Estado





Nuestro pasado cercano como país está plagado de errores, lleno de slogans y carente de ideas; los gobiernos divagan y van como un péndulo de un lado a otro con el Estado y la sociedad de espectadores. En los últimos años los gobiernos se han alimentado de un Estado cada vez más impotente e irrelevante.

Ernesto Sanz
Senador de la Nación

Clarín, 30-10-12, p. 29, “De los slogans a una democracia de ideas”.

Empleados municipales de Córdoba



Estado, trabajo en negro y dignidad

Juan Pablo Quinteros*

Cuando prefectos y gendarmes ganaron la calle para reclamar por sus salarios, el país pareció enterarse de una realidad existente desde tiempos inmemoriales, que puso a la consideración pública una Argentina retrógrada, arcaica y casi inmoral.
Fue lacerante ver cómo esos hombres y mujeres, cuya tarea es defender a su patria, a nuestra patria, exhibían recibos con remuneraciones insultantes, para poner en evidencia que sus salarios crecen con retribuciones en “negro” hasta alcanzar un haber total que los coloca, apenas, por encima del nivel de la pobreza.
Detrás del justo reclamo, surgieron especulaciones e ine­quidades, con jerárquicos remunerados a contrapelo de sus subalternos y un cúmulo de miserias que se formaban, cual parada militar, detrás del rostro de la protesta, con intenciones en muchos casos viles, pero desenmascaradas y desactivadas con celeridad.
La realidad –y Jesús María es la foto más cercana que podemos esgrimir– caló hondo en una comunidad que no dudó en entregar su desinteresado apoyo a los gendarmes. La causa lo ameritó.
No hubo mesa familiar, reu­nión social o ámbito de discusión política o periodística donde no se hablara del tema. Nadie pudo mirar al costado, la reacción fue unánime y la reflexión, contundente: el Estado, bajo ningún pretexto, puede ni debe precarizar a sus trabajadores.

El Frente Cívico de Córdoba, de manera contundente, se expresó al respecto.
Todos y cada uno de los dirigentes de nuestra fuerza sostuvieron expresiones que me eximen de comentarios.
Pero es aquí, en el comportamiento, en las conductas, donde entiendo que es imprescindible detenerse en oportunidades y circunstancias que obligan con objetividad a reparar en “detalles” que pasaron inadvertidos.
La historia no miente. Para muchos, fijar postura en estos temas sólo constituye una actitud declamativa o testimonial. O, lo que es peor aún, muchos de los que hoy levantan banderas tuvieron la oportunidad de corregirlo y sencillamente no lo hicieron.

No es nuestro caso. Gobernamos con Luis Juez como intendente municipal tomando las riendas de un municipio devastado por la gestión del liberal Germán Kammerath, sentado en el Palacio 6 de Julio por José Manuel de la Sota, de quien había sido su vicegobernador.
A poco de asumir, tomamos nota de la irregular situación de buena parte de la planta de agentes.
Al 31 de octubre de 2003, el Estado municipal cordobés contaba con 6.569 empleados en planta permanente y 1.416 contratados, a los que debían añadirse 978 monotributistas que prestaban servicio con las mismas responsabilidades que el resto de los empleados, conformando un total de 8.963 dependientes.
Estos casi 2.500 empleados contratados y monotributistas devenían de las gestiones de Ramón Mestre, Rubén Martí y Germán Kammerath.
Muchos de ellos ingresaron en los albores de la década de 1990 bajo la figura de “retribuciones a terceros”, y cada seis meses o, en el mejor de los casos, cada 12 eran sometidos a la incertidumbre de la renovación de su vínculo laboral.
Eran navidades sin brindis, festejos condicionados por la posibilidad cierta de saberse desocupado.

Fin de la injusticia.
Luis Juez, con su decisión política, terminó con la injusticia. No fue necesario que nadie saliera a la calle, porque asumimos convencidos de que quienes revestían el carácter de agentes municipales, cualquiera fuera su figura jurídica, sin importar su simpatía política y aun sabiendo que eran “herencia” de anteriores gestiones, resultaban acreedores del más básico de los derechos: trabajar en blanco.
Quienes eran monotributistas se convirtieron en contratados, y luego, todos pasaron a la planta permanente, tal como la Carta Orgánica Municipal (COM) estipula. Por si quedaran dudas, me remito a dos fallos judiciales que, ante amparos interpuestos, dictaminaron que la totalidad de los ingresos de la gestión Juez se ajustaron a la COM.
Cumplido el mandato popular, dejamos la Municipalidad. El 31 de octubre de 2007, había 8.910 empleados en planta permanente y 659 contratados, lo que suma un total de 9.569 agentes. 606 más que cuando nos hicimos cargo de la ciudad en 2003.
No hay que olvidar que, durante nuestra gestión, accedieron a los beneficios de la ley previsional anticipada de José Manuel de la Sota unos 1.300 empleados, bajas que literalmente desguazaron la cadena administrativa de mandos y contribuyeron al deterioro que desde entonces afecta a la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

Si gobernar es tomar decisiones, Juez lo hizo. Y con costo altísimo. No hubo comunicador o político opositor que no se hiciera un “festín” con el tema de “los empleados que dejó Juez en la Municipalidad”, y fue ese el latiguillo de todos quienes pretendían construir debilidades a partir de las fortalezas.
Se habló de tres mil, de cuatro mil y, al parecer, fruto del inocultable proceso inflacionario que padecemos, para algunos la cifra hasta llegó a los cinco mil nombramientos. Pero, como dijo Henry David Thoreau, “las matemáticas no mienten, lo que hay son muchos matemáticos mentirosos”.
Ahora viene la paradoja: los mismos que esgrimían salvajes ataques por los “nombramientos abusivos” son lo que hoy ven, horrorizados, la indignidad del Estado para con prefectos y gendarmes.

¿Paradoja o hipocresía? Cada quien sabrá qué adjetivo le toca, pero lo cierto y lo concreto es que la expresión de lucha de los uniformados de bajo escalafón sirvió para demandar la puesta en valor del Estado en su rol patronal frente a sus trabajadores. Y eso es una muy buena noticia.
Lo demás viene solo. Quien quiera, que saque conclusiones: tuvimos valor para asumir la decisión que había que asumir, sin especulaciones a la hora de tener en cuenta el costo del coraje.
Podemos decir, con orgullo, que nunca claudicamos en la defensa de nuestras convicciones. Debíamos hacerlo y lo hicimos, sin reparar en su “costo político”.
La historia, sin duda, nos reprochará muchas cosas, pero sabemos que fuimos fieles custodios del más elemental derecho de quien trabaja: la dignidad.

*Vocal en el Ersep por el Frente Cívico de Córdoba.

La Voz del Interior, 24-10-12

398 empleados públicos



que ganaron los concursos de la carrera administrativa de la Provincia reclaman que luego de un año de conocerse las listas de mérito, el Gobierno aún no los designó en sus cargos.
En junio del año pasado, a través del decreto 2.500/11, el entonces gobernador Juan Schiaretti convocó a un concurso cerrado para empleados públicos, para cubrir 584 cargos de la administración pública.
Hasta que entregó el poder en diciembre del año pasado, Schiaretti designó a 186 de los ganadores de los concursos.
Pero, hay casi 400 agentes que terminaron primeros en sus respectivos, pero aún no fueron designados en sus cargos.
Desde hace cuatro meses, 80 de estos empleados públicos que ganaron los concursos se vienen reuniendo una vez por semana en distintas plazas públicas de la ciudad de Córdoba, para discutir los pasos a seguir.

Se entrevistaron con Domingo Ovando, titular de la Unión del Personal Superior (UPS), quien planteó varios reclamos por estos concursos ante el Gobierno provincial. Los agentes también han pedido una audiencia con José Pihen, titular del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y legislador provincial, a cargo de la comisión de Trabajo de la Legislatura.
Los concursantes pidieron no mencionar sus nombres por temor a posibles represalias. Expresaron que les llama la atención que el gobernador José Manuel de la Sota no haya concretado los nombramientos, cuando fue, precisamente, el actual mandatario provincial quien reestableció la carrera administrativa en el año 2006. Habían pasado más de 10 años de congelamiento de ascensos en la Provincia, desde que el radical Ramón Mestre, declaró la emergencia económica.

“Hubo un cambio de gobierno en diciembre pasado, pero ya pasó más de un año y hay casi 400 compañeros que aún no asumieron los cargos, que ganaron en concursos transparentes. Además, no hay buen clima en las áreas donde quienes ganaron no tienen el cargo”, afirman los que se autodenominan, “el grupo del decreto 2.500”.

La Voz del Interior, 21-10-12

Empleados públicos




El Estado kirchnerista sumó 911.000 empleados públicos a partir de 2003

Contexto.com.ar   04 de Abril de 2010

De acuerdo con un estudio de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el empleo público consolidado, es decir incluyendo los tres niveles de gobierno, se estima en 3,13 millones de personas, con un incremento de 911.391 desde 2006 hasta fines de 2009, algo así como 41 por ciento.
Las provincias, ahogadas económicamente, pero con el peso de varios servicios básicos, como la educación, la seguridad y la salud, fueron las grandes contratantes.
Sólo para recordar, a fines de la década del 80, cuando los servicios públicos estaban en manos del Estado, el empleo estatal era 23% del total de trabajadores, con un parcial de 7,6 empleados por cada 100 habitantes.
Apenas por recordar algo, Ferrocarriles Argentinos tuvo poco más de 100.000 dependientes. Otras épocas.

"Solamente de los datos del Boletín Fiscal [que es una publicación del Ministerio de Economía actualizada al tercer trimestre de 2009] se puede ver que, después de unos años con poco crecimiento, desde 2006, la nómina de empleados públicos creció 130%", dice Fernando Starface, director del Programa de Política y Gestión de Gobierno y próximo director ejecutivo del centro de estudios de políticas públicas (Cippec).
Las provincias y los municipios han sido muy activas a la hora de contratar personal.
En los últimos seis años, los dependientes de los gobernadores pasaron de 1,38 millones a 2,02 millones.

Datos del Instituto para el Desarrollo Social (Idesa), elaborados por Jorge Colina con base en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto de Estadística (Indec), muestran que hay ciudades en las que el peso de los empleados públicos en el total de asalariados es enorme.
Por ejemplo, en Río Gallegos, 44% del total de trabajadores cobra su sueldo en la ventanilla estatal; en La Rioja y Resistencia, 43% y en Ushuaia y Río Grande, 40%.
En el otro extremo está Mar del Plata, que tiene 14 empleados por cada 100 habitantes, o los partidos del Gran Buenos Aires, que tienen 15 sueldos estatales por cada 85 privados.
Ni bueno ni malo Para Starface no es ni bueno ni malo que el Estado tenga más empleados.
"La pregunta que hay que hacerse -dice- es si la calidad de servicios que presta el Estado con esos recursos es buena." Y la pregunta no es nada fácil. Sucede que no hay muchas maneras de medir estos indicadores.

Colina dice que hay que mirar el siguiente dato de la realidad. "La gente que puede abandona muchos servicios públicos. Por ejemplo, se elige una medicina privada o se reemplaza la educación gratuita del Estado por otras pagas y privadas. Y a eso se agrega que se contratan servicios de seguridad privada. Entonces, más allá de que no haya indicadores, la percepción es que la cantidad no asegura la calidad de los servicios", razona.
Los municipios también han estado activos desde 2003 hasta fines de 2009: sus empleados aumentaron 83%, pasaron de 312.080 a 519.827.
Pese a la expansión del empleo privado desde 2003, el sector público no para de crecer. La proporción de trabajo público como porcentaje del total se parece a la de países como Francia o Finlandia. Pero los servicios públicos, aún no.
6%. Es la porción de empleados públicos sobre el total de trabajadores en Japón y Corea del Sur. La contracara son Noruega y Suecia (28 por ciento).


Demora en trámites




Lista de los países más rápidos para montar una empresa según el Banco Mundial (2011)

Ranking de los países que minimizan la burocracia a la hora de crear un negocio. El listado muestra los días necesarios para finalizar todos los trámites en cada país, según datos oficiales del Banco Mundial (World Bank Group).
Autor: ivy (Actualizado a 05-sep-2012)
Fuentes: Fuente oficial World Bank Group     Consultado en: Classora.com

País    columnas       Días  (días)
1                     Nueva Zelanda                     1
2                     Australia                    2
3                     Georgia (Asia)                     2
4                     Macedonia                3
5                     Ruanda                      3
6                     Singapur                    3
7                     Bélgica                      4
8                     Hungría                      4
9                     Albania                      5
10                   Bielorrusia                 5
11                   Canadá                     5
12                   Islandia                      5
13                   Portugal                     5
14                   Arabia Saudí             5
15                   Senegal                     5
16                   Dinamarca                6
17                   Italia                6
18                   Liberia                       6
19                   Malasia                      6
20                   Mauricio                    6
21                   Puerto Rico               6
22                   Eslovenia                  6
23                   Turquía                       6
24                   Estados Unidos                   6
25                   Afganistán                 7
26                   Chile               7
27                   Croacia                     7
28                   Egipto                        7
29                   Estonia                      7
30                   Francia                      7
31                   Jamaica                    7
32                   Corea del Sur                       7
33                   Noruega                    7
34                   Uruguay                     7
35                   Armenia                     8
36                   Azerbaiyán                8
37                   Chipre                        8
38                   Irán                 8
39                   Madagascar             8
40                   Malí                 8
41                   Países Bajos            8
42                   Omán             8
43                   Panamá                     8
44                   Bahréin                      9
45                   Etiopía                       9
46                   Guinea-Bissau                     9
47                   Líbano                        9
48                   Maldivas                    9
49                   México                       9
50                   Moldavia                    9
112                  Argentina                 26
175                  Brasil                      119
177                  Venezuela               141
179 (último)      Surinam                  694


Conferencia



MALVINAS: LAS CAUSAS INMEDIATAS DE LA GUERRA [1]

Mario Meneghini

I. Introducción

Agradezco la presentación del Coronel Picciuolo, que me honra con su amistad,  y la distinción que me ha efectuado la Academia. Cuando tuve oportunidad de leer el libro San Martín en Córdoba, de don Efraín Bischof, no podía imaginar que algún día tendría el honor de compartir con este prestigioso historiador la representación de Córdoba ante esta Academia. Hoy, al filo de los cien años, don Efraín mantiene sus inquietudes, manifestadas en reportajes y crónicas periodísticas, para ejemplo de las nuevas generaciones.

Es obvio que no soy un historiador; no obstante, mi actividad de investigar la realidad política argentina me obliga a escudriñar el pasado para entender mejor el presente. Al hacerlo, debo esforzarme en lograr la mayor objetividad utilizando los criterios de la disciplina histórica, que tiene, al decir de Menéndez Pelayo, “en quien honradamente la profesa, cierto poder elevado y modelador que acalla el tumulto de las pasiones hasta cuando son generosas y de noble raíz”, puesto que “la materia de la historia está fuera del historiador, a quien con  ningún pretexto es lícito deformarla”[2].

Me pareció oportuno destinar esta comunicación al análisis de los motivos y circunstancias del comienzo de la guerra de Malvinas en 1982. Con motivo de cumplirse este año el trigésimo  aniversario de la recuperación de las islas, considero necesario procurar desentrañar la verdad de lo sucedido, puesto que el tiempo transcurrido y la multiplicidad de opiniones discordantes produce confusión y lleva al desaliento en la sociedad argentina; de allí la necesidad de un análisis integral, a través de una investigación bibliografica que permita llegar a conclusiones plausibles y fundamentadas[3]. Es posible, afirmaba Ricardo Paz sobre el tema, “siguiendo estas huellas confusas, llegar a conclusiones ciertas sobre lo esencial del conflicto”; puesto que “la política, sobre todo la política exterior, tienen poco de esotérico”[4]. Ernesto Palacio reflexiona que “toda historia es una síntesis, y la labor de quien la emprende se asemeja a la del minero empeñado en extraer de un material turbio el precioso filón, siguiendo la dirección de la veta”[5] .
En esta exposición, me ocuparé únicamente de rastrear los motivos que condujeron a que se produjera el enfrentamiento bélico, describiendo los hechos ocurridos entre el 16 de diciembre de 1981 y el 2 de abril de 1982.

Pese a la cantidad de obras publicadas, una cierta proporción de las mismas no resulta confiable para un análisis serio, en razón de no haber examinado todos los aspectos involucrados, o estar teñidas de una posición ideológica.  En esta categoría incluimos el llamado informe Rattembach pese que abarca un total de diecisiete volúmenes. En efecto, la propia Comisión creada por el Poder Ejecutivo Nacional este año, por Decreto Nº 200/12, para revisar el material antes de darlo a publicidad, luego de treinta años de permanecer en secreto, afirma que parte de los documentos constituyen “apreciaciones a título personal”, y “revelan de parte de sus autores ignorancia o desconocimiento de elementos sustanciales de la controversia”. A ello debe agregarse que el mismo presidente de la comisión, Teniente General Benjamín Rattenbach, efectua esta  aclaración agregada a mano en el folio 291: “Firmo en disidencia, porque estando de acuerdo con el contenido de este informe, inclusive la definición de responsabilidades, no estoy de acuerdo con su orientación, su estructura, su extensión y el tiempo invertido para su presentación”[6].
En cambio, resulta de suma importancia el llamado Informe Franks, confeccionado por una Comisión de Consejeros de la Corona  presidida por Lord Franks, y publicada en enero de 1983; citaré a menudo este antecedente británico[7].

II. Derechos argentinos

1. Sobre los derechos argentinos respecto a las islas Malvinas y archipiélagos adyacentes, nos remitimos al dictamen redactado por el Dr. Ricardo Zorraquín Becú, y aprobado por la Academia Nacional de la Historia en sesión del 11 de agosto de 1964, ratificado en mayo de 1982. Resumiendo las conclusiones, el reclamo argentino se funda históricamente en las siguientes razones:
a) Las soberanía española de las islas, derivada de la concesión pontificia y de la ocupación de territorios en el Atlántico Meridional. Inglaterra reconoció esa soberanía al comprometerse a no navegar ni comerciar en los mares del Sud (tratados de 1670, 1713 y subsiguientes).
b) La continuidad jurídica de la República Argentina con respecto a todos los derechos y obligaciones heredados de España, que renunció por el tratado del 21 de setiembre de 1863 a la soberanía, derechos y acciones que le correspondían.
c) La ocupación pacífica y exclusiva del archipiélago por la Argentina desde 1820 hasta el 2 de enero de 1833, en que sus autoridades fueron desalojadas por la fuerza.

III. Sobre la guerra

La mayoría de las críticas sobre lo ocurrido en 1982, no ponen en duda los derechos argentinos sobre el territorio en disputa, sino que se refieren a la decisión misma de recuperarlo por la fuerza, considerando que fue un acto irracional, que no debió haber sucedido, por el riesgo que implicaba enfrentar a una potencia.
Esto nos lleva a analizar, en primer lugar, las condiciones para que una guerra pueda justificarse. La doctrina clásica, compendiada por Santo Tomás de Aquino, enseña que a veces puede ser justa cuando se cumplen ciertos requisitos. La misma razón que puede justificar la legítima defensa individual mediante el uso de la fuerza contra el agresor, puede justificar la defensa de la comunidad política mediante el uso de la fuerza, cuando sea injustamente atacado por el gobierno de otro Estado. A pesar de las consecuencias graves de toda contienda bélica, “la guerra justa da al Estado el derecho de tomar todas las medidas necesarias para rechazar la agresión del enemigo”.
Sto. Tomás fija las condiciones básicas para que sea admisible una guerra: autoridad competente para declarar la guerra e iniciar las hostilidades, recta intención de tal autoridad, medios legítimos, y causa justa[8].

El Catecismo de la Iglesia Católica (Nº 2309), siguiendo la doctrina clásica, actualiza y completa los requisitos para que exista legítima defensa mediante la fuerza militar; es preciso a la vez:

1. Que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto.
2. Que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces.
3. Que se reúnan las condiciones serias de éxito.
4. Que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición.

Después de analizar los hechos concretos que condujeron a la contienda, se podrá evaluar si la decisión argentina se encuadró en el concepto de guerra justa.

IV. Los hechos: el incidente de las islas Georgias

El conflicto bélico de 1982 se origina, no en las Malvinas, sino en el archipiélago de las Georgias del Sur. De manera casi simultánea con la asunción del General Galtieri, como Presidente de la República Argentina, el embajador británico autorizó el viaje a las Georgias de Sur del empresario argentino Constantino Davidoff, que contrató con la Compañía escocesa Salvensen para desguazar  estaciones balleneras abandonadas en esas islas. El contrato quedó formalizado por el escribano Ian Roger Frame, el 19 de setiembre de 1979, con vigencia hasta el 31 de marzo de 1983. Por su parte, las autoridades de Georgias del Sur, fueron informadas por la empresa Christian Salvensen, de Edimburgo, que Davidoff había comprado el material de esa compañía en Puerto Leith, Stromness y Husvik, solicitando le facilitaran la operación.
El contrato molestó al gobernador inglés Hunt, vinculado al Comité de las Islas Malvinas (lobby), pues:

-el único buque de la marina, el rompehielos Endurance, dejaría el área en mayo de 1982.
-en junio, la Oficina Investigaciones Antárticas británica abandonaría las Georgias (Gritviken).
-los obreros argentinos, con contrato hasta 1983, serían la única presencia en las islas.

 Davidoff, comunicó a la embajada británica en Buenos Aires, por nota del 11-12-81, que viajaría a las islas con algunos colaboradores para efectuar un relevamiento fotográfico e inventarios. Inició el viaje el 16-12-81 en el rompehielos Almirante Irizar, llegando a puerto Leith  -en la isla San Pedro, del grupo de las Georgias- el 20-12. Allí inspeccionó el material que había adquirido: 30 tanques de almacenamiento de combustible, planta de cocción, planta diésel eléctrica de 1.500 kw, calderas y máquinarias, en Leith; otras instalaciones en Husvik y Stromnes, más dos diques flotantes de 700 y 1.000 toneladas en este último puerto.
El negocio era apetecible; se estimaba –según The Sunday Times- que por esas 35.000 toneladas de metal Davidoff había pagado 115.000 libras, cuando en 1979 la tonelada de chatarra se vendía a 214 libras, lo que representaba un beneficio de 7 millones de libras[9].
Es poco razonable pensar que un comerciante como Davidoff arriesgaría la oportunidad de su vida, por cometer un acto de provocación, sin embargo, el día 31 Hunt recomendó iniciar un procedimiento contra él; la cancillería (Foreing Office) respondió que no iniciara un procedimiento “con lo que se correría el riesgo de provocar un incidente sumamente grave que empeoraría la situación y los resultados serían imprevisibles” (F, 164).

En febrero, hubo un segundo viaje de los trabajadores argentinos, que estuvieron entre el 16 y el 28 en Leith y Grytviken, sin que se produjera ningún incidente. Por el contrario, según el diario de la British Antartic Survey encontrado por los militares argentinos en abril, los técnicos ingleses de la base de Grytviken mantuvieron relaciones cordiales con los empleados de Davidoff[10].

El embajador informó el 23 de febrero de 1982, que Davidoff se había comunicado telefónicamente con la embajada informando que volvería a las Georgias, para comenzar el desguaze, solicitando instrucciones acerca de cómo proceder; el embajador consultó al gobernador sobre este tema, sin recibir respuesta (Informe Franks, 167), lo que, estima el almirante Busser, introducía “el germen de la crisis”[11].
El 9 de marzo, Davidoff notificó a la embajada que 41 trabajadores partirían dos días después –en realidad, viajaron 39-,  en el Bahía Buen Suceso, que era un transporte de la Marina, dedicado a operaciones comerciales, y en el que no había personal militar ni armas de guerra; este buque era conocido por los ingleses pues solía llevar turistas y provisiones a las Malvinas. Consta en el Informe Franks (168) que el empresario ofreció llevar provisiones para la base británica, así como los servicios de un médico y una enfermera que viajaban con el grupo. El embajador informó sobre esto al Gobernador y al Foreing Office; a su vez Salvensen había informado a la cancillería británica y al gobernador sobre el viaje, y que había concedido a Davidoff una ampliación del contrato hasta el 31 de marzo de 1984.
No obstante de conocerse este viaje, cuando el día 19 el grupo de chatarreros desembarcó en Leith: el gobernador de las Malvinas aseguró que los ingleses de la base científica se enteraron de la presencia argentina al escuchar disparos de armas de fuego, utilizadas para cazar renos, y que habían izado una bandera argentina.
Sobre la bandera, Davidoff negó que hubiera sido colocada por sus empleados,  manifestando que cuando bajaron a tierra ya ondeaba el pabellón nacional en el lugar[12]. Conviene aclarar este punto, pues ocurre que Davidoff no viajó en esa oportunidad[13]; además, el coordinador general del operativo de la firma Georgias del Sur, Ricardo Cacace, admitió que la bandera argentina la colocaron los miembros del grupo: “Fue una cosa natural y espontánea, dado que para nosotros estábamos en la Argentina y, además, éramos un grupo de argentinos”[14] .

Sobre los renos, en el diario de la agencia británica, capturado el 3 de abril en Grytviken, figura esta frase,asentada el 17 de marzo: “Al fin se va el Isatis (yate francés) que volvió ayer puesto que los helicópteros del Endurance lo sobrevolaron para chequearlo. Los otros franceses se están convirtiendo en una peste, ya están disparando sus rifles en Grytviken y matando ciervos. Estamos disgustados y no podemos expresar la animadversión general que provocan sin recurrir a malas palabras. Digamos que no están actuando con propiedad”[15]. Queda en evidencia, entonces, que fueron dichos franceses los que dispararon y no los argentinos.
Cabe acotar con respecto a los renos, que se trata de animales salvajes que fueron introducidos por los balleneros a principios del siglo XX, y que, actualmente, las autoridades británicas prevén exterminarlos –Vgr. con disparos desde el aire-, debido a que constituyen una población de 3.000 animales que están devastando la vegetación local (Clarín, 17-6-12).

El gobernador manifestó al Foreing Office su opinión de que la Marina estaba utilizando al Davidoff como cobertura; la cancillería aclaró al embajador que el Bahía Buen Suceso era un buque de transporte no de guerra, y que no llevaba personal militar. El comandante de la Base de Grytviken confirmó que los hombres desembarcados no llevaban armas de fuego (F, 170). El Informe Franks revela que, según un informe de inteligencia británico, el gobierno argentino no planificó este incidente: “A pesar de los estrechos contactos que el Sr. Davidoff mantenía con algunos oficiales superiores de la Armada Argentina, no se considera que el desembarco no autorizado formara parte de los planes de la Armada” (F, 230).

Mientras tanto, el 21 zarpó de Malvinas el Endurance, embarcando 21 infantes de marina, quedando anclado en Grytviken a las espera de órdenes; el mismo dia en Puerto Stanley se forzó la puerta de LADE, la empresa argentina que brindaba servicio aéreo a las islas,  colocándose una bandera inglesa.
 Simultáneamente, el comandante de la base británica informó a los trabajadores que su presencia era ilegal, pues no habían sellado las llamadas tarjetas blancas de identificación. El Canciller argentino, Dr. Costa Méndez, pidió que la expulsión se revocara si Davidoff ordenaba a sus empleados completar la formalidad de ir hasta Gritviken y hacer sellar las tarjetas. El embajador estuvo de acuerdo, pero Hunt sostuvo que las Georgias no estaban incluidas en el acuerdo de 1971 y que debían sellarse los pasaportes.
Costa Méndez respondió al embajador el 28 que los trabajadores deben permanecer en Georgias pues se les ha otorgado la documentación idónea; en efecto, en el Acuerdo de Comunicaciones, firmado el 1-7-1971, se había establecido que la tarjeta blanca “será el único documento requerido a los residentes del territorio continental argentino para viajar a las Islas Malvinas”. También insistió el canciller en que las Georgias estaban explícitamente comprendidas en el Acuerdo de 1971, cosa que los británicos habían reconocido en la reunión de Nueva York celebrada un mes atrás, los días 26 y 27 de febrero[16].
Cabe destacar que la presencia de estos argentinos no representaba ninguna amenaza: primero, porque no eran militares, y la segunda porque en Georgias no había población, sólo estaba el personal de investigaciones antárticas y en otra zona. Recordemos, de paso, que aquél convenio de 1971, constituyó –como lo expresara Ricardo Paz- “un sistema único en los anales diplomáticos, de usurpación subsidiada a cargo de la nación usurpada”[17]. No cabía, entonces, una nueva concesión por parte de nuestro país.

Mientras tanto, el 30 de marzo el encargado de negocios argentino en Londres, informó que la televisión inglesa dio la noticia del envío de 2 submarinos nucleares clase Hunter Killer; uno de ellos había zarpado el 25 desde Gibraltar (noticia confirmada por el New York Times), y que interpretaba que el gobierno había optado por un endurecimiento frente al caso Georgias.  El punto 213 del Informe Franks reconoce que el día 29 la Primer Ministra dispuso el envio de un submarino nuclear en apoyo del Endurance, y que se prepararía un segundo submarino.
En la Argentina, existieron proyectos de ocupar las Malvinas, ya desde 1955, que se reactivaron desde que el Almirante Anaya asumió como comandante en jefe de la Marina, pero recién en la primera semana de enero, el Comité Militar resolvió que se planificara preventivamente una operación de ocupación de las Malvinas, para el caso de que fracasaran las negociaciones diplomáticas en curso. Ese plan no tenía fecha de ejecución, pues la intención era negociar durante todo el año. Recién el día 23, ante el cariz que tomaba el incidente advirtió al embajador Williams que si no se aplazaba la amenaza de retiro forzado de los obreros, se tomaría como un ultimátum que originaría una reacción por parte de nuestro país. Ante la situación planteada, en reunión del día 26, el Comité dispuso que la operación estuviera lista para ser ejecutada entre el 1 y el 3 de abril. Por su parte, el gobierno inglés tomó la decisión de enviar la Task Force antes de que el gobierno argentino resolviera preparar el posible ataque. El libro de memorias del Almirante Woodward, se tituló “Los cien días”, pues ese tiempo había durado para él la guerra: “…cien días desde que dije adiós … en el puerto de Gibraltar la noche del 26 de marzo”[18].

El 28 zarparon los buques argentinos que llevaban la fuerza de desembarco preparada para ocupar Malvinas, si no se recibía una respuesta satisfactoria. El Informe Franks (230) comenta que el día 31 el Grupo de Inteligencia estimaba que el objetivo del gobierno argentino era persuadir al británico para que reanudara las conversaciones sobre la soberanía y que no deseaba ser el primero en adoptar medidas drásticas. Sin embargo, el riesgo era que recurriera al uso de la fuerza si los civiles que estaban en las Georgias eran arrestados o evacuados.
Recién el 1 de abril el gobierno británico, al conocer la inminencia del desembarco, solicitó al presidente Reagan que intercediera ante el presidente Galtieri; la comunicación telefónica se concretó a las 22 horas, manifestando el mandatario argentino que ya era tarde, pues no se podía detener la operación, pero que si Gran Bretaña admitía negociar la crisis terminaría. Puesto que el objetivo fijado era realizar una ocupación incruenta, y que quedara en las islas una pequeña guarnición, para forzar de inmediato al adversario a entablar una negociación seria.
El objetivo se cumplió: no se produjeron bajas entre los soldados ingleses, y el único fallecido en el enfrentamiento del día 2 de abril fue el Capitán de Corbeta Pedro Giachino que encabezaba el grupo de ataque. Asimismo, el día 3 la Fuerza de Desembarco completó el repliegue de las tropas argentinas[19].

Una cuestión a dilucidar: se ha afirmado que la Marina argentina  preparó  un operativo Alfa, con la intención de promover un incidente que llevara a la guerra. Existió, efectivamente, una Operación Alfa, generada en mayo de 1981 por iniciativa del Alte. Lombardo, Comandante de la Flota de Mar, con conocimiento de la Cancillería. El objetivo consistía en instalar una estación científica en las Islas Georgias del Sur, similar a la que existía desde 1976 en la Isla Thule del Sur, del grupo de las Sandwich del Sur, y con el mismo propósito de mantener una presencia en la zona en litigio. A tal efecto, se formó un grupo de 15 hombres, al mando del Tte. Astiz, que fue adiestrado en la zona de San Fernando, y se embarcó en el buque Bahía Paraíso, en el mes de enero, en el marco de la campaña antártica. Se preveía concretar esa operación en los meses de mayo o junio, cuando las unidades británicas que realizaban tareas de apoyo antártico se hubieran alejado definitivamente de la zona.
Algunos[20] han confundido este viaje de Astiz, con el de Davidoff que viajó en el buque Bahía Buen Suceso, no en el Bahía Paraíso. De todos modos, la Junta Militar en reunión del 2 de febrero, resolvió suspender la operación alfa, para “evitar un hecho que fuera negativo para el desarrollo de las futuras negociaciones”[21] . Según declaración testimonial del Contraalmirante Edgardo Otero, posteriormente –y antes del desembarco de Davidoff- se dispone anular totalmente esa operación[22].
Por lo tanto, el incidente de las Georgias, que comienza el 19 de marzo, no tuvo nada que ver con la Operación Alfa, que nunca fue ejecutada.

V. Análisis de la decisión

El gobierno argentino no podía aceptar las exigencias de desalojar a los obreros de Davidoff que estaban cumpliendo un contrato legalmente formulado, incluso había ofrecido que se sellaran las tarjetas blancas, siendo que ninguna norma había previsto que dicho documento debía ser visado[23]. Además, el personal británico en las Georgias tenía funciones científicas, no consulares que lo habilitara para revisar documentación.
En resúmen, los argentinos:
-estaban en un territorio en disputa;
-se habían cumplido todas las formalidades establecidas;
-admitir el uso de pasaportes era aceptar la pretensión británica de soberanía sobre las islas Georgias.

El entonces embajador británico, Anthony Williams, reconoció posteriormente[24] que: “En Londres se incurrió en un grave error de apreciación durante el episodio de las Georgias”.
Si nuestro país hubiera tolerado el desalojo por la fuerza, o hubiera accedido a evacuar a los obreros bajo amenaza, o hubiera aceptado el visado de pasaportes, ello habría significado una verdadera abdicación del derecho de soberanía sobre el Atlántico sur, por aplicación de la doctrina conocida como “stopell” (reconocimiento tácito de derechos).
La decisión argentina de recuperar las Malvinas, se originó en el procedimiento incorrecto utilizado por Gran Bretaña ante una crisis en Georgias, desatada por sus autoridades. El envío de un buque de guerra constituía un acto de fuerza, sin haberse agotado los recursos diplomáticos[25]. De acuerdo a las Naciones Unidas: “El primer uso de la fuerza armada por un Estado en contravención de la Carta constituirá prueba prima facie de un acto de agresión…”[26].
Entonces, ya no había alternativa válida para la Argentina, que se vio obligada a ejercer el derecho previsto en la Carta de las NU, art. 51:
“Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad hayatomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales”.

El Fiscal de la Cámara Federal, que juzgó a los Comandantes en Jefe, afirmó que: “La Argentina, pues, no agredió, fue agredida”; concepto ratificado por la Cámara en su pronunciamiento.
También la embajadora norteamericana ante las Naciones Unidas, Jane Kirkpatrik, manifestó: “Yo no creo que a la Argentina, dado el hecho de su permanente reclamo de soberanía sobre las Malvinas, se le pueda decir que por ocuparlas estaba cometiendo agresión”[27].

La doctrina de la guerra justa, resumida al comienzo,  nos sirve de guía para evaluar esta contienda bélica concreta, desde la ética. El filósofo cordobés Alberto Caturelli, ha sostenido que “La Argentina ha reunido y puede invocar todos los títulos legítimos de una guerra justa”[28]. Resumo su argumentación:
 -cuando Inglaterra, en 1833, agredió nuestro derecho efectivamente ejercido sobre las Malvinas…usurpando la posesión de las mismas, cometió un acto de tal naturaleza que siguió agrediendo a la Argentina todo el tiempo… durante casi un siglo y medio;
-Por eso, Inglaterra puso entonces (no en 1982) la causa de guerra justa de parte de la Argentina;
-La Argentina, dadas ciertas circunstancias concretas y ante los signos inequívocos del usurpador de no tener voluntad de restituir las islas, decidió retomar lo que siempre fue suyo.

También el Catecismo aclara que: mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacifico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legitima defensa (2308).
Es que la paz -según la clásica definición de San Agustín- es la tranquilidad en el orden; y no puede haber orden sin justicia. Por eso afirmaba Juan Pablo II: “No somos pacifistas, queremos la paz, pero una paz justa y no a cualquier precio” (18-2-1991). Y, en otra oportunidad el Santo Padre aclaró: “Los pueblos tienen el derecho y aún el deber de proteger, con medios adecuados, su existencia y su libertad contra el injusto agresor” (1-1-1982).

VI. Previsibilidad del resultado[29]

Podría alguien alegar que lo antedicho satisface únicamente los dos primeros requisitos exigidos por la doctrina: que haya un daño persistente recibido de un agresor, y que se hayan agotado las vías pacíficas. Conviene, entonces, revisar los otros dos requisitos: que haya razonable posibilidad de éxito, y que el uso de la fuerza no cause daños más graves.

El plan no fue irracional; el propósito de ocupar las islas no era el de iniciar una escalada bélica, por el contrario, se buscaba forzar a una negociación seria, y en caso de surgir un gesto de buena voluntad antes de la ocupación se anularía la operación. La misma debía ser incruenta, y una vez finalizada, quedaría en las islas una pequeña guarnición.
Se preveía que las negociaciones tendrían el apoyo de las Naciones Unidas y de Estados Unidos; esto último no era una suposición ingenua: en la noche misma del 2 de abril  hubo una cena en la embajada argentina en Washington, a la que asistieron la embajadora Kirkpatrich, la plana mayor de la secretaría de Estado, y jefes militares, a tal punto que el embajador británico dijo que era un agravio para su país.
Con respecto a la posibilidad de que las NU exigieran un acuerdo, había varios antecedentes; el más relevante fue la ocupación por Egipto del Canal de Suez, en 1956, presionando el organismo internacional para que Gran Bretaña y Francia no atacaran a Egipto, que desde entonces quedó con el canal.
Otro antecedente destacable es que en diciembre de 1976, solo 6 años antes de la guerra, la Marina argentina instaló un observatorio en las islas Thule (Sandwich), y Gran Bretaña  sólo envió una nota de protesta, sin tomar ninguna otra medida.

Tampoco era inevitable la derrota. Según el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, hasta el 13 abril, la argentina tuvo posibilidad de triunfo. Cambia el panorama, por la ayuda de EEUU. Aun así, los ingleses sufrieron las pérdidas más grandes desde la 2da. Guerra. Debe entenderse que el conflicto era político, y no se pretendía una confrontación total, por eso era posible para la Argentina lograr el objetivo que se había fijado. Además, era una obligación patriótica actuar en defensa de los intereses nacionales.
En el fallo de la Cámara Federal que juzgó a los Comandantes, en noviembre de 1988, se reconoce que: “Asiste razón a las defensas cuando sostienen lo mezquino que puede resultar vincular la decisión de participar en un combate evaluando previamente la entidad del contrincante. La necesidad política de responder a las agresiones que afectan la subsistencia del Estado, pasa por el imperioso deber de asegurar la respuesta al avance del enemigo.”
Por cierto que la Argentina no podría ganar una guerra total a un país como Gran Bretaña; pero desde la última guerra mundial, ya no existen conflictos bélicos integrales. Además, el objetivo de ocupar Malvinas era concreto y factible: ocupar las islas para negociar. Con respecto a la posibilidad de ganar la guerra localizada en esta zona, ello no era imposible, puesto que Gran Bretaña no empeñó todos sus recursos militares, y dependía de numeros factores para actuar a mucha distancia de su territorio.

Con motivo del fallecimiento del General británico Jeremy Moore, comandante de las tropas inglesas en Malvinas, se supo que este militar recordó en una entrevista la preocupación que sintió el 14 de junio de 1982, de que la Argentina no firmara la rendición, y que, por eso, le permitió al Gobernador argentino, General Menéndez, tachar la palabra incondicional, antes de firmar[30]. La preocupación de Moore se fundaba en que el Alte. Woodward, jefe de la flota, le había dicho que si no llegaba a Puerto Argentino para el día 14, lo iban a sacar de la isla; por eso, fue a conversar con Menéndez, “como quien va a jugar al póker con una mano pobre de naipes” (La Prensa, 1-4-86).

Con referencia a los daños que ocasionó la guerra, no es exacto que la misma haya perjudicado los derechos argentinos a reclamar la soberanía sobre Malvinas. La mejor evidencia es que la Asamblea General de las Naciones Unidas sancionó, desde el fin de la guerra, siete resoluciones favorables a nuestro país, siendo la primera de ellas, la Nº 37, de noviembre de 1982 -apenas cinco meses después de finalizada la contienda-, aprobada con el voto positivo de Estados Unidos, inclusive. En la misma se reitera que la situación colonial en las Malvinas es incompatible con los ideales de las UN y pide la reanudación de negociaciones por la soberanía.
Debe citarse, asimismo, el informe Kershaw, elaborado por iniciativa del Parlamento británico, en 1983, donde se reconoce que “problemas sustanciales diplomáticos, militares, financieros y económicos, seguirán enfrentando a Gran Bretaña y las islas Falklands a menos o hasta que se logre un acuerdo negociado de la disputa con la República Argentina” (p. 1.3). También admite el informe que, con relación a la historia del conflicto, “el peso de la evidencia es más favorable al título argentino” (p. 2.15)[31].

VII. Conclusiones

Decía don Ernesto Palacio que quien investiga el pasado debe hacerlo con objetividad, pero que una vez que tiene la certeza de conocer la verdad, no puede ser neutral en la evaluación de los hechos. Por eso, sin perjuicio de los errores estratégicos y tácticos que algunos especialistas han señalado al analizar esta guerra, debe resaltarse que ninguno de los autores que hemos citado considera que pueda ser calificada de aventura, ni se ha verificado que los responsables, civiles y militares, hayan actuado por intereses espurios, o con una incompetencia profesional generalizada. Considero que fue una guerra justa, que no pudo ser evitada sin afectar profundamente el honor nacional. No puede adjudicarse al hecho bélico el debilitamiento posterior de la posición argentina, que obedece a otras causas que exceden el marco de esta exposición.
Es lamentable que a 30 años de la guerra, y siendo que la misma es estudiada en los institutos militares de todo el mundo, por la valentía y eficiencia que demostraron nuestros soldados en el campo de batalla,  los argentinos caigamos en la autodenigración. Hasta surgió este año un grupo de intelectuales que propuso celebrar el 14 de junio, día de la rendición. “Es –como escribió Abel Posse- la Argentina pequeña, incapaz de reconocer sus pasiones y su euforia, incapaz de concederles la palabra gloria a sus muertos por la patria”[32].
Los errores y debilidades propias deben ser reconocidos, pero no debe permitirse la diatriba ni la calumnia sobre las reales motivaciones de una guerra, que la Argentina no provocó imprudentemente, y que una vez desatada supo afrontar con entereza.
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Bibliografía seleccionada:

-Busser, Carlos. “Malvinas, la guerra inconclusa”; Fernandez Reguera, 1987, 462 pgs.

-Caturelli, Alberto. “Recuperación de las Malvinas Argentinas. Noción de Guerra Justa”; Secretaría General del Ejército, 1982.

-Costa, Eduardo José. “Guerra bajo la Cruz del Sur. La otra cara de la moneda”; Buenos Aires, Hispamerica, 1988.

-Costa Méndez, Nicanor. “Malvinas: esta es la historia”; Sudamericana, 1993, 334 pags.

-De Vita, Alberto. “Malvinas/82, cómo y por qué”; Instituto de Publicaciones Navales, 1994, 271 pgs.

-“Derecho internacional público: Cartas, tratados, declaraciones, convenios, pactos, estatutos”;  Buenos Aires, AZ editora, 1984.

-Díaz Araujo. Enrique. “Malvinas, 1982. Lo que no fue”; Mendoza, Ediciones El Testigo, 2001, 73 pags.

-Franks, Honorable Lord. “El servicio secreto británico y la guerra de las Malvinas”; Mar Dulce, 1985, 157 pags.

-Gamba, Virginia. “El peón de la Reina”; Sudamericana, 1984, 207 pgs.

-Gamba, Virginia. “Estrategia: intervención y crisis”; Sudamericana, 1985, 278 pags.

-Mayorga, Horacio. “No vencidos”; Buenos Aires, Planeta, 1998.

-Meneghini, Mario. “Dos guerras argentinas”; Córdoba, Centro de Estudios Cívicos, 2010.

-Oliveri López, Angel M. “Malvinas, la clave del enigma”; Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1992, 256 pags.

-Paz, Ricardo. “Las Malvinas: informe y análisis diplomático”; Buenos Aires, Ceinar, Nº 20, noviembre 1983, pp. 7/62.

-Rodríguez de Yurre, Gregorio. “Actitud cristiana ante la guerra”; en: Instituto León XIII, “Comentarios a la Pacem in Terris”, Madrid, BAC, 1963.
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[1] Conferencia pronunciada el día 12 de setiembre de 2012, en la Academia Argentina de Historia, al recibir el diploma de Miembro Correspondiente.
[2] Menéndez Palayo, Marcelino. “Historia de los heterodoxos españoles”; Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1951, Tomo I, p. 3.
[3] Al final del trabajo se detallan los antecedentes utilizados (Fuentes), seleccionados por considerar que son los mejor documentados y más confiables en el análisis de los hechos. En las referencias a pié de página, se indicará únicamente: el apellido del autor, año de la edición, y número de página citada; en las Fuentes figuran los datos restantes de cada obra.
[4] Paz, 1983, p. 7).
[5] Palacio, Ernesto. “Historia de la Argentina”; Buenos Aires, Peña Lillo, 1965, T. I, pp. XI y XII.
[6] Versión oficial en Internet: www.casarosada.gov.ar
[7] Utilizaré como abreviatura “F”, seguida del número de párrafo respectivo.
[8] Rodríguez de Yurre, pp. 469/476.
[9] Mayorga, p. 35.
[10] Gamba, 1985, pp. 197/198.
[11] Büsser, 1987, p. 51.
[12] Costa, p. 62.
[13] “y ni siquiera viajé con mis obreros¨”: Davidoff, p. 8.
[14] Clarín, 16-5-1982, p. 4.
[15] Gamba, 1984, p. 133.
[16] Costa Méndez, pp. 109 y 110.
[17] Paz, Ricardo. “Por otro 3 de abril”; en: Revista Militar, Nº 742, Enero/Marzo 1998, p. 73.
[18] Cit. por: Díaz Araujo, p. 25.
[19] Busser, pp. 101/105.
[20] Costa, pp. 58 y 59.
[21] De Vita, pp. 44/48.
[22] De Vita, p. 47.
[23] Costa Méndez, p. 110.
[24] Cit. en: Revista Militar, Nº 742, Enero/Marzo 1988, p. 20.
[25] Bartolomé, pp. 129/131.
[26] Naciones Unidas. “Definición de la agresión”; Res. 3314 (XXIX), Art. 2, de la Asamblea General, de 1974.
[27] Oliveri López, p. 179.
[28] Caturelli, 9/13.
[29] Meneghini, pp. 25/27.
[30] La Mañana de Córdoba, 18-9-2007.
[31] Gamba, 1984, p. 185.
[32] Posse, Abel. “Las Malvinas y la enfermedad argentina”; en Revista Militar Nº 742, Enero/Marzo 1998, p. 32.