Católicos y política




Fuente: Pbro. José María Iraburu - Infocatólica.com

 1.

La actividad política es nobilísima.
Entre todas las actividades seculares, la función política es una de las más altas, pues es la más directamente dedicada al bien común de los hombres. Así lo ha considerado siempre el cristianismo, como podemos comprobarlo en la enseñanza de Santo Tomás de Aquino. Y el concilio Vaticano II ha exhortado con especial insistencia a los cristianos para que trabajen «por la inspiración cristiana del orden temporal» (+LG 31b; 36c; AA 2b, 4e, 5, 7de, 19a, 29g, 31d; AG 15g, etc.). Pablo VI, en la encíclica Populorum progressio (1967), hacía una llamada urgente:
«Nos conjuramos en primer lugar a todos nuestros hijos. En los países en vías de desarrollo, no menos que en los otros, los seglares deben asumir como tarea propia la renovación del orden temporal […] Los cambios son necesarios; las reformas profundas, indispensables: deben emplearse resueltamente en infundirles el espíritu evangélico. A nuestros hijos católicos de los países más favorecidos, les pedimos que aporten su competencia y su activa participación en las organizaciones oficiales o privadas, civiles o religiosas, dedicadas a superar las dificultades de los países en vías de desarrollo».
Todos los Papas de los últimos tiempos, como León XIII, San Pío X, Pío XI, Pío XII, inculcaron con gran fuerza en los católicos su deber de colaborar al bien común de su pueblo, valorando en alto grado la actividad política y social, y encareciendo su necesidad.
Los mayores males del mundo actual han sido causados principalmente por la actividad política.
Esta afirmación no es contradictoria con la anteriormente establecida, sino que más bien la confirma: corruptio optimi pessima (la corrupción de lo mejor es lo peor). La perversión de la política moderna es la causa principal de la degradación social de la cultura y de las leyes, de las costumbres, de la educación y de la familia, de la filosofía y del arte. Sin la actividad perversa de los políticos, el pueblo común nunca hubiera llegado por sus propias tradiciones e inclinaciones a legalizar la eutanasia, a reconocer el aborto como un «derecho», o a considerar «matrimonio» la unión de homosexuales. Más aún, la apostasía de las naciones occidentales de antigua filiación católica, aunque se deba principalmente a causas internas a la vida de la Iglesia –herejías, infidelidades, aversión a la Cruz, mundanización creciente, etc.–, ha tenido en las coordenadas políticas de los últimos tiempos uno de sus condicionantes más decisivos.

Es muy escaso el influjo actual de los cristianos en la vida política de las naciones de Occidente, todas ellas de antigua filiación cristiana. Son muchos los católicos que ven con perplejidad, con tristeza y a veces con resentimiento hacia la Jerarquía pastoral, cómo la presencia de los laicos en la res publica nunca ha sido tan valorada y exhortada en la Iglesia como en nuestro tiempo, y nunca ha sido tan mínima e ineficaz como ahora. No pocas naciones actuales de mayoría cristiana, desde hace más de medio siglo, han ido avanzando derechamente hacia los peores extremos del mal, conducidos por una minoría política perversa y eficacísima. Esta minoría, en una y otra cuestión, con la complicidad activa o pasiva de políticos cristianos, ha ido imponiendo siempre sus objetivos y leyes criminales, como si la gran mayoría católica no existiera, y ¡apoyándose principalmente en sus votos! «Además de cornudos, apaleados»… Así ha logrado arrancar las raíces cristianas de muchas naciones, ha ignorado y calumniado su verdadera historia, ha encerrado el pensamiento y la vida moral de esas sociedades en unas mallas férreas cada vez peores y más constrictivas.
En el artículo (19) de este blog contemplaba yo la historia de la humanidad como una batalla incesante de Cristo y la Iglesia contra Satanás y «los dominadores de este mundo tenebroso» (Ef 6,12), que ciertamente terminará con la victoria final de Cristo (20-21). Pues bien, si nos atenemos al criterio fundamental de discernimiento que nos enseña Cristo –«por sus frutos los conoceréis»–, parece evidente que el pensamiento y la actividad del pueblo católico en la vida política exige hoy una reforma profunda, en el criterio y en la acción, pues de otro modo seguirá creciendo la apostasía de las naciones.
Reforma o apostasía.

Sería absurdo esperar que este pobre blog ofreciera soluciones concretas a una cuestión tan enorme y compleja, en la que personas de Iglesia muy valiosas piensan en modos tan diversos. Mi intento se limita a señalar patentes errores y deficiencias, y a recordar los grandes principios católicos sobre la política, sin pretensión alguna de promover soluciones concretas de validez universal. De este modo las pocas fuerzas de este blog se unen otras fuerzas mayores que en la Iglesia de hoy están clamando ¡reforma! acerca de la inserción de los católicos en la vida política.
No vamos bien, es decir, vamos mal. Es urgente para la Iglesia discernir en todo, y concretamente en la acción de los cristianos en la vida política: verificar si los pensamientos y caminos que se están siguiendo son de Dios o más bien son de los hombres (Is 55,8-9). En la historia cristiana no pocas veces un Sínodo o Concilo se ha reunido para superar un grave mal de la Iglesia, respondiendo a un clamor reformationis, y sin conocer de antemano cuáles han de ser los modos concretos más convenientes para conseguir esas reformas necesarias. Para eso justamente se reúnen los sucesores de los Apóstoles en su intento reformador, para conseguir luz y fuerza del Espíritu Santo, el único que puede «renovar la faz de la tierra».

Reforma o apostasía.
Nadie ponga principalmente su esperanza en la política. Sería un pelagianismo pésimo.
La acción política, de hecho, es con frecuencia la causa principal de los males que sufre el pueblo. Desde luego, aún peor sería una total anarquía. Pero el pecado original, que deteriora tanto el ser y la acción de los humanos, obra con especial fuerza en los políticos, en los «poderosos» que tienen gobierno en las cosas de este mundo. Hemos de considerar esto en otro artículo con más detenimiento. Pero digamos ya, viniendo al campo cristiano, que aquellos políticos que, sin referencia a Dios, prometen grandes bienes al pueblo, y lo mismo aquellos que ponen su esperanza en ciertos hombres, partidos o grupos políticos, son infieles a la esperanza cristiana. Son más o menos pelagianos.

«Asi dice Yavé: “Maldito el hombre que en el hombre pone su confianza, y aleja su corazón del Señor. Será como un arbusto reseco en el desierto. Bienaventurado el hombre que confía en el Señor, y en Él pone su esperanza”» (Jer 17,5-7). Alguna literatura postconciliar, sobre todo por los años 70-80, sin referencia alguna a la necesaria ayuda de nuestro Salvador Jesucristo, encarecía la acción política en la vida de los cristianos o ensalzaba los poderes salvíficos de ciertos partidos o movimientos en unos modos evidentemente pelagianos. Revistas y panfletos, grandes escenarios espectaculares, formidables megafonías y medios audiovisuales, slogans mesiánicos, VOTAR MMNN = VOTAR LIBERTAD Y PROGRESO, abundancia de flores y palomas echadas al vuelo, todos estos entusiasmos colectivos organizados son ridículos, y ningún cristiano debe participar con fe y esperanza en tales actos de culto.
Es cierto que la providencia de Dios misericordioso suscita a veces en un pueblo una vida política noble y benéfica: el rey San Fernando, Isabel la Católica, Gabriel García Moreno. Pero sólo los santos gobernantes, dóciles al Espíritu Santo y completamente libres de los condicionamientos negativos del mundo secular, son capaces por la gracia de llevar adelante un gobierno político santo y santificante. Y santos de éstos suelen darse pocos en la historia.

El número de los necios es infinito.
Resulta duro decirlo, pero es la verdad. Hoy, quizá por soberbia de especie humana, por democratismo adulador del pueblo, buscando sus votos, o por lo que sea, esta verdad suele mantenerse silenciada. Sin embargo, no por eso deja de ser verdadera. Y son muchos los que la conocen, aunque la silencien. La misma razón natural la descubre fácilmente. Basta con abrir el periódico de cada día o con hojear las páginas de cualquier libro de historia. Pero además esta verdad está confirmada por la misma Palabra divina: «el número de los necios es infinito» (Ecl 1,15); «ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición, y son muchos los que por ella entran» (Mt 7,13). Los autores espirituales, como Kempis, lo han dicho siempre: «son muchos los que oyen al mundo con más gusto que a Dios; y siguen con más facilidad sus inclinaciones carnales que la voluntad de Dios» (ImitaciónIII,3,3).
El mismo Santo Tomás, tan bondadoso y sereno, señala la condición defectuosa del género humano como algo excepcional dentro de la armonía general del cosmos: «sólo en el hombre parece darse el caso de que lo malo sea lo más frecuente (in solum autem hominibus malum videtur esse ut in pluribus); porque si recordamos que el bien del hombre, en cuanto tal, no es el bien del sentido, sino el bien de la razón, hemos de reconocer también que la mayoría de los hombres se guía por los sentidos, y no por la razón» (STh I,49, 3 ad5m). Ésa es la realidad, y por eso «los vicios se hallan en la mayoría de los hombres» (I-II,71, 2 præt.3). Y con harta frecuencia en los políticos. Y todo esto tiene consecuencias nefastas para la vida política de la sociedad humana, pues «la sensualidad (fomes) no inclina al bien común, sino al bien particular» (I-II,91, 6 præt.3).

El imperio de la mediocridad causa grandes males en la vida política.
Los hombres «muy buenos», así como los «muy malos», son muy pocos. Lo que abunda y sobreabunda es la mediocridad. La misma palabra nos hace ver que corresponde al nivel medio de los conjuntos humanos. Ahora bien, la mediocridad intelectual, moral y operativa en un político, en un gobernante, es una mediocridad mala, maligna, cuya expresión política, sea en el régimen que sea, ha de causar grandes males. Un neurocirujano, dada la extrema delicadeza de su acción, ha de ser bueno o muy bueno, porque si es mediocre en sus conocimientos y habilidades, o si es malo, es muy malo, y hace estragos. Lo mismo hay que decir de los políticos, responsables principales del bien común de la sociedad, entre los cuales, obviamente predomina la mediocridad.
En otro orden de cosas, pero en clara analogía de doctrina, San Juan de la Cruz pone en guardia sobre los grandes males que causan los directores espirituales incompetentes. No siendo idóneos, se atreven a dirigir a las personas. Y les recuerda, con gran severidad, que «el que temerariamente yerra, estando obligado a acertar, como cada uno lo está en su oficio, no pasará sin castigo, según el daño que hizo» (Llama 3,56). Son ciegos que guían a otros ciegos, y que con ellos caen en el hoyo (Mt 15,14).
Los hombres están muy deteriorados, y los políticos también, o más. Hago notar, de paso, que hablar mal del hombre está permitido, e incluso está de moda en la cultura moderna, en el cine y la literatura, en filosofía y psicoanálisis, en pintura o teatro. Es incluso una nota progresista. Queda prohibido, por el contrario, a la teología cristiana hablar mal de la especie humana, y de la absoluta necesidad que tiene de la gracia de Cristo para sanarse y llegar a la salvación. Es decir,todos pueden hablar mal del hombre menos los teólogos.
La razón de esta situación absurda está en que la teología ve la defectuosidad tremenda del ser humano en términos de pecado y de posible castigo eterno, y en referencia a la fuerza salvadora desbordante de la gracia de Cristo. Y el pensamiento mundano no quiere hoy reconocer el mal congénito del hombre, ni menos aún quiere saber nada de una posible perdición eterna; y tampoco admite la necesidad de una salvación por gracia, por don sobre-humano y gratuito de Dios. Le parece humillante

CATOLICOS Y POLÍTICA - 2


Ya vimos que la actividad política, entre todas las actividades seculares, es una de las más altas, pues es la más directamente dedicada al bien común de los hombres. Y cómo la Iglesia, especialmente en los últimos tiempos, exhorta a los fieles laicos a que participen en ella, pues es parte de su propia vocación secular. En todo caso, varias virtudes y condiciones importantes son necesarias para que los cristianos puedan dedicarse a la actividad política concreta.
Continuamos con la publicación:

1.– Vocación. Todos los cristianos, sin duda, están llamados por Dios a colaborar políticamente al bien común, cada uno en su familia y su trabajo, como ciudadanos activos y responsables, actuando de cuantos modos les sean posibles. Pero es también indudable que para dedicarse más en concreto a la labor política el cristiano requiere una vocación especial, que sólo unos pocos reciben de Dios. Esta verdad se olvidó un tanto en los decenios postconciliares, cuando la exaltación del compromiso político de los cristianos fue máxima. Por eso Maritain vió la necesidad de recuperar la verdad perdida en este punto:
«No basta decir que la misión temporal del cristiano es de suyo asunto de los laicos. Es preciso decir también que no es asunto de todos los laicos cristianos, ¡ni mucho menos!, sino solamente de aquéllos que, en razón de las circunstancias, sienten a este respecto eso que se llama una vocación próxima. Y convendrá añadir todavía que esa llamada próxima no es bastante: que se requiere también una sólida preparación interior» (Le paysan de la Garonne, Desclée de Brouwer, París 1966, 7ª ed., 70).

2.– Virtud. Efectivamente, una sólida preparación interior. Por muchas razones evidentes «el que gobierna debe poseer las virtudes morales en grado perfecto» (Santo Tomás, Política I,10, 7). Quien se dedica a la vida política necesita tener de modo eminente virtudes decisivas que posibiliten el ejercicio honrado de su ministerio: abnegación, caridad, sabiduría, veracidad, fortaleza, justicia, prudencia, etc. Las necesita, pues, si no las tiene, su trabajo político causará necesariamente enormes daños. Necesita, pues, el político cristiano de todas estas y de otras virtudes porque en la función gubernativa 1.- representa en su medida al Señor, de quien viene toda autoridad; 2.- porque de sus actos se siguen con frecuencia muy importantes consecuencias para todo el pueblo; y 3.- porque en el desempeño de su alta misión ha de resistir tentaciones especialmente graves de soberbia, falsedad oportunista, enriquecimiento injusto, complicidades y silencios criminales, etc.
En las consideraciones que siguen hablo a veces con cierta dureza de los políticos cristianos; pero en el fondo han de ser vistos más bien con mucha compasión. Sirven muchas veces un oficio que les viene grande, y para el cual no han sido ni siquiera rudimentariamente preparados –también hay culpas de omisión en quienes no les han dado la doctrina católica sobre su altísimo ministerio–. Y les faltan las virtudes personales necesarias. Es posible que un zapatero, aunque no sea muy virtuoso, desempeñe su oficio dignamente. Pero un político cristiano, si no es muy virtuoso, ciertamente cumple su oficio de un modo indigno y gravemente perjudicial para el mundo, y sobre todo para la Iglesia. Los mayores males que vienen sobre ésta proceden muchas veces de los malos políticos cristianos.
Algo semejante le ocurre, como ya vimos, p. ej., a un neurocirujano: o es muy bueno o es muy malo. Pero aún más elocuente analogía la hallamos en la vocación del sacerdote. Su ministerio es tan alto y sagrado, es una colaboración tan importante en la obra del Salvador del Mundo, que si no la cumple muy bien, probablemente la cumplirá muy mal, al menos en algunos aspectos.

3.– Amor a la Cruz, es decir, espíritu martirial, que hace posible vivir libres del diablo y del mundo. No me alargaré en este punto, porque ya lo he tratado en varias ocasiones, por ejemplo en (19). La historia humana es una incesante y tremenda batalla entre las fuerzas de Cristo y las del Maligno, entre la luz y las tinieblas. En esta situación el cristiano, y el político de un modo especial, ha de elegir entre militar bajo la bandera de la Luz divina o militar bajo la bandera de la Mentira diabólica, imperante en el mundo, asociándose en este caso «con los dominadores de este mundo tenebroso, con los espíritus malos» (Ef 6,12). La opción es obligada, inevitable. Y no caben opciones intermedias. «Nadie puede servir a dos señores» (Mt 6,24), y menos si están en guerra.
Pues bien, el cristiano político que no tiene fuerza espiritual para tomar la cruz y seguir a Cristo, el que es incapaz de dar al mundo el testimonio de la verdad, el que está decidido a guardar su propia vida, tiene obligación gravísima de abandonar su profesión, pues si la sigue, se perderá ciertamente en la vida presente y posiblemente en la vida eterna. Por muchas que sean las argucias mentales que elabore para justificarse –no le faltarán ayudas–, su vida política es falsa y diabólica, pues se hace cómplice de quienes pretenden matar a Cristo en la sociedad y destruir su Iglesia. No es una casualidad insignificante que el patrono de los políticos católicos, Santo Tomás Moro, sea mártir.
Vende su alma al diablo, expresión popular muy profunda, el político cristiano que no pone en primer lugar el Reino de Dios y su justicia, sino la prosperidad de sí mismo y de su familia. Así no se puede servir a Cristo Rey. El que quiere guardar su vida, ciertamente la perderá. El que no se niega a sí mismo, el que no toma su cruz cada día, también en el ejercicio de la profesión política, no puede seguir a Cristo (Lc 9,23-24). Traiciona a Cristo y a la Iglesia. Vende su alma al diablo, y éste, cumpliendo el contrato, le da dominio y poder sobre su mundo. No son falsas las palabras del diablo, padre de la mentira, cuando le dice al cristiano lo que le dijo a Cristo: «te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, pues todo mo ha sido entregado y lo doy a quien quiero. Por eso si tú te postras ante mí, todo eso será tuyo» (Lc 4,6-7).

4.–Posibilidad histórica. Para que el cristiano pueda servir en el nobilísimo oficio de político necesita, pues, vocación y virtud; pero necesita también posibilidad histórica concreta. En los primeros siglos de la Iglesia, por ejemplo, apenas era posible que los cristianos, estando proscritos por la ley romana, pudieran servir en la política al bien común. Se dieron en esto algunas excepciones, pero en campos políticos reducidos y en zonas periféricas del Imperio. Y actualmente estamos en condiciones bastante semejantes.
Cuando Platón explica por qué los sabios se abstienen de los negocios públicos, acude a este símil.
Un sabio observa cómo en la calle la multitud se empapa bajo una tremenda lluvia. Por un momento piensa en salir de casa para persuadir a la gente de que se ponga a cubierto. Pero renuncia al intento, considerando que si la multitud aguanta bajo la lluvia, ello indica su estupidez, y que esa insensatez hace prever que rechazarán el consejo razonable. Decide, pues, no ir a mojarse con ellos inútilmente, y se queda en casa (República VI,496).

Santo Tomás Moro (1477-1535), años antes de llegar a ser Canciller del Reino, describe en su obra Utopía (1516) el fin que le corresponde a quien pretende afirmar políticamente la verdad y el bien donde predomina en gran medida la mentira y el mal. En el libro I de la obra, pone prudentemente su pensamiento en labios del navegante Rafael, el cual, aunque conoce la sabiduría de los utopianos, se niega a aceptar cargos políticos, alegando:
–«si dijera esto y otras cosas semejantes, a los encarnizados partidarios de métodos totalmente opuestos, ¿no sería como hablar a los sordos?». Moro lo reconoce en parte, pero arguye:
–«Aunque no podáis desarraigar las opiniones malvadas ni corregir los defectos habituales, no por ello debéis desentenderos del Estado y abandonar la nave en la tempestad porque no podáis dominar los vientos… Hace falta que sigáis un camino oblicuo, y que procuréis arreglar las cosas con vuestras fuerzas, y, si no conseguís realizar todo el bien, esforzáos por lo menos en menguar el mal». Estas palabras –la aspiración habitual de ciertas políticas: el mal menor– no convencen a Rafael:
–«De esta manera, sólo puede acaecer que, al dedicarme a cuidar la locura de los demás, me vuelva loco como ellos. Cuando deseo decir verdades, se me hace necesario decirlas. No sé si el decir mentiras sea propio de un filósofo, pero ciertamente no lo es para mí. Si debemos pasar en silencio, como si se tratase verdaderamente de cosas raras y absurdas, todo lo que las pervertidas costumbres de los hombres hacen considerar inoportuno, será preciso que ocultemos de los ojos de los cristianos la mayor parte de lo que Cristo enseñó y prohibió, todas aquellas cosas que Él susurró a oídos de los suyos, mandándoles que las proclamasen desde las azoteas. La mayor parte de ellas difiere mucho de la manera de vivir actual.
«En verdad, parece que los predicadores, gente sutil, siguieron vuestros consejos: viendo que los hombres se plegaban difícilmente a las normas establecidas por Cristo, las han acomodado a las costumbres, como si éstas fuesen una regla de plomo, para poder conciliarlas de alguna manera. Pero no veo que con ello se haya adelantado nada, a no ser que se pueda obrar el mal con mayor tranquilidad.
«Tampoco sería yo de ninguna utilidad en los consejos de los príncipes, ya que si opinase de manera diferente de la mayoría sería como si no opinase; y si opinase de igual manera, sería auxiliar de su locura. No distingo el fin de vuestro camino oblicuo, según el cual decís que hay que procurar, a falta de poder realizar el bien, evitar el mal por todos los medios posibles. No es aquel [el Consejo del Rey] lugar para disimulos, ni es posible cerrar los ojos. Se hace preciso aprobar allí las peores decisiones y suscribir los decretos más pestilentes. Y pasa por espía, por traidor casi, quien no hace elogio de medidas malignamente aconsejadas. Así pues, no hay ocasión de realizar ninguna acción benéfica, ya que es más probable que el mejor de los hombres sea corrompido por sus colegas [políticos], que no que les corrija, ya que el perverso trato con éstos o bien le deprava o le obliga a disfrazar su integridad e inocencia con la maldad y la necedad ajenas. Tan lejos está, pues, de obtener el resultado propuesto con vuestro camino oblicuo» (56-61).

Tomás Moro escribía esas reflexiones en 1516, describiendo anticipadamente su propia muerte. Recordemos algunas fechas. Fue nombrado Lord Canciller de Inglaterra en 1529. Dimitió de su cargo y se retiró al campo en 1532, queriendo marginarse de las decisiones perversas del rey Enrique VIII, en las que no quería comprometer su conciencia. Y finalmente, en 1535, su santa cabeza, por ser incapaz de aprobar los crímenes del rey, fue violentamente separada de su cuerpo en la Torre de Londres. San Juan Fisher(1469-1535), Obispo de Rochester y Cardenal, le precedió unos días antes en el mismo camino del martirio. Los demás Obispos ingleses, antes que ser mártires y dejar a su pueblo sin Pastores sagrados, prefirieron tomar el camino del cisma y de la herejía, conservando así, de paso, su cabeza y sus bienes.

5.– Conocimientos. Para ser un buen político no bastan las virtudes morales, sino que se requieren una serie de conocimientos históricos, religiosos y jurídicos, sociales y económicos, así como otras habilidades prácticas, que no pueden darse por supuestos. Aunque en la vida política muchas veces se estime otra cosa, no vale aquella norma de que en el combate «la falta de armas se suplirá con valor».
He dicho antes que el político necesita tener en alto grado las virtudes; pero no se olvide aquí que la posesión de un hábito virtuoso no implica necesariamente la facilidad para ejercitarlo, ya que pueden darse factores extrínsecos que impiden ese ejercicio o pueden faltar aquéllos que son necesarios (STh I-II,65, 3). Por muy virtuoso que sea un cristiano, mal podrá servir la acción política si no sabe expresarse bien, si le falla la salud, o sobre todo si carece de la formación suficiente. Necesita poseer un nivel suficiente de conocimientos y de cualidades personales.

6.– Conocimiento de la doctrina política de la Iglesia, y fidelidad a ella. Los políticos cristianos, por otra parte, para servir realmente al bien común de la sociedad, impregnándola cuanto sea posible de Evangelio, necesitan conocer y seguir la doctrina católica acerca de la vida política. Si en su pensamiento y en su actividad política se guían por los criterios del siglo, ellos serán sin duda alguna los más eficaces aliados del diablo, Príncipe de este mundo.
De estos seis puntos quiero destacar el tercero,  el amor a la Cruz, al Crucificado salvador: es lo único que puede hacer a los políticos libres del diablo, del mundo y de sí mismos, y servidores fieles de Cristo y de los hombres. Actualmente, en los niveles más altos de la política, la evitación semipelagiana del martirio ha llegado a frenar casi totalmente la acción propia de los políticos católicos. Concretamente, en las naciones de Occidente de antigua filiación cristiana nunca la Iglesia ha tenido menos influjo que hoy en la configuración política de leyes y gobiernos.


CATOLICOS Y POLÍTICA - 3


Los laicos que se implican especialmente en la vida política deben conocer bien la doctrina de la Iglesia sobre la política ¡y vivirla con fidelidad! Si en tema tan grave y complejo se guían por los criterios del mundo, ellos vendrán a ser, sin duda, los principales y más eficaces aliados del diablo, el Príncipe de este mundo. Habrán vendido su alma al diablo.
La Iglesia católica tiene una excelente doctrina política, que es ignorada no poco en nuestro tiempo. Es verdad que en los últimos decenios ha sido escasamente predicada, y como «la fe es por la predicación» (Rm 10,17), eso explica que sea ignorada incluso por buenos católicos
También es verdad que después del Vaticano II apenas se han producido grandes documentos de la Iglesia sobre la doctrina política. Si consultamos, por ejemplo, los Documentos políticos del Magisterio eclesial, publicados por la Biblioteca de Autores Cristianos (1958, nº 174), comprobamos que esta antología, en un período de unos cien años (1846 -1955), es decir, entre Pío IX y Pío XII, incluye 59 documentos, de los cuales una buena parte son encíclicas. En cambio, durante la segunda mitad del siglo XX y hasta hoy la Iglesia apenas ha publicado documentos políticos.

En nuestro tiempo el Magisterio apostólico ha publicado numerosos documentos sociales, llamando también al compromiso político de los cristianos. Pero aparte de algún discurso ocasional –en la ONU, por ejemplo–, se ha propuesto muy escasamente la doctrina política de la Iglesia católica. Algunas verdades se han recordadp al paso, por ejemplo, en la encíclica Centesimus Annus (1991: 44-48). Y también al paso Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium vitæ (1995: 20-24, 69-77), reafirma varios principios doctrinales de política, hoy muy olvidados, e incluso negados, por los católicos que viven en regímenes democráticos. El documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política (24-XI-2002), es una Nota breve, que se limita a «recordar algunos principios propios de la conciencia cristiana, que inspiran el compromiso social y político de los católicos en las sociedades democráticas». También han de tenerse en cuenta las precisiones que Benedicto XVI hace en su encíclica Deus caritas est (2005) sobre las relaciones entre política y fe, entre justicia y caridad (n.28-29)

Los Pastores sagrados enfrentan hoy con frecuencia cuestiones morales concretas de la vida política. Educación, divorcio, justicia social, medios de comunicación, moralidad de ciertas leyes, etc., son objeto frecuente de su ministerio docente. Otras cuestiones concretas hay en las que la iluminación de la Iglesia resulta insuficiente, y a veces incluso contradictoria entre unos y otros Obispos: objeción de conciencia, participación de los fieles en grandes partidos liberales, o apoyo a partidos mínimos de inspiración cristiana, obediencia o resistencia a leyes injustas, dar o no la comunión eucarística a políticos católicos infieles, etc. Falta al pueblo cristiano con relativa frecuencia una respuesta clara y unánime a cuestiones a veces muy graves. No hay criterios claros y unánimes sobre cómo el pueblo cristiano debe vivir políticamente en Babilonia. Más aún: son muchos los que aún no se han enterado de que estamos viviendo en Babilonia. Quieren mantener a toda costa una actitud positiva y optimista ante el mundo moderno, al que no le niegan, ciertamente, «algunos errores». Pero en definitiva, no quieren estar en una oposición radical, sino con el gobierno o como alternativa de gobierno.

Por el contrario, el juicio pastoral explícito del mismo sistema político vigente suele ser escaso. Esto es así sobre todo cuando se trata de regímenes democrático liberales, pues sobre los gobiernos totalitarios suele hacer la Iglesia discernimientos más fuertes y claros. Quizá los Pastores, al no haber coincidencias suficientes en el juicio de las democracias modernas, en cuanto tales, prefieren mantenerse en el silencio. En todo caso, parece evidente que tanto entre los Pastores como en el pueblo católico falta hoy en las cuestiones políticas la unidad suficiente de pensamiento, que haría posible una acción unitaria y eficaz.
Por eso muchos pensamos que la doctrina política de la Iglesia, elaborada de mediados del siglo XIX a mediados del XX, está urgentemente necesitada 1.-de confirmación y 2.-de desarrollo. Eso exigiría grandes Encíclicas, más de una, y probablemente la celebración de un Concilio. Recordaré aquí, «mientras tanto», unos cuantos principios fundamentales de la doctrina católica sobre la política, señalando también los errores que la impugnan. Son principios que deberían estar incluidos en los Catecismos para niños y adolescentes. Si no los conocen, de mayores pensarán como sus padres, que en gran parte piensan sobre estos temas según el mundo, no según Dios (Mc 8,33).

1º.–La autoridad política de los gobernantes viene de Dios, esté ella constituída por herencia dinástica, por votación mayoritaria de una democracia orgánica o partitocrática, por acuerdo entre clanes o siguiendo otros modos lícitos. No hay autoridad que no provenga de Dios, pues cuantas existen por Dios han sido establecidas. Consecuentemente, la obediencia a las autoridades políticas legítimas debe prestarse «en conciencia» (Rm 13,1-7; 1Pe 2,13-17).

2º.–Las leyes civiles tienen su fundamento en la ley natural, en un orden moral objetivo, instaurado por Dios, Creador y Señor de toda la creación, también de la sociedad humana. De otro modo, es inevitable el positivismo jurídico, propio del liberalismo, que lleva necesariamente alrelativismo moral. Ese árbol malo solo produce frutos podridos: tantas leyes actuales perversas, caminos de perdición, la interna división de los pueblos en trozos partidos contrapuestos, el bien ganado menosprecio de los gobernantes y de sus leyes. Muchas encuestas nos aseguran que los políticos son hoy los profesionales menos apreciados de todos los gremios de la sociedad.
El liberalismo niega totalmente esos dos principios. Todos los derivados políticos delliberalismo son hijos naturales suyos –democracia liberal, totalitarismos socialistas o comunistas, nazis o fascistas, dictaduras de un partido único o de líderes populares, etc.–, todos, como bien advirtió Pio XI (Divini Redemptoris 1937). Y todos, el liberalismo y todos sus hijos, aunque en modos diversos, niegan frontalmente que la autoridad política venga de Dios, y que las leyes positivas sólamente sean válidas si se fundamentan en el orden moral natural.
En mi opinión, el término de liberalismo, consagrado por el Magisterio apostólico, debe mantenerse –y se mantiene (38)–, porque es más exacto que otros equivalentes. El naturalismo es palabra sin sentido en los sistemas modernos que niegan un orden natural. Hablar de política racionalista es inadecuado, cuando quienes la propugnan niegan a la razón el poder de llegar a conocimientos objetivos de la verdad. Y el laicismo es término muy equívoco, pues laicos son precisamente los católicos.
El liberalismo fundamenta la autoridad de los gobernantes exclusivamente en el hombre, en su libertad –la soberanía popular, la mayoría de los votos, el partido único o el gran jefe popular o dinástico–. Las leyes, igualmente, se apoyan sólo en el hombre –«seréis como dioses, conocedores [determinadores] del bien y del mal» (Gén 3–), en una mayoría de votos, en un partido carismático, en lo que sea, pero siempre en un positivismo jurídico absoluto, en un relativismo cambiante que rechaza la soberanía de Dios y a veces su misma existencia, y que no mantiene sujeción alguna a los presuntos valores morales de un orden natural objetivo.
El liberalismo es, pues, un ateísmo práctico (León XIII,1888, Libertas: 1,11,24). Ya en 1864 describía el papa Pío IX este ateísmo político y moral, según el cual «la razón humana, sin tener para nada en cuenta a Dios, es el único árbitro de lo verdadero y de lo falso, del bien y del mal; es ley de sí misma; y bastan sus fuerzas naturales para procurar el bien de los hombres y de los pueblos» (Syllabus 3).

Por el contrario, numerosos documentos de la Iglesia, especialmente entre 1850 y 1950, rechazan esa doctrina y, con toda exactitud, comprobada históricamente en nuestro tiempo, anuncian las nefastas consecuencias que traerá consigo su aplicación práctica. En ese mismo sentido, el concilio Vaticano II afirma que es completamente falsa «una autonomía de lo temporal que signifique que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarlasin referencia a Dios» (GS 36). En efecto, hay que «rechazar la funesta doctrina que pretende construir la sociedad prescindiendo en absoluto de la religión» (LG 36).
Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium vitæ, denuncia que «en la cultura democrática de nuestro tiempo se ha difundido ampliamente la opinión de que el ordenamiento jurídico de una sociedad debería limitarse a percibir y asumir las convicciones de la mayoría y, por tanto, basarse sólo sobre lo que la mayoría misma reconoce y vive como normal», sea ello lo que fuere.
Según esto, «la responsabilidad de la persona se delega en la ley civil, abdicando de la propia conciencia moral, al menos en el ámbito de la acción pública» (69). La raíz de este proceso está en el relativismo ético, que algunos consideran «como una condición de la democracia, ya que sólo él garantiza la tolerancia, el respeto recíproco entre las personas y la adhesión a las decisiones de la mayoría; mientras que las normas morales, consideradas objetivas y vinculantes, llevarían al autoritarismo y a la intolerancia» (70). «De este modo [por la vía del relativismo liberal] la democracia, a pesar de sus reglas, va por un camino de totalitarismo fundamental» (20). Y a él ha llegado ya, pues «en los mismos regímenes participativos la regulación de los intereses se produce con frecuencia en beneficio de los más fuertes, que tienen mayor capacidad para maniobrar no sólo las palancas del poder, sino incluso la formación del consenso. En una situación así, la democracia se convierte fácilmente en una palabra vacía» (70).
«Para el futuro de la sociedad y el desarrollo de una sana democracia, urge, pues, descubrir de nuevola existencia de valores humanos y morales esenciales y originarios, que derivan de la verdad misma del ser humano y expresan y tutelan la dignidad de la persona. Son valores, por tanto, que ningún individuo, ninguna mayoría y ningún Estado nunca pueden crear, modificar o destruir, sino que deben sólo reconocer, respetar y promover» (71; cf. también Nota 2002, 2-4).
La batalla de Benedicto XVI contra el relativismo comenzó en el mismo inicio de su pontificado. Y la mantiene hasta hoy: «todos los hombres están llamados a reconocer las exigencias de la naturaleza humana inscritas en la ley natural y a inpirarse en ella para formular leyes positivas, que rijan la vida en la sociedad. Si se niega la ley natural, se abre el camino al relativismo ético y al totalitarismo» (16-VI-2010).

Los católicos liberales son círculos cuadrados. Muchos políticos cristianos de Occidente han aceptado el ateísmo práctico del liberalismo en la vida política, primero como hipótesis prudencial de gobierno, y hace ya tiempo como tesis. Y a pesar de que profesan «la funesta doctrina que pretende construir la sociedad prescindiendo en absoluto de la religión» (LG 36), sin embargo, se atreven incluso a fundamentar su posición anti-cristiana en la doctrina del Vaticano II. Pero el concilio enseña justamente lo contrario: enseña «el deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo» (DH 1). Y manda, sobre todo a los fieles católicos, que «en cualquier asunto temporal deben guiarse por la conciencia cristiana, dado que ninguna actividad humana, ni siquiera en el dominio temporal, puede sustraerse al imperio de Dios» (LG 36).
Los católicos que militan en un partido liberal, aunque tenga éste cierta inspiración cristiana, jamás pronuncian en público la palabra Dios, que viene a ser el Innombrable, algo próximo al Inexistente. Toda alusión a Dios debe ser evitada sistemáticamente en la moderna vida política, pues es contraria a la unidad y la paz entre los ciudadanos, y es causa probable de separación y enfrentamientos. El bien común político, por tanto, ha de ser procurado «como si Dios no existiera». Y la fe personal que puedan tener los políticos cristianos debe quedar silenciada y relegada absolutamente a su vida privada.
La Constitución Española de 1978 es agnóstica, y por tanto liberal. Ya en su mismo inicio establece que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» (Constitución española, 1978, art. 1,2). Esa soberanía popular puede entenderse de muchos modos, pero en su significación más obvia puede hacer lícito y constitucional el aborto, el divorcio rápido sin causa, el «matrimonio» homosexual, la eutanasia, la poligamia y todo aquello que los poderes del Estado, fundamentados en la soberanía del pueblo español, estimen en cada momento conveniente para el bien común, pues prescinde por sistema de toda referencia a Dios, a la ley natural y también a la tradición histórica nacional.
Don Marcelo, Cardenal González Martín, antes del referéndum sobre la Constitución, advertía que el texto, en temas de suma importancia –matrimonio, familia, aborto, divorcio, educación, medios de comunicación, etc.– quedaba abierto, o insuficientemente cerrado, a enormes crímenes legales, destructores de la nación (28-XI-1978). Y sus previsiones se han cumplido. Y seguirán cumpliéndose.

«Estimamos muy grave proponer una Constitución agnóstica a una nación de bautizados, de cuya inmensa mayoría no consta que haya renunciado a su fe. El nombre de Dios, es cierto, puede ser invocado en vano. Pero su exclusion puede ser también un olvido demasiado significativo». Un silencio que explica «la falta de referencia a los principios supremos de ley natural o divina. La orientación moral de las leyes y actos de gobierno queda a merced de los poderes públicos turnantes». Y advierte finalmente: «Cuando por todas partes se perciben las funestas consecuencias a que está llevando a los hombres y a los pueblos el olvido de Dios y el desprecio de la ley natural, es triste que nuestros ciudadanos católicos se vean obligados a tener una opción que, en cualquier hipótesis, puede dejar intranquila su conciencia»: si la aceptan, por ir contra la conciencia; y si la rechazan, por verse como causas de división. Pero «la división no la introducen ellos, sino el texto presentado a referéndum».
Quienes, por gracia de Dios, colaboramos un tiempo, aunque breve, con Don Marcelo sabemos bien que no le importaba nada quedarse solo en algunas cuestiones. En este caso concreto, tenía claro que el Magisterio de la Iglesia estaba con él. Pocos años antes, en 1961, había escrito el papa Juan XXIII en la Mater et Magistra (217):
«La insensatez más caracterizada de nuestra época consiste en el intento de establecer un orden temporal sólido y provechoso sin apoyarlo en su fundamento indispensable, o, lo que es lo mismo, prescindiendo de Dios; y querer exaltar la grandeza del hombre cegando la fuente de la que nace y se alimenta, esto es, obstaculizando y, si fuera posible, aniquilando la tendencia innata del alma hacia Dios. Los acontecimientos de nuestra época, sin embargo, que han cortado en flor las esperanzas de muchos y arrancada lágrimas a no pocos, confirman la verdad de la Escritura: “si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles” (Sal 127,1)».

Católicos y Política - 4


"...Los cristianos no deben dar su voto a partidos políticos que producen leyes criminales o que las mantienen vigentes, pudiendo derogarlas. Y menos aún deben militar en esos partidos, aunque ello les prive de grandes ventajas sociales y económicas. Por el contrario, ellos están obligados a denunciar la inmoralidad de esos partidos, deben combatirlos, desenmascararlos –si están disfrazados– y desprestigiarlos por todos los medios lícitos y legales..."

Los paganos tienen mucha más verdad que los cristianos apóstatas. Y esto podría expresarse con la ayuda de una parábola.
A un perro muy listo, por medio de una operación cerebral maravillosa, le es infundido el espíritu humano, y llega así a la inteligencia de la razón y a la libertad de la voluntad. Un día, sin embargo, abrumado por las responsabilidades propias de su nueva condición inteligente y libre, exige que le retiren el espíritu humano. Pero entonces no recupera sus habilidades animales: ya no distingue por el olfato si un alimento es bueno o no, ya no sabe encontrar el camino de regreso a la casa de su amo… Viene a ser un animal excepcionalmente tonto, porque habiendo sido llamado a vivir según la razón, ha renunciado a ésta, y ahora no le funciona ni la razón, ni el instinto animal.
De modo semejante, la razón del pagano se ilumina al máximo cuando por la la fe alcanza la vida cristiana, llegando a ser «nueva criatura» (2Cor 5,17; Ef 2,15). Pero si se hunde voluntariamente en la apostasía, viene a ser un hombre excepcionalmente imbécil, que habiendo renunciado a la luz de la fe, apenas tiene uso de razón. Eso explica, por ejemplo, que la filosofía haya muerto en Occidente.

Los Estados modernos, antes cristianos y ahora apóstatas, han quedado idiotizados, y generan continuamente leyes gravemente injustas, peores que las de los Estados paganos. No se rigen por la fe, pero tampoco por la razón, pues se les ha atrofiado. «Alardeando de sabios, se hicieron necios» (Rm 1,22). Cuando consideramos el pensamiento de los antiguos filósofos paganos –Platón, Aristóteles, Cicerón, Marco Aurelio– vemos que, aunque no libres de errores, tenían uso de razón, pensaban y enseñaban doctrinas filosóficas y morales incomparablemente más verdaderas que las que hoy rigen los naciones apóstatas. Corruptio optimi pessima. Éstas han llegado a cumbres de imbecilidad e ignominia nunca alcanzadas por los pueblos paganos. El Derecho Romano era más justo, más conforme al sentido común y a la naturaleza humana, que el que hoy rige las naciones modernas. Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.), por ejemplo, llega a conocer y a enseñar que hay una ley eterna, que rige al mundo por la ley natural, en la que ha de fundamentarse toda ley positiva promulgada por los hombres:

«La opinión de los hombres más sabios ha sido que la Ley no es un producto del pensamiento humano, ni una promulgación de los pueblos, sino algo eterno, que rige el universo entero mediante su sabiduría, que manda y prohíbe» (De legibus 2.4.8). Unas leyes dictadas por el pueblo (plebs), si se oponen a ese orden supremo permanente, «no merecen más ser llamadas leyes que las reglas acordadas por una banda de ladrones en su asamblea» (2.5.13). «El colmo de la estupidez es creer que todo lo que se halla en las costumbres o en las leyes de las naciones es justo» (1.14.42).

Se apagaron estas luces en el mundo de la apostasía occidental moderna. Ya los políticos no tienen uso de razón, y «resisten a la verdad, como hombres de entendimiento corrompido» (2Tim 1,7). Generan cada vez más leyes, y cada vez peores. Y los cristianos liberales dedicados a la política, haciéndose sus cómplices, silencian sistemáticamente a Dios y al orden natural –si es que los conocen–, y entran así con ellos en la densa oscuridad del poder de las tinieblas. ¿Qué habrán de hacer entonces los cristianos ante las leyes perpetradas por el gran Leviatán de los Estados modernos, sean totalitarios, sean liberales?

3º.– Las leyes injustas deben ser resistidas. El hombre se perfecciona obedeciendo las leyes lícitas de las autoridades civiles legítimas, porque con esa obediencia cívica «obedece a Dios» (1Pe 2,13-17; Rm 13,1-7) y colabora al bien común de los ciudadanos. Por el contrario, cuando el ciudadano obedece leyes criminales se embrutece y degrada, se hace cómplice de graves maldades, y para evitar el martirio, la Cruz de la Verdad, vende su alma al diablo, y da culto idolátrico a los hombres malvados que le están sujetos. De este modo, «sirve a las criaturas, en lugar de al Creador, que es bendito por los siglos. Amén» (Rm 1,25).
La Iglesia ofrece en su historia un gran ejemplo tanto de obediencia cívica, en cuanto ella es debida, como de resistencia pasiva hasta la muerte, en el caso de los mártires, cuando la obediencia se hace iniquidad. En efecto, son innumerables los ejemplos de los mártires cristianos, que antes que ser infieles a su Señor y a su conciencia, han resistido y resisten heroicamente las leyes injustas, arrostrando la cárcel, el destierro, el despojamiento de sus bienes o la muerte. Y no olvidemos que de los 70 millones de cristianos que han sido mártires en la historia de la Iglesia, 45’5 lo fueron en el siglo XX, un 65 % (Antonio Socci, I nuovi perseguitati. Indagine sulla intolleranza anticristiana nel nuovo secolo del martirio, Piemme 2002, 159 pgs.)

La Iglesia católica siempre ha mandado que no sean obedecidas las leyes injustas. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que «el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio» (2242). Estas enseñanzas se han multiplicado, lógicamente, desde la Revolución Francesa, desde la apostasía de las naciones de antigua filiación cristiana, al iniciarse los Estados liberales y posteriormente de los Estados totalitarios, unos y otros anticristianos, sin Dios y sin orden natural.
–Contra los modernos Estados liberales recuerdo la doctrina de León XIII:
«Todas las cosas en las que la ley natural o la voluntad de Dios resultan violadas no pueden ser mandadas ni ejecutadas… pues “es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Mt 22,21). Y los que así obran no pueden ser acusados de quebrantar la obediencia debida, porque si la voluntad de los gobernantes contradice la voluntad y las leyes de Dios, los gobernantes rebasan el campo de su poder y pervierten la justicia. Ni en este caso puede valer su autoridad, porque esta autoridad, sin la justicia, es nula» (1892, Nôtre consolation 17; cf. 1881, Diuturnum illud 11; 1888,Libertas 10, 21; 1892, Au milieu des sollicitudes 31-32).
–Contra los modernos Estados totalitarios, recuerdo la enseñanza de Pío XI, sobre todo las grandes encíclicas Mit brennender Sorge (1937), contra el nazismo, y la Divini Redemptoris(1937), sobre el comunismo ateo. La enseñanza pontificia contra el nazismo tiene hoy especial vigencia en el marco de aquellas democracias liberales que invaden la sociedad, produciendo, una tras, otras leyes criminales:
Ha de considerarse siempre el «derecho natural, impreso por el mismo Creador en las tablas del corazón humano, y que la sana razón humana, no oscurecida por pecados y pasiones, es capaz de descubrir. A la luz de las normas de este derecho natural puede ser valorado todo derecho positivo, y consiguientemente la legitimidad del mandato y la obligación de cumplirlo. Las leyes humanas que están en oposición insoluble con el derecho natural adolecen de un vicio original que no puede subsanarse» con nada (Mit brennender 35).

Concretamente, las leyes acerca de la educación que estén «en contradicción con el derecho natural son íntima y esencialmente inmorales». «Es deber de todo creyente separar claramente su responsabilidad de la parte contraria, y su conciencia de toda pecaminosa colaboración en tan nefasta destrucción».
Es preciso, pues, que los ciudadanos resistan las leyes injustas, «si es que no se quiere que sobrevenga una ingente catástrofe o una decadencia indescriptible» (22)… las consecuencias del nazismo, y hoy de las democracias liberales. «Fomentar el abandono de las directrices eternas de una doctrina moral objetiva para la formación de las conciencias y para el ennoblecimiento de la vida en todos sus planos y ordenamientos, es un atentado criminal contra el porvenir del pueblo, cuyos tristes frutos será muy amargos para las generaciones futuras».

En este marco socio-político tan degradante, el Papa expresa su gratitud y admiración por aquellos cristianos que, por ser fieles a su conciencia, «se han hecho dignos de sufrir por la causa de Dios sacrificios y dolores». «Con presiones ocultas y manifiestas, con intimidaciones, con perspectivas de ventajas económicas, profesionales, cívicas o de otra especie, la adhesión de los católicos a su fe –y singularmente la de algunas clases de funcionarios católicos– se halla sometida a una violencia tan ilegal como inhumana. Nos, con paterna emoción, sentimos y sufrimos profundamente con los que han pagado a tan caro precio su adhesión a Cristo y a la Iglesia; pero se ha llegado ya a tal punto, que está en juego el último fin y el más alto, la salvación o la condenación».
Santo Tomás de Aquino enseña que las leyes criminales, al ir contra Dios y el orden natural, son pseudo-leyes, no son propiamente leyes: «son más violencias que leyes, porque, como dice San Agustín, “la ley, si no es justa, no parece que sea ley”» (STh I-II,96). Obedecer esas pseudo-leyes podrá salvar nuestro cuerpo, nuestros intereses temporales, pero perderá nuestra alma. Deben ser en conciencia desobedecidas, resistidas, sin darles cumplimiento, pues de otro modo nos haríamos cómplices de maldades criminales. Veámoslo en algunas situaciones concretas.

Las obligaciones legales no eximen a los cristianos de sus obligaciones morales de conciencia, cuando son obligaciones que se contraponen. Pongo solamente dos ejemplos:
Un Jefe del Estado no debe en conciencia firmar una ley criminal sobre el aborto, aunque esté obligado a ello por la Constitución. Con su acción estaría colaborando en la producción de un mal gravísimo de forma voluntaria, directa y premeditada. La obligación legal que tiene de hacerlo de ningún modo le exime de la obligación moral personal a la hora de firmar una ley homicida y repugnante.

Un médico de ningún modo debe procurar un aborto, aunque la ley le obligue a hacerlo. Ya sabemos –en este caso segundo con más certeza–, que la misma ley canónica de la Iglesia considera gravemente inmoral la participación de médicos y enfermeras en abortos, y la obligación legal que pudiera exigirles esa acción criminal, no les exime de la excomunión automática, latæ sententiæ. Algo semejante, mutatis mutandis, habrá que decir de funcionarios obligados legalmente a celebrar «matrimonios» homosexuales, de maestros y profesores obligados legalmente a enseñar doctrinas falsas, gravemente nocivas, etc.

Y no basta con desobedecer las leyes injustas; hay que combatirlas con todas las fuerzas, procurando su derogación en todos los modos posibles: reuniones de oración, campañas de opinión, actos legítimos de desobediencia civil, manifestaciones públicas, recogida de firmas para un referéndum, publicación de artículos en los medios de comunicación, huelgas, congresos y actos que tengan difusión mediática, etc. Y aún más:
Los cristianos no deben dar su voto a partidos políticos que producen leyes criminales o que las mantienen vigentes, pudiendo derogarlas. Y menos aún deben militar en esos partidos, aunque ello les prive de grandes ventajas sociales y económicas. Por el contrario, ellos están obligados a denunciar la inmoralidad de esos partidos, deben combatirlos, desenmascararlos –si están disfrazados– y desprestigiarlos por todos los medios lícitos y legales. La Nota doctrinal ya aludida de la Congregación de la Fe (24-XI-2002) lo enseña claramente:

«La conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral… El compromiso político a favor de un aspecto aislado de la doctrina social de la Iglesia no basta para satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del bien común en su totalidad… Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, en efecto, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona. Éste es el caso de las leyes civiles», sigue diciendo la Nota, en materias como aborto y eutanasia, falsificación grave del matrimonio y la familia, educación de los hijos, tutela de menores, esclavitud, libertad religiosa, economía al servicio de la justicia social, el valor de la paz.

Todos los gobiernos son «intrínsecamente perversos» si prescinden de Dios y del orden moral natural y objetivo. Cuando trate yo de los diversos regímenes políticos, comprobaremos que esa perversión puede darse y se da en totalitarismos comunistas o nazis, en democracias liberales, en dictaduras de partidos únicos o de líderes populares. A todas esas formas de gobierno son aplicables las palabras que Pío XI refiere al comunismo marxista:
«Procurad, venerables hermanos, con sumo cuidado que los fieles no se dejen engañar. El comunismo es intrínsecamente perverso (“communismus cum intrinsecus sit pravus”), y no se puede admitir que colaboren con el comunismo en terreno alguno los que quieren salvar de la ruina la civilización cristiana» ¡y el bien común de los pueblos! Y aún Pío XI añade una profecía, que ha tenido y tiene cumplimiento: «Cuanto más antigua y luminosa es la civilización creada por el cristianismo en las naciones en que el comunismo logre penetrar, tanto mayor será la devastación que en ellas ejercerá el odio del ateísmo comunista» (1737, Divini Redemptoris 60).

También la guerra puede ser lícita para combatir leyes y gobiernos injustos, que llevan a un pueblo a la degradación moral y a la ruina. Pío XI en la encíclica Firmissimam constantiam, dirigida a los Obispos de México, siguiendo la doctrina tradicional, enseña que «cuando se atacan las libertades originarias del orden religioso y civil, no lo pueden soportar pasivamente los ciudadanos católicos» (1937: Denzinger nn.3775-3776). Y en ese texto indica las condiciones necesarias para que sea lícita una resistencia activa y armada. Es la enseñanza actual que expone el Catecismo de la Iglesia Católica:
«La resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas sino cuando se reúnan las condiciones siguientes: 1) en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales; 2) después de haber agotado todos los otros recursos; 3) sin provocar desórdenes peores; 4) que haya esperanza fundada de éxito; 5) si es imposible prever razonablemente soluciones mejores» (2243).

Es indudable, por ejemplo, que un gobierno que promueve y financia cientos de miles de abortos, y que convierte en «derecho» esos asesinatos, comete «violaciones ciertas, graves y prolongadas de derechos fundamentales de los ciudadanos», concretamente de los más pobres e inválidos, de los más necesitados de protección legal. Y también es indudable que pueden darse y se han dado circunstancias históricas en las que el pueblo cristiano debe en conciencia levantarse en armas y «echarse al monte», como los Macabeos, arriesgando con ello sus vidas y sus bienes materiales por la causa de Dios y por el bien común de la nación. Pero actualmente, por el contrario, casi nunca pueden darse en las naciones las otras condiciones exigidas para un lícito levantamiento del pueblo en armas. Son naciones tan sujetas al gobierno del Príncipe de este mundo, Satanás, que es casi imposible que se den en ellas las condiciones 3ª y 4ª.
De otras graves cuestiones, como el martirio, la objeción de conciencia, los combates jurídicos, las asociaciones católicas sociales y políticas, etc., hablaré, con el favor de Dios, al final de esta serie, cuando trate más directamente de qué debemos hacer hoy los católicos en la vida política. Ahora estoy exponiendo los principios doctrinales de la Iglesia en materia política.


Católicos y Política - 5


No siempre es posible lograr una coincidencia entre el orden moral y el orden legal de la ciudad secular, sobre todo en aquellas naciones en las que la mayoría de los ciudadanos, al menos en cuestiones políticas, son culturalmente liberales. El 'malminorismo' y la 'tolerancia'.
Continúo exponiendo los principios fundamentales de la Iglesia en su doctrina sobre la política. Lógicamente la síntesis que presento, se apoya sobre todo en los documentos que tratan del tema con mayor fuerza magisterial: encíclicas monográficas –todas anteriores al último Concilio–  Vaticano II, Catecismo de la Iglesia y otros documentos actuales importantes. Ya he expuesto que
1º,–la autoridad política de los gobernantes viene de Dios;
2º.– que las leyes civiles tienen su fundamento en la ley natural, en un orden moral objetivo, y que
3º.– hay que desobedecer las leyes injustas y combatirlas. Sin embargo, la doctrina política de la Iglesia tiene también en cuenta
4º.–el principio de la tolerancia y del mal menor. No siempre es posible lograr una coincidencia entre el orden moral y el orden legal de la ciudad secular, sobre todo en aquellas naciones en las que la mayoría de los ciudadanos, al menos en cuestiones políticas, son culturalmente liberales, y se rigen sin referencia alguna a Dios y al orden natural. Cuando se produce históricamente esta realidad socio-política lamentable, los cristianos no deben conformarse de modo derrotista con los males vigentes, como si fueran éstos insuperables, pero tampoco deben pretender una cristianización total e inmediata de la sociedad, en la que sólo se admitan aquellas leyes perfectamente conformes con la razón natural y el Evangelio. Los cristianos, con sano realismo, han de procurar el bien común con todas sus fuerzas, pero al mismo tiempo deben reconocer el principio de la tolerancia en ciertas cuestiones.

Una formulación precisa del principio católico tradicional de la tolerancia y del mal menor la hallamos en Santo Tomás, que enseña la razón más profunda de ese principio:
“Dios, aunque es omnipotente y sumamente bueno, permite que sucedan males en el universo, pudiéndolos impedir, para que no sean impedidos mayores bienes o para evitar males peores. De igual manera, los que gobiernan en el régimen humano rectamente toleran algunos males para que no sean impedidos otros bienes o para evitar males peores". Y cita a San Agustín, que consideraba prudente no eliminar la prostitución (STh II-II,10,11). Los burdeles han sido llamados “casas de tolerancia".
En la encíclica Libertas (1888, n.23) reafirma León XIII ese mismo principio, y añade:
«Cuanto mayor es el mal que a la fuerza debe ser tolerado por un Estado, tanto mayor es la distancia que separa a este Estado del mejor régimen político. De la misma manera, al ser la tolerancia del mal un postulado propio de la prudencia política, debe quedar estrictamente circunscrita a los límites requeridos por la razón de esa tolerancia, esto es, el bien público. Por este motivo, si la tolerancia daña al bien público o causa al Estado mayores males, la consecuencia es su ilicitud, porque en tales circunstancias la tolerancia deja de ser un bien…
«En lo tocante a la tolerancia, es sorprendente cuán lejos están de la prudencia y de la justicia de la Iglesia los seguidores del liberalismo. Porque al conceder al ciudadano en todas las materias una libertad ilimitada [leyes, p. e., que legalizan el divorcio, el aborto, las parejas homosexuales, la eutanasia], pierden por completo toda norma y llegan a colocar en un mismo plano de igualdad jurídica la verdad y la virtud con el error y el vicio» (23).

–El principio de la tolerancia es mal entendido cuando se aleja del sano realismo, antes aludido, y entra de lleno en un realismo morboso, que no sólamente produce leyes imperfectas, sino que origina leyes injustas, criminales, contrarias a Dios, al orden natural y al bien común de los hombres. La ley inicua, en ese caso, «ya no será ley, sino corrupción de la ley» (iam non erit lex, sed legis corruptio: STh I-II,95,2).
Algunos hay que no entienden bastante que las leyes corruptas son corruptoras. Así como las leyes buenas son caminos que ayudan al pueblo a caminar hacia el bien, las inicuas le llevan a la perdición, no necesariamente, por supuesto. Muchas leyes inicuas de los actuales Estados liberales –democráticos o totalitarios– son caminos de perdición para el pueblo, están totalmente privadas de auténtica validez jurídica, y conducen a la degradación moral y cultural de una nación, a su disminución demográfica, a su debilitación y sujeción a otros pueblos más fuertes. Es muy difícil considerarlas en conciencia como males menores que deben ser tolerados.
–Los católicos deben aplicar el principio de la tolerancia con un discernimiento cuidadoso, que ha de estar libre de los condicionamientos mundanos, que son falsos, sutiles, continuos y muy poderosos. Puede iluminarnos en esta cuestión tan delicada la enseñanza concreta que da Juan Pablo II al tratar de las leyes reguladoras del aborto. En la encíclicaEvangelium vitæ, de 1995, comienza por advertir que «en la cultura democrática de nuestro tiempo se ha difundido ampliamente la opinión de que el ordenamiento jurídico de una sociedad debería limitarse a percibir y asumir las convicciones de la mayoría y, por tanto, basarse sólo sobre lo que la mayoría misma reconoce y vive como moral».

Rechaza el Papa estas doctrinas, y afirma que «la raíz común de todas estas tendencias es el relativismo ético que caracteriza muchos aspectos de la cultura contemporánea. No falta quien considera este relativismo como una condición de la democracia, ya que sólo él garantizaría la tolerancia, el respeto recíproco entre las personas y la adhesión a las decisiones de la mayoría, mientras que las normas morales, consideradas objetivas y vinculantes, llevarían al autoritarismo y a la intolerancia».
Reconoce Juan Pablo II, sin embargo, que «ciertamente, el cometido de la ley civil es diverso y de ámbito más limitado que el de la ley moral […] En efecto, la función de la ley civil consiste en garantizar una ordenada convivencia social en la verdadera justicia, para que todos “podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad” (1Tim 2,2)».

Pero las leyes más criminales, como ya vimos, deben ser no sólamente desobedecidas, sincombatidas con fuerza, ya que nunca pueden ser toleradas en razón del mal menor. Concretamente, sigue diciendo el Papa, «el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Leyes de este tipo no sólo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que, por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. Desde los orígenes de la Iglesia, la predicación apostólica inculcó a los cristianos el deber de obedecer a las autoridades públicas legítimamente constituidas (cf. Rm 13,1-7, 1 P 2,13-14), pero al mismo tiempo enseñó firmemente que “hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hch 5,29). Ya en el Antiguo Testamento, precisamente en relación a las amenazas contra la vida, encontramos un ejemplo significativo de resistencia a la orden injusta de la autoridad. Las comadronas de los hebreos se opusieron al faraón, que había ordenado matar a todo recién nacido varón. Ellas “no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños” (Ex 1,17). Pero es necesario señalar el motivo profundo de su comportamiento: “las parteras tenían temor de Dios” (ib.)…
«En el caso, pues, de una ley intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ella, ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto.
«Un problema concreto de conciencia podría darse en los casos en que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva, es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados, como alternativa a otra ley más permisiva ya en vigor o en fase de votación […] En el caso expuesto, cuando no sea posible evitar o abrogar completamente una ley abortista, un parlamentario, cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En efecto, obrando de este modo no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta; antes bien se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos» (73).

Queda claro, pues, este principio doctrinal: la tolerancia del mal menor en cuestiones políticas y en otras es moralmente lícita, y a veces es un deber de conciencia, cuando el cristiano se ve en la obligación de elegir entre dos males, uno mayor y otro menor. Aunque, tratándose de opciones políticas, puede también a veces ser lícita la abstención del voto. Y nunca la tolerancia o la abstención eximen del grave deber de combatir las leyes injustas, procurando su derogación.
Los partidos malminoristas, sin embargo, corrumpen el principio de la tolerancia del mal menor cuando lo convierten en la estrategia sistemática de su actividad política. Javier Garisoain lo explica bien en su artículo Doctrina y táctica del mal menor. Entendemos aquí porpartido malminorista (P.Mm) al partido que sea cristiano-liberal, es decir, aquel que, teniendo alguna filiación cristiana –por eso alcanza a ver el mal como mal–, y adoleciendo también de una visión liberal –por eso ve el mal como menor–, considera sistemáticamente el mal menor como tolerable, de tal manera que no se empeña realmente en combatirlo y superarlo con el bien. Su idea de la tolerancia no es la de la doctrina de la Iglesia, sino la del liberalismo, la del relativismo o la de filósofos como John Locke, Carta sobre la tolerancia (1689).
Un partido malminorista puede canalizar indefinidamente los votos de los católicos, poniendo buen cuidado en que no se organicen para actuar con fuerza en el campo político. Quizá –sobre todo si andan eclesiásticos de por medio– justifique su posición alegando que hay que evitar un enfrentamiento de la Iglesia con el mundo moderno. De este modo colabora no sólamente a la degradación del mundo secular, sino también a la debilitación progresiva de la Iglesia.

–El malminorismo ni combate el mal, ni promueve con eficacia el bien común. No combate con todas sus fuerzas el mal, ni el menor ni el mayor. Hace del mal menor un supuesto histórico necesario, continuo, progresivo, irreversible, insuperable. Y a lo largo de los años, optando una y otra vez por el mal menor entre los diversos males ofrecidos como opciones políticas por los enemigos de Dios y del hombre, va retrocediendo siempre, va descendiendo por una escalera de males menores, cada vez mayores. El malmayorismo y el malminorismo son como el acelerador yel freno de un mismo coche, y ambos están de acuerdo en la dirección que el volante señala.
De este modo, el malminorismo se deja conducir por los malos, que llevan siempre la iniciativa, y colabora a que el pueblo sea conducido al Mal mayor, al Mal común, a la corrupción de la vida social, a la degradación de los pensamientos y de las costumbres. Pasará por todo antes de verse hundido en el sehol de la marginación política. Está dispuesto a pagar cualquier tributo con tal de mantenerse en las instituciones políticas, si es posible en el poder, y si no, al menos, en una oposición cuantitativamente considerable. Será una oposición que no se opone, y que aun alcanzando el poder, mantiene las leyes pésimas establecidas antes por los malos. Se comprende bien que el idealismo de los jóvenes católicos no halle atractivo alguno en un partido que, renunciando a procurar eficazmente el bien, se limite a reducir en lo posible el mal. Un partido así podrá atraer sobre todo por las ventajas que ofrece en el campo económico, social y profesional.
–La tolerancia malminorista lleva a un pacificismo extremo. Ignora que las leyes injustas de los Estados monstruosos deben ser no sólo desobedecidas, sino también combatidas en cuanto sea posible.
1. Las batallas armadas, es cierto, como ya señalé (en otro artículo), casi nunca pueden hoy reunir las condiciones exigidas para una guerra justa. Pero estos tolerantes pacifistas se avergüenzan hasta de aquellas guerras que fueron justas y necesarias, como las que defendieron Europa de la invasión del Islam –Poitiers, Navas de Tolosa, Lepanto–. Si por ellos hubiera sido, hoy estaría Europa llena no de catedrales, sino de mezquitas. Pero hay más.
2. Las batallas culturales, tan decisivas, tampoco son dadas por el malminorismo, que renuncia a presentar combate real en el Congreso, en los medios de comunicación, en escuelas y universidades, en el campo de la sanidad. Aunque alcance el poder político, estas batallas de la cultura seguirán perdidas, pues ni siquiera las combate pudiendo hacerlo. No se atreve a decir la verdad, supuesto que la conozca. Se conforma si es el caso con elevar recursos al Tribunal Constitucional, con organizar un Congreso académico o una manifestación –todo lo cual está bien–, y con aducir en el debate político débiles argumentos que, al silenciar la verdad verdadera, están de antemano condenados al fracaso. Piensa quizá que en formas más combativas haría en política un flaco servicio a la Iglesia, enfrentándola con el mundo relativista imperante, y que pondría tensa división allí donde haypacífica unanimidad social en el error liberal-relativista… Qué sé yo qué errores y horrores piensa. Pero es cierto y comprobable que:
–el malminorismo se niega a dar el testimonio de la verdad, y eso le hace impotente para procurar el bien, que ni siquiera intenta. «Yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad», dice Cristo (Jn 18,37), y ésa es la vocación de todo cristiano. Pero un partido político que no se atreve a decir públicamente la verdad, que no se atreve a afirmar con fuerza el vínculo necesario que sujeta el mundo creado a su Creador (Vat. II, LG 36), que se autoprohibe incluso mencionar el nombre de Dios, exilándolo de la vida política, que se abstiene de aducir los argumentos potentísimos del orden natural y de las tradiciones nacionales, y que, por el contrario, durante decenios se orienta por la tolerancia del mal menor, limitándose a aceptarlo –primero quizá como hipótesis posibilista–, y finalmente a apoyarlo –como tesis liberal que asimila–, es un partido que en realidad se somete a la dictadura del relativismo, propia de una democracia liberal. Es para la nación una peste.
De este modo el malminorismo colabora a que el voto de los católicos ayude a la ruina acelerada de la nación, consigue la anulación total de los católicos en la vida política de los pueblos, y pone a la especie del político católico en grave peligro de extinción. Hace unos años la representante de un partido malminorista respondía a los periodistas que le preguntaban por qué su partido se oponía a una ampliación de los supuestos legales para el aborto: «Pensamos que no hay para ello una verdadera demanda social». Inefable… Los políticos católicos incapaces de dar testimonio de la verdad irán –ya han ido– al «basurero de la historia» (Trostky).
Todo esto que digo puede verificarse, por ejemplo, en la legalización del «matrimonio» homosexual. Las leyes pro-gays han venido siempre posibilitadas socialmente por previas batallas culturales sucesivas, en las que se integraban escritores, cantantes, partidos políticos de izquierda, actores, cine, televisión, prensa. Las conquistas-derrotas habidas en el campo legal han sido siempre precedidas por victorias-derrotas en el campo socio-cultural. Ante este proceso obvio, normalmente los malminoristas no combatían de frente ni unas ni otras batallas. Casi ni se daban por enterados.
–El lobby gay, con acciones propias y con las colaboraciones aludidas, ha ido imponiendo la mentira: la unión homosexual es tan natural y sana como el matrimonio, es simplemente una alternativa sexual. De este modo, consigue en pocos años la inscripción civil, la consideración jurídica de «matrimonio», el derecho a la adopción, las leyes de educación que exijan la enseñanza de sus errores y horrores a todos los niños y adolescentes, y la proscripción social y legal –absolutamente intolerante– de maestros, escritores, sacerdotes y políticos que afirmen públicamente que el ejercicio de la homosexualidad es una desviación morbosa, que va contra natura. La intolerancia gay es absoluta: esas personas, que ellos llaman homófobas, pueden ser multadas, depuestas de sus cargos, castigadas con cárcel. Para conseguir la no-discriminación de los gays, se ha logrado introducir en la legislación discriminaciones totamente abusivas, que sobre todo afectan a políticos (como Rocco Buttiglione), sacerdotes (como Obispo Léonard, pastor Kreutzfeld), profesores, etc.
–El partido político malminorista comienza por silenciar la verdad: no menciona a Dios, que condena los actos de homosexualidad, no se atreve siquiera a defender el orden natural, afirmando que mientras la unión heterosexual es sana, fecunda, buena para la sociedad, conforme con la naturaleza, la unión homosexual, por el contrario, es morbosa, insana, estéril para el bien común y contraria a la naturaleza. Podría argumentar esto con mucha fuerza, porque es de sentido común y hay estudios científicos que lo demuestran de modo irrefutable (ver, p. ej., los mayores de 18 años, Miguel Calvis, Las prácticas homosexuales). Sucede, sin embargo, que no estima políticamente correcto aducir estas verdades en un debate político, ni presentar con fuerza una verdadera batalla cultural. Una vez más el malminorismo retrocede, pierde la batalla que no ha dado, acepta de hecho el mal menor, que aquí es mayor, y adoptando una actitud débil-tolerante frente a la posiciónfuerte-intolerante del lobby gay, da por perdida la causa, y deja que el pueblo sea inducido por las leyes a avanzar por caminos de perdición y de ruina.
Los católicos deben negar sus votos a partidos malminoristas, pues ni tienen fuerza para promover el bien, ni para resistir al mal. Son estos partidos en realidad liberales, relativistas, pesimistas, cómplices activos o pasivos de los enemigos de Cristo y de su Iglesia, secuestradores del voto católico, obstáculos especialmente eficaces para impedir todo influjo real de los católicos en la vida política, y en fin, son semipelagianos, pues, fieles a su “evitación sistemática del martirio”, quieren en política mantener a cualquier costo que «la parte humana» sea numerosa y respetada por el mundo moderno, para poder así co-laborar con la acción de Dios en la procuración del bien común… De los partidos políticos malmayoristas y malminoristas, libera nos, Domine!

Las objeciones previsibles a todo esto son tan innumerables como previsibles: «ese diagnóstico conduce a la abstención o al voto inútil». Pero sobre éstas y otras cuestiones trataré al final de esta serie, cuando, con la ayuda de Dios, considere qué podemos y debemos hacer hoy los católicos en la política.
La unidad nacional de los Obispos en cuestiones políticas es muy deseable y benéfica, pero no siempre logran discernimientos unánimes. Son muy difíciles. Gran verdad afirma Juan Pablo II cuando dice: «sin la ayuda de la gracia, los hombres no sabrían “acertar con el sendero a veces estrecho entre la mezquindad que cede al mal y la violencia que, creyendo ilusoriamente combatirlo, lo agrava” (1991, enc. Centesimus annus 25)» (Catecismo 1889). Sólo Dios puede iluminar las conciencias cristianas en cuestiones políticas, mostrando cuándo deben tolerarse como mal menor situaciones perversas o cuándo hay que resistirlas, denunciarlas y combatirlas de todos los modos posibles. Y suelen ser los Santos quienes aciertan en estos problemas históricos.

Se dan a veces acuerdos unánimes en el discernimiento. Los Obispos polacos se mantuvieron unánimes ante el poder invasor comunista, y también los españoles de 1936 ante el mismo peligro.Pero la división de opiniones es frecuente. Los Obispos colombianos de finales del XIX veían la peligrosidad del liberalismo entre los católicos, pero no todos lucharon contra él como el Obispo de Pasto, San Ezequiel Moreno (+1906), que si no dimitió, al verse tan desasistido, fue por orden personal de León XIII. En el alzamiento de la Cristiada mexicana (1926-1929), no todos los Obispos apoyaban a los cristeros, aunque algunos sí, como San Rafael Guízar (+1938). Todos los Obispos alemanes entendían que el nazismo perseguía al cristianismo, pero no todos lo combatieron abiertamente, como el Obispo de Munster, el Beato Cardenal Clemens von Galen (+1946). Cuando Francia fue ocupada por Alemania, algunos Obispos colaboraron con el régimen de Vichy, sometido a los nazis, otros no; y el General De Gaulle, llegado a la presidencia, hizo dimitir a todos los Obispos colaboracionistas. A la Constitución española agnóstica de 1978 se opuso el Cardenal Primado, Mons. Marcelo González Martín con unos pocos Obispos más; la mayoría estimó que convenía aceptarla como mal menor.
Y también hoy se dan entre los Obispos discernimientos prudenciales diferentes en cuestiones políticas –esto es obvio–, pues unos consideran como un mal menor tolerable, aquello que otros estiman un mal mayor intolerable. Estas diferencias de opinión, que tantas veces se han producido en la historia, hoy se hacen más frecuentes y profundas al ser insuficientes en la Iglesia la actualización y el desarrollo de su doctrina tradicional política.

En el siglo pasado, al final de los años 80, cuando se derrumbó la Bestia comunista, varios Obispos ortodoxos hubieron de dimitir por haber colaborado activa o pasivamente con el gobierno marxista. Otros en cambio no colaboraron, se mantuvieron distantes o estuvieron en campos de concentración. También un día, cuando se derrumbe la Bestia liberal, con el favor de Dios, se distinguirá entre aquellos Obispos que la resistieron y combatieron con mayor o menor fuerza, y aquellos otros que optaron por colaborar con ella, al menos pasivamente, salvando la doctrina, por supuesto, pero tolerando muchas injusticias como males menores, disuadiendo a los católicos de combatirla frontalmente, y renunciando sobre todo a denunciarla como un sistema “intrínsecamente perverso", sin Dios y sin orden natural, y por tanto, corrupto y corruptor.
¿Qué debemos, pues, hacer hoy los católicos ante la Bestia apocalíptica de los Estados liberales, que ignoran a Dios y al orden moral natural, y que engendran una tras otra leyes inicuas? En cada nación se dan circunstancias y posibilidades diversas. Yo he expresado mi pensamiento, que es el de muchos católicos –de ellos lo he aprendido–, aunque no lo es ciertamente de la mayoría.Danos, Señor, tu luz y tu verdad.

Católicos y Política - 6


No podemos votar una democracia liberal, agnóstica y relativista, sustentada por una pluralidad de partidos alternantes, a cualquier otro régimen de gobierno que se fundamente mejor en Dios, en el orden natural y en las tradiciones propias de cada pueblo. Y hay que reconocer que hoy la gran mayoría de las democracias en Occidente son liberales, agnósticas y relativistas.

5º– La Iglesia es neutral en cuanto a la forma de los regímenes políticos. Éste es un principio doctrinal que siempre ha sido enseñado y practicado por la Iglesia. En él se fundamenta tanto la libertad de la Iglesia ante el Estado, como el legítimo pluralismo político entre los cristianos. En efecto, la Iglesia «en virtud de su misión y naturaleza, no está ligada a ninguna forma particular de civilización humana ni a sistema alguno político, económico o social» (Vat. II,GS 42d).
Pío XI: «la Iglesia católica, no estando bajo ningún respecto ligada a una forma de gobierno más que a otra, con tal que queden a salvo los derechos de Dios y de la conciencia cristiana, no encuentra dificultad en avenirse con las diversas instituciones políticas, sean monárquicas o republicanas, aristocráticas o democráticas» (1933, enc. Dilectissima Nobis 6). Vaticano II: «las modalidades concretas por las que la comunidad política organiza su estructura fundamental y el equilibrio de los poderes públicos pueden ser diferentes, según el genio de cada pueblo y la marcha de su historia» (GS 74f; cf. Juan XXIII, 1963, Pacem in terris 67; Catecismo 1901).

La Iglesia, en cambio, no es neutral en cuanto a las ideologías políticas que pueden cristalizarse luego en diversas formas de Estado. El Vaticano II y el Magisterio apostólica posterior han continuado enseñando la doctrina ya claramente expresada en las grandes encíclicas monográficas del siglo XIX y primera mitad del XX: 1878, Quod apostolici muneris (contra el socialismo laicista); 1888, Libertas præestantissimum (contra el liberalismo); 1937, Mit brennender sorge (contra el nazismo); 1937, Divini Redemptoris (contra el comunismo), etc. Es evidente que algunas ideologías políticas son conciliables con el orden natural y la fe católica, pero otras son inconciliables, y la Iglesia no es neutral ante ellas, sino que las denuncia y combate.
La Iglesia sabe bien que puede haber Estados monstruosos, verdaderas Bestias apocalípticas, que aunque guarden formas estructuralmente legítimas, son corruptos y corruptores. El Catecismo enseña que «la autoridad sólo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si para alcanzarlo emplea medios moralmente lícitos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. “En tal situación, la propia autoridad se desmorona por completo (plane corruit) y se origina una iniquidad espantosa” (Juan XXIII, Pacem in terris 51)» (1903).

Monarquía, aristocracia y democracia, son los tres tipos fundamentales de autoridad política. En todos los regímenes políticos se dan, combinados de uno u otro modo, los tres principios: monarquía –uno–, aristocracia –algunos–, y democracia –todos–. La diversidad de combinaciones posibles de estos tres elementos en la constitución de los Estados es innumerable, y apenas admite un intento de clasificación. Puede haber reinos en los que el Rey no tiene prácticamente poder alguno. Puede haber democracias –como la de los Estados Unidos– cuya constitución dé al Presidente un máximo de autoridad personal, desconocido en los demás Estados, fuera de aquellos que son totalitarios.
–El régimen político ideal es mixto. Como enseña Santo Tomás, «la óptima política es aquélla en la que se combinan armoniosamente la monarquía, en la que uno preside, la aristocracia, en cuanto que muchos mandan según la virtud [la especial calidad personal], y la democracia, o poder del pueblo, ya que los gobernantes pueden ser elegidos en el pueblo y por el pueblo» (STh I-II,105,1;cf. De Regno lib. I, caps. 1-2).
De hecho, en una u otra proporción, todos los Estados tienen un principio monárquico (rey, presidente, primer ministro, sha, gobernador, regente, califa, emperador), un elemento aristocrático (consejo real, consejo de ministros, nobles, partido único, diputados y senadores) y un componente democrático (elecciones periódicas, asamblea nacional, representantes de tribus, de regiones, de etnias, de gremios).
–Debe elegirse la forma concreta de gobierno «según el genio de cada pueblo y la marcha de su historia» (Vat. II, GS 74f), teniendo en cuenta su tradición, su cultura y también sus circunstancias. En situaciones, por ejemplo, de guerra, de grandes calamidades o de una descomposición caótica de la nación, causada a veces por un poder democrático mal ejercitado, puede convenir por un tiempo una forma de gobierno fuerte y personalista, necesaria mientras la crisis se supera, pero que no debe prolongarse en exceso o hacerse dinástica. Si ha de salvarse un barco envuelto en una tormenta terrible, los modos asamblearios de gobernarlo en ese caso no valen, porque se hundiría la nave durante los debates. Es la hora de las órdenes rápidas y unipersonales. Por el contrario, en tiempos de paz suele ser muy conveniente una amplia participación de los ciudadanos, que procure el bien común.

Los cristianos deben aceptar el régimen político de su nación, dando al César lo que es del César (Mt 22,21), como ya vimos (97). Es el mandato de Cristo y también de los apóstoles: «sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no proceda de Dios, y las que existen, por Dios han sido constituidas» (Rm 13,1). Cuando San Pablo mandaba esto, imperaba Nerón. Un ejemplo elocuente podemos encontrarlo en la Francia posterior a la Revolución. Media docena de regímenes se fueron sucediendo en unos pocos decenios, y siempre fueron reconocidos por la Iglesia. León XIII lo recuerda:
Es preciso «aceptar sin reservas, con la lealtad perfecta que conviene al cristiano, el poder civil en la forma en que de hecho existe. Así fue aceptado en Francia el primer Imperio al día siguiente de una espantosa y sangrienta anarquía; así fueron aceptados los otros poderes, tanto monárquicos como republicanos, que se han ido sucediendo hasta nuestros días… Por estos motivos, Nos hemos dicho a los católicos franceses: aceptad la República, es decir, el poder constituido y existente entre vosotros; respetadle, obedecedle, porque representa el poder derivado de Dios» (1892, cta. Notre consolation 10-11). Ya traté (98 in fine) de casos extremos de tiranía o anarquía, en los que una guerra está justificada.

Todas las formas políticas se pueden pervertir, cuando es perverso el espíritu que las rige. La monarquía absoluta puede hacerse tiranía, el régimen predominantemente aristocrático puede degradarse en una oligarquía injusta y opresora, así como las formas democráticas pueden dar en la demagogia o incluso en ciertas modalidades encubiertas de totalitarismo. La corrección formal de un Estado o de su Constitución no garantiza en absoluto la bondad de las leyes que se generen.
León XIII: «en un régimen cuya forma sea quizás la más excelente de todas, la legislación puede ser detestable, y, por el contrario, dentro de un régimen cuya forma sea la más imperfecta puede hallarse a veces una legislación excelente» (1892, enc. Au milieu des sollicitudes 26). La Constitución española, en su art. 32, establece que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio” (el hombre y la mujer: matrimonio: ¿está claro, no?). Y la Constitución de Argentina dice en su Preámbulo que todo lo que hace y dispone lo hace «invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia». En ambos casos, sin embargo, pisando un artículo o pisando el principio del preámbulo, se ha llegado a la aberración del “matrimonio” homosexual.

La Iglesia no debe ligarse a ningún régimen político concreto, como si él fuera de suyo el mejor, el que ella prefiere, independientemente de la cultura, tradición y circunstancias de una nación. San Pío señalaba que «hay un error y un peligro en enfeudar, por principio, el catolicismo en una forma de gobierno» (1910, cta. Notre charge apostolique 31).Y cuando por un tiempo una Iglesia local o una parte del pueblo cristiano ha incurrido en ese error, se han seguido muy graves males. No hay que sacralizar la monarquía, ni satanizar la república. Tampoco hay que adorar la democracia, y mucho menos la democracia liberal pluripartidista, ni deben ser consideradas ilícitas las otras formas de gobierno.

Cuando se consagra una forma concreta de gobierno, aunque no sea en la doctrina, pero sí en la práctica, sobrevienen muchos errores de pésimas consecuencias: –hay naciones y organismos internacionales que intentan imponer a un pueblo un régimen político que le es extraño; –un gobierno es juzgado no por los contenidos buenos o malos de sus leyes e instituciones, sino por su régimen político constitucional; –puede incluso darse que una Iglesia local apoye un régimen «políticamente correcto», que produce leyes perversas, y que se oponga a otro proyecto político que estima «incorrecto», aunque sea promotor de leyes justas (!); –se crean divisiones muy dañinas entre los cristianos connacionales. Todo esto sucede cuando se olvida que «el cristiano debe reconocer la legítima pluralidad de opiniones temporales discrepantes» (Vat. II,GS 75e).

Otra cosa distinta es que los cristianos de una nación, o la mayoría de ellos, en unas determinadas circunstancias históricas, se inclinen por una forma política determinada y la promuevan. Es, pues, urgente recuperar este principio fundamental de la doctrina política de la Iglesia, tal como lo expresa A. Desqueyrat:
«La Iglesia nunca ha condenado las formas jurídicas del Estado: nunca ha condenado la monarquía –absoluta o moderada–, nunca ha condenado la aristocracia –estricta o amplia–, nunca ha condenado la democracia –monárquica o republicana–. Sin embargo, ha condenado todos los regímenes que se fundamentan en una filosofía errónea» (L’enseignement politique de l’Église, Spes 1960, Inst. Cath. de Paris, I,191).

¿Prefiere hoy la Iglesia la democracia a las otras diversas formas de gobierno? circunscribo  la pregunta, por simplificar, al marco de las naciones desarrolladas de Occidente. Y comienzo por decir que hoy la Iglesia mantiene como siempre su neutralidad hacia las diversas formas de gobierno. En los textos que siguen puede comprobarse que lo que la Iglesia ciertamente aprecia es la participación de los ciudadanos en la vida socio-política. Pero los textos que cito, y otros semejantes, no afirman claramente que la democracia liberal pluripartidista –tal como se da en Occidente– sea una verdadera democracia, y que esa participación política de los ciudadanos que la Iglesia propugna sea en ella ciertamente mayor que en otras formas existentes o posibles de gobierno. Más bien lo ponen en duda o lo niegan.
–Vaticano II: «es necesario estimular en todos la voluntad de participar en los esfuerzos comunes. Merece alabanza el modo de obrar de aquellas naciones en las que la mayor parte de los ciudadanos participa con verdadera libertad en la vida pública» (GS 31c). «Con el desarrollo cultural, económico y social se consolida en la mayoría el deseo de participar más plenamente en la ordenación de la comunidad política» (73c).
–Juan Pablo II: «La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica–. Por esto mismo, no puede favorecer la formación de grupos dirigentes restringidos que, por intereses particulares o por motivos ideológicos, usurpan el poder del Estado» (1991, enc. Centesimus annus 46).
«Si hoy se advierte un consenso casi universal sobre el valor de la democracia, esto se considera un positivo “signo de los tiempos”, como también el Magisterio de la Iglesia ha puesto de relieve varias veces (cf. … Pío XII, Radiomensaje 24-XII-1944). Pero el valor de la democracia se mantiene o cae con los valores que encarna y promueve… En la base de estos valores no pueden estar provisionales y volubles “mayorías” de opinión, sino sólo el reconocimiento de una ley moral objetiva que, en cuanto “ley natural” inscrita en el corazón del hombre, es punto de referencia normativa de la misma ley civil». Por eso, cuando «el escepticismo llegara a poner en duda hasta los principios fundamentales de la ley moral, el mismo ordenamiento democrático se tambalearía en sus fundamentos, reduciéndose a un puro mecanismo de regulación empírica de intereses diversos y contrapuestos… En una situación así, la democracia se convierte fácilmente en una palabra vacía» (1995, enc. Evangelium vitæ 70).

–Benedicto XVI ha advertido con frecuencia que una democracia sin valores cae en el relativismo, y que éste conduce rectamente al totalitarismo. Aludiendo al santo Cura de Ars, recordaba que vivió en el ambiente de una Francia post revolucionaria: «Si entonces había una dictadura del racionalismo, ahora se registra en muchos ambientes una especie de dictadura del relativismo» (5-VIII-2009). O dicho en otras palabras: «cuando la ley natural y la responsabilidad que ésta implica se niegan, se abre dramáticamente el camino al relativismo ético en el plano individual y al totalitarismo del Estado en el plano político» (16-VI-2010).
Hoy la Iglesia no prefiere ciertamente una democracia liberal, agnóstica y relativista, sustentada por una pluralidad de partidos alternantes, a cualquier otro régimen de gobierno que se fundamente mejor en Dios, en el orden natural y en las tradiciones propias de cada pueblo. Y hay que reconocer que hoy la gran mayoría de las democracias en Occidente son liberales, agnósticas y relativistas.

Afirmemos, en fin, sencillamente que una democracia liberal y relativista no es propiamente una democracia, sino una falsificación, una corrupción de la democracia. No pocas veces ha sido denunciada esta realidad por el reciente Magisterio apostólico de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Sus advertencias actuales para que se dé una democracia verdadera vienen a ser las mismas exigencias que indicaba hace años Pío XII (1944, radiom. Benignitas et humanitas).


El P. Iraburu ha publicado otros artículos sobre el tema, que se pueden encontrar en el sitio www.infocatolica.com   en la columna reservada a este sacerdote.