obtuvieran inmensas ganancias con gran costo social porque los políticos están dominados por los intereses financieros. Pero este argumento olvida convenientemente el rol de legitimación que tuvieron los economistas mismos. Fueron los economistas y sus ideas los que hicieron que fuera respetable que los funcionarios y reguladores creyeran que lo que es bueno para Wall Street es bueno para todo el mundo.

A los economistas les encantan las teorías que ubican los intereses especiales organizados como la raíz de todos los males políticos. En el mundo real no pueden librarse tan fácilmente de la responsabilidad por las malas ideas que tan a menudo han generado. Uno debe hacerse responsable de la influencia que tiene.

La Nación, 29-4-12

Programa de Gobierno Local

IAE

El Programa de Gobierno para el Desarrollo de Líderes de Comunidades Locales está organizado por el G.E.S.E. (Centro de Estudios En Gobierno, Empresa, Sociedad y Economía).
Su Misión es fomentar -desde la investigación y la docencia- la interacción y la cooperación entre el sector público, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. Tal como ha ocurrido en países más desarrollados, el centro apunta a que esta cooperación contribuya al desarrollo de capital social, a mejorar las políticas públicas y prácticas gubernamentales, así como a fortalecer a las empresas y, de esa forma, al crecimiento económico y a una mayor equidad social en las distintas regiones, provincias y ciudades del país.

Los objetivos del Centro son:
Desarrollar estudios aplicados sobre políticas de competencia y regulación, federalismo fiscal, educación y competitividad y desarrollo.
Difundir mediante la docencia y el diálogo, el uso de mejores prácticas de gestión en los sectores públicos y privados.
Facilitar el intercambio de ideas y experiencias en aquellos ámbitos de actuación conjunta que faciliten la adopción o revisión de las políticas públicas relacionadas con la competitividad y la eficacia empresarial, siempre en servicio de la sociedad.
Apoyar la implementación de reformas en comunidades locales.
Constituir un foro que reúna a directivos, profesionales y académicos, tanto de las empresas como de las administraciones públicas y del sector social.

La misión del programa es la formación de Líderes Políticos, Sociales y Empresarios de Comunidades Locales, en las técnicas más innovadoras de gestión basadas en una concepción ética del dirigente.
El programa se apoya sobre dos grandes pilares conceptuales: la eficiencia en la gestión de gobierno y la responsabilidad social de quien asume el rol de dirigente en la Sociedad.

Formato de Cursada
El programa se dictará en el campus del IAE durante dos semanas intensivas, separadas por un mes de intervalo. Cada día de clase se organiza en dos bloques de medio día, y cada uno constituye una unidad conceptual en sí misma. Las clases se dictan de 9 a 18 hs.
Con la intención de ofrecer -desde una dimensión eminentemente práctica- las experiencias más exitosas de reinvención del gobierno, se aplicará el Método del Caso como eje central del programa. Dicho método estará complementado por visiones teórico-conceptuales y disertaciones de expertos en cada una de las áreas de estudio.
Llach, Juan José [Director]

EL PROGRAMA ESTÁ DIRIGIDO A:
Miembros de los tres poderes provinciales y municipales.
Dirigentes político-partidarios.
Directivos de empresa fuertemente vinculados al desarrollo de comunidades locales.
Líderes de organizaciones de la sociedad civil.













Machete

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
EN EL CATECISMO


LA LIBERTAD DEL HOMBRE
La libertad es el poder, radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas.
La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien, y la ascesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos.

LA PERSONA Y LA SOCIEDAD
La persona humana necesita la vida social. Esta no constituye para ella algo sobreañadido sino una exigencia de su naturaleza. Por el intercambio con otros, la reciprocidad de servicios y el diálogo con sus hermanos, el hombre desarrolla sus capacidades; así responde a su vocación (cf GS 25,1).

Una sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. En verdad, se debe afirmar que cada uno tiene deberes para con las comunidades de que forma parte y está obligado a respetar a las autoridades encargadas del bien común de las mismas.
Ciertas sociedades, como la familia y la ciudad, corresponden más inmediatamente a la naturaleza del hombre. Le son necesarias. Con el fin de favorecer la participación del mayor número de personas en la vida social, es preciso impulsar alentar la creación de asociaciones e instituciones de libre iniciativa "para fines económicos, sociales, culturales, recreativos, deportivos, profesionales y políticos, tanto dentro de cada una de las naciones como en el plano mundial" (MM 60). Esta "socialización" expresa igualmente la tendencia natural que impulsa a los seres humanos a asociarse con el fin de alcanzar objetivos que exceden las capacidades individuales. Desarrolla las cualidades de la persona, en particular, su sentido de iniciativa y de responsabilidad. Ayuda a garantizar sus derechos (cf GS 25,2; CA 12).

La socialización presenta también peligros. Una intervención demasiado fuerte del Estado puede amenazar la libertad y la iniciativa personales. La doctrina de la Iglesia ha elaborado el principio llamado de subsidiaridad. Según éste, "una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándola de sus competencias, sino que más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común" (CA 48; Pío XI, enc. "Quadragesimo anno").
El principio de subsidiaridad se opone a toda forma de colectivismo. Traza los límites de la intervención del Estado. Intenta armonizar las relaciones entre individuos y sociedad. Tiende a instaurar un verdadero orden internacional.

LA PARTICIPACION EN LA VIDA SOCIAL - LA AUTORIDAD
Toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija (cf León XIII, enc. "Inmortale Dei"; enc. "Diuturnum illud"). Esta tiene su fundamento en la naturaleza humana. Es necesaria para la unidad de la sociedad. Su misión consiste en asegurar en cuanto sea posible el bien común de la sociedad.


Si la autoridad responde a un orden fijado por Dios, "la determinación del régimen y la designación de los gobernantes han de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos" (GS 74,3).
La diversidad de los regímenes políticos es moralmente admisible con tal que promuevan el bien legítimo de la comunidad que los adopta.
La legislación humana sólo posee carácter de ley cuando se conforma a la justa razón; lo cual dice que recibe su vigor de la ley eterna. En la medida en que ella se apartase de la razón, sería preciso declararla injusta, pues no verificaría la noción de ley; sería más bien una forma de violencia (S. Tomás de Aquino, s.th. 1-2, 93, 3 ad 2).
"Es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. Es este el principio del `Estado de derecho' en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres" (CA 44).

EL BIEN COMUN
"el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección" (GS 26,1; cf GS 74,1). El bien común afecta a la vida de todos. Exige la prudencia por parte de cada uno, y más aún por la de aquellos que ejercen la autoridad. Comporta tres elementos esenciales:
-el respeto a la persona en cuanto tal. En nombre del bien común, las autoridades están obligadas a respetar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana. La sociedad debe permitir a cada uno de sus miembros realizar su vocación.
-En segundo lugar, el bien común exige el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. El desarrollo es el resumen de todos los deberes sociales. Ciertamente corresponde a la autoridad decidir, en nombre del bien común, entre los diversos intereses particulares; pero debe facilitar a cada uno lo que necesita para llevar una vida verdaderamente humana: alimento, vestido, salud, trabajo, educación y cultura, información adecuada, derecho de fundar una familia, etc. (cf. GS 26,2).
-implica, finalmente, la paz, es decir, la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Supone, por tanto, que la autoridad asegura, por medios honestos, la seguridad de la sociedad y la de sus miembros, y fundamenta el derecho a la legítima defensa individual y colectiva.

Si toda comunidad humana posee un bien común que la configura en cuanto tal, la realización más completa de este bien común se verifica en la comunidad política. Corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil, de los ciudadanos y de las corporaciones intermedias.

RESPONSABILIDAD Y PARTICIPACION
La participación es el compromiso voluntario y generoso de la persona en las tareas sociales. Es necesario que todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, en promover el bien común. Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana.
Los ciudadanos deben cuanto sea posible tomar parte activa en la vida pública. Las modalidades de esta participación pueden variar de un país a otro o de una cultura a otra. "Es de alabar la conducta de las naciones en las que la mayor parte posible de los ciudadanos participa con verdadera libertad en la vida pública" (GS 31,3).
LA JUSTICIA SOCIAL
La sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que les es debido según su naturaleza y su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad.

EL RESPETO DE LA PERSONA HUMANA
La justicia social sólo puede ser conseguida en el respeto de la dignidad transcendente del hombre. La persona representa el fin último de la sociedad, que le está ordenada:
El respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Fundan la legitimidad moral de toda autoridad: menospreciándolos o negándose a reconocerlos en su legislación positiva, una sociedad mina su propia legitimidad moral (cf PT 65). Sin este respeto, una autoridad sólo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener la obediencia de sus súbditos.

IGUALDAD Y DIFERENCIAS ENTRE LOS HOMBRES
La igualdad entre los hombres se deriva esencialmente de su dignidad personal y de los derechos que dimanan de ella:
Hay que superar y eliminar, como contraria al plan de Dios, toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión. (GS 29,2).
Al venir al mundo, el hombre no dispone de todo lo que es necesario para el desarrollo de su vida corporal y espiritual. Necesita de los demás. Ciertamente hay diferencias entre los hombres por lo que se refiere a la edad, a las capacidades físicas, a las aptitudes intelectuales o morales, a las circunstancias de que cada uno se pudo beneficiar, a la distribución de las riquezas (cf GS 29,2). Los "talentos" no están distribuidos por igual (cf Mt 25,14-30; Lc 19,11-27).

Las diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad, a la benevolencia y a la comunicación. Incitan a las culturas a enriquecerse unas a otras:
Existen también desigualdades escandalosas que afectan a millones de hombres y mujeres. Están en abierta contradicción con el evangelio:

LA SOLIDARIDAD HUMANA
El principio de solidaridad, enunciado también con el nombre de "amistad" o "caridad social", es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana (cf SRS 38-40; CA 10):
La solidaridad se manifiesta en primer lugar en la distribución de bienes y la remuneración del trabajo. Supone también el esfuerzo en favor de un orden social más justo en el que las tensiones puedan ser mejor resueltas, y donde los conflictos encuentren más fácilmente su salida negociada.
Los problemas socio-económicos sólo pueden ser resueltos con la ayuda de todas las formas de solidaridad: solidaridad de los pobres entre sí, de los ricos y los pobres, de los trabajadores entre sí, de los empresarios y los empleados, solidaridad entre las naciones y entre los pueblos. La solidaridad internacional es una exigencia del orden moral. En buena medida, la paz del mundo depende de ella.

EL CUARTO MANDAMIENTO
Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar (Ex 20,12).

El cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla. Indica el orden de la caridad. Dios quiso que, después de él, honrásemos a nuestros padres, a los que debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios. Estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, ha investido de su autoridad.
Este mandamiento implica y sobreentiende los deberes de los padres, tutores, maestros, jefes, magistrados, gobernantes, de todos los que ejercen una autoridad sobre otros o sobre una comunidad de personas.

LA FAMILIA EN EL PLAN DE DIOS
Un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia. Esta disposición es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública; se impone a ella. Se la considerará como la referencia normal en función de la cual deben ser apreciadas las diversas formas de parentesco.

LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD
La familia es la "célula original de la vida social". Es la sociedad natural donde el hombre y la mujer son llamados al don de sí en el amor y en el don de la vida. La autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad. La familia es la comunidad en la que, desde la infancia, se puede aprender los valores morales, comenzar a honrar a Dios y a usar bien de la libertad. La vida de familia es iniciación a la vida en sociedad.
La familia debe ser ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas. Donde las familias no son capaces de realizar sus funciones, los otros cuerpos sociales tienen el deber de ayudarlas y de sostener la institución familiar. De conformidad con el principio de subsidiariedad, las comunidades más vastas deben abstenerse de privar a las familias de sus propios derechos y de inmiscuirse en sus vidas.

LAS AUTORIDADES EN LA SOCIEDAD CIVIL
El cuarto mandamiento de Dios nos ordena también honrar a todos los que, para nuestro bien, han recibido de Dios una autoridad en la sociedad. Este mandamiento determina los deberes de quienes ejercen la autoridad y de quienes están sometidos a ella.
Los que ejercen una autoridad deben ejercerla como un servicio. "El que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro esclavo" (Mt 20,26). El ejercicio de una autoridad está moralmente regulado por su origen divino, su naturaleza racional y su objeto específico. Nadie puede ordenar o instituir lo que es contrario a la dignidad de las personas y a la ley natural.
Los superiores deben ejercer la justicia distributiva con sabiduría teniendo en cuenta las necesidades y la contribución de cada uno y atendiendo a la concordia y la paz. Deben velar porque las normas y disposiciones que establezcan no induzcan a tentación oponiendo el interés personal al de la comunidad (cf CA 25).
Los derechos políticos inherentes a la ciudadanía pueden y deben ser concedidos según las exigencias del bien común. No pueden ser suspendidos por los poderes públicos sin motivo legítimo y proporcionado. El ejercicio de los derechos políticos está destinado al bien común de la nación y de la comunidad humana.

Los que están sometidos a la autoridad deben mirar a sus superiores como representantes de Dios que los ha instituido ministros de sus dones (cf Rm 13,1-2): "Sed sumisos, a causa del Señor, a toda institución humana... Obrad como hombres libres, y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios" (1 P 2,13.16). Su colaboración leal entraña el derecho, a veces el deber, de ejercer una justa reprobación de lo que les parece perjudicial para la dignidad de las personas o el bien de la comunidad.

2240 La sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto, la defensa del país.
2242 El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. "Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios" (Mt 22,21). "Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres" (Hch 5,29):

La resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas sino cuando se reúnan las condiciones siguientes: (1) en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales; (2) después de haber agotado todos los otros recursos; (3) sin provocar desórdenes peores; (4) que haya esperanza fundada de éxito; (5) si es imposible prever razonablemente soluciones mejores.

La comunidad política y la Iglesia
Toda institución se inspira, al menos implícitamente, en una visión del hombre y de su destino, de la que saca sus referencias de juicio, su jerarquía de valores, su línea de conducta.
Las sociedades que ignoran esta inspiración o la rechazan en nombre de su independencia respecto a Dios se ven obligadas a buscar en sí mismas o a tomar de una ideología sus referencias y finalidades; y, al no admitir un criterio objetivo del bien y del mal, ejercen sobre el hombre y sobre su destino, un poder totalitario, declarado o velado, como lo muestra la historia (cf CA 45; 46).

La Iglesia, que por razón de su misión y su competencia, no se confunde en modo alguno con la comunidad política, es a la vez signo y salvaguarda del carácter transcendente de la persona humana. La Iglesia "respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad política de los ciudadanos" (GS 76,3).
Pertenece a la misión de la Iglesia "emitir un juicio moral también sobre cosas que afectan al orden político cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas.

EL QUINTO MANDAMIENTO
No matarás (Ex 20,13)

"La vida humana es sagrada, nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente" (CDF, instr. "Donum vitae", 22).

EL RESPETO DE LA VIDA HUMANA

El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una validez universal: Obliga a todos y a cada uno, siempre y en todas partes.

La legítima defensa
La legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario. "La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto: el uno es la conservación de la propia vida; el otro, la muerte del agresor...solamente es querido el uno; el otro, no" (S. Tomás de Aquino, s.th. 2-2, 64,7).
La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave, para el que es responsable de la vida de otro. La defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar perjuicio. Por este motivo, los que tienen autoridad legítima tienen también el derecho de rechazar, incluso con el uso de las armas, a los agresores de la sociedad civil confiada a su responsabilidad.

La legítima autoridad pública tiene el derecho y el deber de aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito. La pena tiene, ante todo, la finalidad de reparar el desorden introducido por la culpa. Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable, adquiere un valor de expiación. La pena finalmente, además de la defensa del orden público y la tutela de la seguridad de las personas, tiene una finalidad medicinal: en la medida de lo posible debe contribuir a la enmienda del culpable (cf Lc 23, 40-43).

La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte, si ésta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas.
Pero si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana.

La aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan la muerte sin esforzarse por remediarlas es una escandalosa injusticia y una falta grave. Los traficantes cuyas prácticas usureras y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres, cometen indirectamente un homicidio. Este les es imputable (cf. Am 8,4-10).

El aborto
La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos los derechos de la persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida (cf CDF, instr. "Donum vitae" 25).

El diagnóstico prenatal es moralmente lícito, "si respeta la vida e integridad del embrión y del feto humano, y si se orienta hacia su custodia o hacia su curación... Pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto: un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria no debe equivaler a una sentencia de muerte" (CDF, instr. "Donum vitae" 34).
"Es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como `material biológico' disponible" (CDF, instr. "Donum vitae" 45).
"Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético no son terapéuticos, sino que miran a la producción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo u otras cualidades prefijadas. Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su integridad y a su identidad" (CDF, Inst. "Donum vitae" 50).

La eutanasia
Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente reprobable.
Por tanto, una acción o una omisión que, de suyo o en la intención, provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su Creador. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, que se ha de proscribir y excluir siempre.
La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítimo. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el "encarnizamiento terapéutico". Con esto no se pretende provocar la muerte; se acepta no poder impedirla. Las decisiones deben ser tomadas por el paciente, si para ello tiene competencia y capacidad o si no por los que tienen los derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente.
Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden legítimamente ser interrumpidos. El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana si la muerte no es buscada, ni como fin ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable.

El suicidio
El suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también al amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades familiar, nacional y humana con las cuales estamos obligados.

El respeto de la salud
El cuidado de la salud de los ciudadanos requiere la ayuda de la sociedad para lograr las condiciones de existencia que permiten crecer y llegar a la madurez: alimento y vestido, vivienda, cuidados sanitarios, enseñanza básica, empleo, asistencia social.
La virtud de la templanza recomienda evitar toda clase de excesos, el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco y de las medicinas. Quienes en estado de embriaguez, o por afición inmoderada de velocidad, ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables.

El uso de la droga inflige muy graves daños a la salud y a la vida humana. A excepción de los casos en que se recurre a ello por prescripciones estrictamente terapéuticas, es una falta grave. La producción clandestina y el tráfico de drogas son prácticas escandalosas; constituyen una cooperación directa, porque incitan a ellas, a prácticas gravemente contrarias a la ley moral.

El respeto de la persona y la investigación científica
Tanto la investigación científica de base como la investigación aplicada constituyen una expresión significativa del dominio del hombre sobre la creación. La ciencia y la técnica son recursos preciosos cuando son puestos al servicio del hombre y promueven su desarrollo integral en beneficio de todos; sin embargo, por sí solas no pueden indicar el sentido de la existencia y del progreso humano. La ciencia y la técnica están ordenadas al hombre que les ha dado origen y crecimiento; tienen por tanto en la persona y sus valores morales la indicación de su finalidad y la conciencia de sus límites.

El trasplante de órganos es conforme a la ley moral si los daños y los riesgos físicos y psíquicos que padece el donante son proporcionados al bien que se busca para el destinatario. La donación de órganos después de la muerte es un acto noble y meritorio, que debe ser alentado como manifestación de solidaridad generosa. Es moralmente inadmisible si el donante o sus legítimos representantes no han dado su explícito consentimiento.

El respeto de la integridad corporal
Los secuestros y el tomar rehenes hacen que impere el terror y, mediante la amenaza, ejercen intolerables presiones sobre las víctimas. Son moralmente ilegítimos. El terrorismo amenaza, hiere y mata sin discriminación; es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. La tortura, que usa de violencia física o moral, para arrancar confesiones, para castigar a los culpables, intimidar a los que se oponen, satisfacer el odio, es contraria al respeto de la persona y de la dignidad humana.

El respeto a los muertos
Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal (cf Tb 1,16-18), que honra a los hijos de Dios, templos del Espíritu Santo.
La Iglesia permite la incineración cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo (cf CIC, can. 1176,3).

LA DEFENSA DE LA PAZ
Recordando el precepto: "no matarás" (Mt 5,21), nuestro Señor exige la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la cólera homicida y del odio:
El respeto y el crecimiento de la vida humana exigen la paz. La paz no es sólo ausencia de guerra y no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas. La paz no puede alcanzarse en la tierra, sin la salvaguarda de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, la práctica asidua de la fraternidad. Es "tranquilidad del orden" (S. Agustín, civ. 19,13). Es obra de la justicia (cf Is 32,17) y efecto de la caridad (cf GS 78, 1-2).

Evitar la guerra
Todo ciudadano y todo gobernante está obligado a trabajar para evitar las guerras.
Sin embargo, "mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa" (GS 79,4).
Se han de considerar con rigor las condiciones estrictas de una legítima defensa mediante la fuerza militar. La gravedad de semejante decisión somete a ésta a condiciones rigurosas de legitimidad moral. Es preciso a la vez:

Que el daño infringido por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto.
Que los restantes medios para ponerle fin hayan resultado impracticables o ineficaces.
Que se reúnan las condiciones serias de éxito.
Que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición.

Estos son los elementos tradicionales enumerados en la doctrina llamada de la "guerra justa".
La apreciación de estas condiciones de legitimidad moral pertenece al juicio prudente de los responsables del bien común.
La Iglesia y la razón humana declaran la validez permanente de la ley moral durante los conflictos armados. "Ni, una vez estallada desgraciadamente la guerra, es todo lícito entre los contendientes" (GS 79,4).

La producción y el comercio de armas atañen hondamente al bien común de las naciones y de la comunidad internacional. Por tanto, las autoridades públicas tienen el derecho y el deber de regularlas.
Las injusticias, las desigualdades excesivas de orden económico o social, la envidia, la desconfianza y el orgullo, que existen entre los hombres y las naciones, amenazan sin cesar la paz y causan las guerras. Todo lo que se hace para superar estos desórdenes contribuye a edificar la paz y evitar la guerra:

EL SEPTIMO MANDAMIENTO
No robarás (Ex 20,15; Dt 5,19).

El séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y hacer daño al prójimo en sus bienes de cualquier manera. Prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos y los frutos del trabajo de los hombres. Con miras al bien común exige el respeto del destino universal de los bienes y del derecho de propiedad privada. La vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo.

EL DESTINO UNIVERSAL Y LA PROPIEDAD PRIVADA DE LOS BIENES
Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. Sin embargo, la tierra está repartida entre los hombres para dar seguridad a su vida, expuesta a la penuria y amenazada por la violencia. La apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo.
El derecho a la propiedad privada, adquirida o recibida de modo justo, no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. El destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio.

"El hombre, al servirse de esos bienes , debe considerar las cosas externas que posee legítimamente, no sólo como suyas, sino también como comunes, en el sentido de que han de aprovechar no sólo a él, sino también a los demás" (GS 69,1). La propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros, ante todo a sus próximos.
Los bienes de producción -materiales o inmateriales- como tierras o fábricas, profesiones o artes, requieren los cuidados de sus posesores para que su fecundidad aproveche al mayor número de personas. Los poseedores de bienes de uso y consumo deben usarlos con templanza reservando la mejor parte al huésped, al enfermo, al pobre.
La autoridad política tiene el derecho y el deber de regular en función del bien común el ejercicio legítimo del derecho de propiedad (cf GS 71,4; SRS 42; CA 40; 48).

EL RESPETO DE LAS PERSONAS Y DE SUS BIENES
En materia económica el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la templanza, para moderar el apego a los bienes de este mundo; de la justicia, para preservar los derechos del prójimo y darle lo que le es debido; y de la solidaridad, siguiendo la regla de oro y según la liberalidad del Señor, que "siendo rico, por vosotros se hizo pobre a fin de que os enriquecierais con su pobreza" (2 Co 8,9).

El respeto de los bienes ajenos
El séptimo mandamiento prohíbe el robo, es decir, la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. No hay robo si el consentimiento puede ser presumido o si el rechazo es contrario a la razón y al destino universal de los bienes. Es el caso de la necesidad urgente y evidente en que el único medio de remediar las necesidades inmediatas y esenciales (alimento, vivienda, vestido...) es disponer y usar de los bienes ajenos (cf GS 69,1).
Toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, es contraria al séptimo mandamiento. Así, retener deliberadamente bienes prestados u objetos perdidos, defraudar en el ejercicio del comercio (cf Dt 25, 13-16), pagar salarios injustos (cf Dt 24,14-15; St 5,4), elevar los precios especulando con la ignorancia o la necesidad ajenas (cf Am 8,4-6).

Las promesas deben ser cumplidas, y los contratos rigurosamente observados en la medida en que el compromiso adquirido es moralmente justo. Una parte notable de la vida económica y social depende del valor de los contratos entre personas físicas o morales. Así, los contratos comerciales de venta o compra, los contratos de alquiler o de trabajo. Todo contrato debe ser hecho y ejecutado de buena fe.
Los contratos están sometidos a la justicia conmutativa, que regula los intercambios entre las personas y entre las instituciones, en el respeto exacto de sus derechos. La justicia conmutativa obliga estrictamente; exige la salvaguarda de los derechos de propiedad, el pago de las deudas y la prestación de obligaciones libremente contraídas. Sin justicia conmutativa no es posible ninguna otra forma de justicia.
La justicia conmutativa se distingue de la justicia legal, que se refiere a lo que el ciudadano debe equitativamente a la comunidad, y de la justicia distributiva que regula lo que la comunidad debe a los ciudadanos en proporción a sus contribuciones y a sus necesidades.

Los juegos de azar (de cartas, etc.) o las apuestas no son en sí mismos contrarios a la justicia. No obstante, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que le es necesario para atender a sus necesidades o las de los demás. La pasión del juego corre peligro de convertirse en una grave servidumbre.
El séptimo mandamiento proscribe los actos o empresas que, por una u otra razón, egoísta o ideológica, mercantil o totalitaria, conduce a esclavizar seres humanos, a menospreciar su dignidad personal, a comprarlos, a venderlos y a cambiarlos como mercancía. S. Pablo ordenaba a un amo cristiano que tratase a su esclavo cristiano "no como esclavo, sino...como un hermano...en el Señor" (Flm 16).

El respeto de la integridad de la creación
El séptimo mandamiento exige el respeto de la integridad de la creación. Los animales, como las plantas y los seres inanimados, están naturalmente destinados al bien común de la humanidad pasada, presente y futura (cf Gn 1,28-31). El uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto; está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo comprendidas las generaciones venideras; exige un respeto religioso de la integridad de la creación (cf CA 37-38).
Es legítimo servirse de los animales para el alimento y la confección de vestidos. Se los puede domesticar para que ayuden al hombre en sus trabajos y en sus ocios. Los experimentos médicos y científicos en animales son prácticas moralmente aceptables, si se mantienen dentro de límites razonables y contribuyen a curar o salvar vidas humanas.
Se puede amar a los animales; pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos.

LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
La doctrina social de la Iglesia se desarrolló en el siglo XIX cuando se produce el encuentro entre el evangelio y la sociedad industrial moderna, sus nuevas estructuras para producción de bienes de consumo, su nueva concepción de la sociedad, del Estado y de la autoridad, sus nuevas formas de trabajo y de propiedad. El desarrollo de la doctrina de la Iglesia en materia económica y social da testimonio del valor permanente de la enseñanza de la Iglesia, al mismo tiempo que del sentido verdadero de su Tradición siempre viva y activa (cf. CA 3).

La doctrina social de la Iglesia propone principios de reflexión, extrae criterios de juicio, da orientaciones para la acción:
Una teoría que hace del lucro la norma exclusiva y el fin último de la actividad económica es moralmente inaceptable. El apetito desordenado de dinero no deja de producir efectos perniciosos. Es una de las causas de los numerosos conflictos que perturban el orden social (cf GS 63,3; LE 7; CA 35).
Un sistema que "sacrifica los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción" es contrario a la dignidad del hombre (cf GS 65).

La Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los tiempos modernos al "comunismo" o "socialismo". Por otra parte, ha reprobado en la práctica del "capitalismo" el individualismo y la primacía absoluta de la ley de mercado sobre el trabajo humano (cf CA 10, 13.44). La regulación de la economía únicamente por la planificación centralizada pervierte en la base los vínculos sociales; su regulación únicamente por la ley de mercado quebranta la justicia social, porque "existen numerosas necesidades humanas que no tienen salida en el mercado" (CA 34). Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas, según una justa jerarquía de valores y atendiendo al bien común.


LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y LA JUSTICIA SOCIAL
El desarrollo de las actividades económicas y el crecimiento de la producción están destinados a remediar las necesidades de los seres humanos. La vida económica no tiende solamente a multiplicar los bienes producidos y a aumentar el lucro o el poder; está ante todo ordenada al servicio de las personas, del hombre entero y de toda la comunidad humana. La actividad económica dirigida según sus propios métodos, debe moverse dentro de los límites del orden moral, según la justicia social, a fin de responder al plan de Dios sobre el hombre (cf GS 64).

En el trabajo, la persona ejerce y aplica una parte de las capacidades inscritas en su naturaleza. El valor primordial del trabajo pertenece al hombre mismo, que es su autor y su destinatario. El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo (cf LE 6).
Cada uno debe poder sacar del trabajo los medios para sustentar su vida y la de los suyos, y para prestar servicio a la comunidad humana.
Cada uno tiene el derecho de iniciativa económica, y podrá usar legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos, y para recoger los justos frutos de sus esfuerzos. Deberá ajustarse a las reglamentaciones dictadas por las autoridades legítimas con miras al bien común (cf CA 32; 34).

La vida económica se ve afectada por intereses diversos, con frecuencia opuestos entre sí. Así se explica el surgimiento de conflictos que la caracterizan (cf LE 11). Será preciso esforzarse para reducir estos últimos mediante la negociación, que respete los derechos y los deberes de cada parte: los responsables de las empresas, los representantes de los trabajadores, por ejemplo, organizaciones sindicales y, en caso necesario, los poderes públicos.
"La actividad económica, en particular la economía de mercado, no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político. Por el contrario supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes. La primera incumbencia del Estado es, pues, la de garantizar esa seguridad, de manera que quien trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su trabajo y, por tanto, se sienta estimulado a realizarlo eficiente y honestamente...
Otra incumbencia del Estado es la de vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico; pero en este campo la primera responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y asociaciones en que se articula la sociedad" (CA 48).
Los responsables de las empresas ostentan ante la sociedad la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones (CA 37). Están obligados a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de las ganancias. Sin embargo, estas son necesarias; permiten realizar las inversiones que aseguran el porvenir de las empresas, y garantizan los puestos de trabajo.

El salario justo es el fruto legítimo del trabajo. Negarlo o retenerlo puede constituir una grave injusticia (cf Lv 19,13; Dt 24,14-15; St 5,4). Para determinar la remuneración justa se han de tener en cuenta a la vez las necesidades y las contribuciones de cada uno. "El trabajo debe ser remunerado de tal modo que se den al hombre posibilidades de que él y los suyos vivan dignamente su vida material, social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta la tarea y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común" (GS 67,2). El acuerdo de las partes no basta para justificar moralmente el importe del salario.

La huelga es moralmente legítima cuando se presenta como un recurso inevitable, si no necesario para obtener un beneficio proporcionado. Resulta moralmente inaceptable cuando va acompañada de violencias o también cuando se lleva a cabo en función de objetivos no directamente vinculados a las condiciones de trabajo o contrarios al bien común.

JUSTICIA Y SOLIDARIDAD ENTRE LAS NACIONES
En el plano internacional la desigualdad de los recursos y de los medios económicos es tal que crea entre las naciones un verdadero "abismo" (SRS 14). Por un lado están los que poseen y desarrollan los medios de crecimiento, y por otro, los que acumulan deudas.
La solidaridad es necesaria entre las naciones cuyas políticas son ya interdependientes. Es todavía más indispensable cuando se trata de acabar con los "mecanismos perversos" que obstaculizan el desarrolla de los países menos avanzados (cf SRS 17; 45). Es preciso sustituir los sistemas financieros abusivos, si no usureros (cf CA 35), las relaciones comerciales inicuas entre las naciones, la carrera de armamentos, por un esfuerzo común para movilizar los recursos hacia objetivos de desarrollo moral, cultural y económico "fijando de nuevo las prioridades y las escalas de valores" (CA 28).
Las naciones ricas tienen una responsabilidad moral grave respecto a las que no pueden por sí mismas asegurar los medios de su desarrollo, o han sido impedidas de realizarlo por trágicos acontecimientos históricos. Es un deber de solidaridad y de caridad; es también una obligación de justicia si el bienestar de las naciones ricas procede de recursos que no han sido pagados justamente.

La ayuda directa constituye una respuesta apropiada a necesidades inmediatas, extraordinarias, causadas por ejemplo por catástrofes naturales, epidemias, etc. Pero no basta para reparar los graves daños que resultan de situaciones de indigencia ni para remediar de forma duradera las necesidades. Es preciso también reformar las instituciones económicas y financieras internacionales para que promuevan mejor relaciones equitativas con los países menos desarrollados (cf SRS 16). Es preciso sostener el esfuerzo de los países pobres que trabajan por su crecimiento y su liberación (cf CA 26). Esta doctrina exige ser aplicada de manera muy particular en el ámbito del trabajo agrícola. Los campesinos, sobre todo en el Tercer Mundo, forman la masa preponderante de los pobres.

No corresponde a los pastores de la Iglesia intervenir directamente en la actividad política y en la organización de la vida social. Esta tarea forma parte de la vocación de los fieles laicos, que actúan por su propia iniciativa con sus conciudadanos. Pertenece a los fieles laicos "animar, con su compromiso cristiano, las realidades y, en ellas, procurar ser testigos y operadores de paz y de justicia" (SRS 47; cf 42).

EL AMOR DE LOS POBRES
Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. El amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado de las riquezas o su uso egoísta:
S. Juan Crisóstomo lo recuerda vigorosamente: "No hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que tenemos no son nuestros bienes, sino los suyos" (Laz. 1,6). "Satisfacer ante todo las exigencias de la justicia, de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia" (AA 8):

Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales (cf. Is 58,6-7; Hb 13,3). Las obras de misericordia corporal consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos (cf Mt 25,31-46). Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres (cf Tb 4, 5-11; Si 17,22) es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna; es también una práctica de justicia que agrada a Dios (cf Mt 6,2-4):

En el Antiguo Testamento, toda una serie de medidas jurídicas (año jubilar, prohibición del préstamo a interés, retención de la prenda, obligación del diezmo, pago del jornalero, derecho de rebusca después de la vendimia y la siega) responden a la exhortación del Deuteronomio: "Ciertamente nunca faltarán pobres en este país; por esto te doy yo este mandamiento: debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra" (Dt 15,11).


Bases

ENCUENTRO VECINAL CÓRDOBA

“Encuentro Vecinal Córdoba” se constituye en Partido Político para estimular un diálogo social profundo, que redunde en:

La defensa irrestricta de los derechos del hombre, especialmente el derecho a la vida, a la salud y a la integridad psicofísica y espiritual de los seres humanos que habitan en la Provincia de Córdoba, desde el primer momento de su concepción y hasta su muerte natural.

La defensa irrestricta de la libertad del hombre, frente a todo tipo de autoritarismo que implique menoscabo a la libertad de pensamiento, de expresión, de conciencia, y de participar en la construcción de la sociedad.

La promoción de la institución familiar, según el diseño del orden natural de las cosas, fundada en el matrimonio entre un varón y una mujer, recordando que sin familias no hay Nación.

La protección del trabajo humano, derecho humano fundamental y garantía de la inclusión social, enalteciendo su dignidad eminente y bregando incansablemente en hacer realidad las cláusulas aún no efectivizadas del art. 14 bis de la Constitución Nacional, recordando que sin trabajo digno la persona se desalienta y la familia se resiente.

Procurar el funcionamiento pleno del Estado democrático, que exige la separación de las tres ramas: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, garantizando la absoluta independencia del Poder Judicial.

Comprometer todos los esfuerzos necesarios para desterrar la corrupción de los actos de gobierno, flagelo que viene destruyendo gravemente a la Comunidad Nacional.

Desterrar el fenómeno criminal del narcotráfico del suelo de nuestra Provincia, tragedia social particularmente ensañada con los niveles sociales más desprotegidos de la sociedad, y que impide el desarrollo libre de cualquier sociedad solidaria.

Bregar por el federalismo en nuestra propia Provincia, fomentando la identidad del interior provincial, y sus economías regionales. Contribuir a lograr una Argentina cada vez más Federal, que reconozca a las Provincias su identidad sociocultural, política y económica.

Encuentro Vecinal Córdoba, absolutamente convencido que es a partir de la Cultura y la Educación desde donde debemos comenzar la reconstrucción de la Nación y la recuperación de nuestro pueblo, ofrece a todos los cordobeses nuestro Proyecto al respecto, al cual consideramos profundamente transformador.

Sede Central: Local.36 del Complejo Santo Domingo. Nuestra página: www.encuentrovecinalcba.com.ar