Formas de Estado y de gobierno
1. Lo permanente de la sociedad política
Política y político derivan de polis, palabra griega con la que se identificaba a la ciudad-estado, o sea, la pequeña organización o estructura de la comunidad griega. Un grupo humano que convive territorialmente en un mismo espacio físico, no puede mantener su convivencia si no se organiza. Organizarse significa ordenarse en busca de un fin y con unos medios para alcanzarlo.
El fin consiste, simplemente, en satisfacer todas las necesidades comunes que hacen a la convivencia del grupo y de sus miembros, es decir, alcanzar en conjunto todo lo que cada hombre aislado, o en un grupo menor, no podría alcanzar. Para alcanzar ese fin, el medio más importante es la existencia de una jefatura; de una autoridad con poder suficiente para hacer, mandar y prohibir todo lo que interesa al grupo.
Cuando el grupo territorial se organiza, esa organización tiene naturaleza política. La sociedad, como grupo máximo, adquiere una organización política. Surge una sociedad política, destinada a procurar el bien común de la comunidad. En ese marco adquiere orden la convivencia, alcanzan armonía y equilibrio las actividades de todos los hombres y grupos; por eso a la sociedad política se la llama comunidad perfecta.
No significa que haya alcanzado el máximo nivel de progreso humano; perfecta significa que no hay otra que pueda brindar al hombre lo que ella le proporciona: el abastecimiento de todas las necesidades de su vida y de la convivencia. Equivale a comunidad autosuficiente, porque se basta a sí misma; dispone de los medios para alcanzar su fin.
La existencia de una sociedad política en cada pueblo, se ha dado siempre y se dará en el futuro, porque responde a una necesidad de la naturaleza humana. Pero la forma concreta de la organización, de la estructura, de cada sociedad política, es variable. Depende de una decisión libre, reflexiva y consciente de quienes integran un pueblo determinado. En el mundo moderno, la sociedad política típica se conoce como Estado.
2. Elementos del Estado
Podemos definir al Estado como: el órgano de síntesis, planeamiento y conducción de una sociedad territorialmente delimitada, destinado a procurar el bien común.
Suelen mencionarse como datos constitutivos o determinantes del Estado: la población, el territorio, el poder y el gobierno.
►Población: es el elemento humano del Estado; sin hombres no hay Estado. La población de un Estado la integran cuantos conviven en el territorio bajo su jurisdicción. Se reserva el concepto de pueblo, para la parte de la población subordinada jurídicamente al Estado, pues sus miembros poseen la ciudadanía -por haber nacido en el territorio, o por haber optado por ella, habiendo nacido en otro país. También integran la población, quienes viven transitoriamente en el territorio, por distintos motivos, siendo extranjeros.
►Territorio: el Estado es una asociación territorial o espacial, porque requiere el marco físico o geográfico donde conviven sus miembros. El territorio delimita el ámbito espacial donde se ejerce el poder de un Estado.
►Poder: es la fuerza o energía, que debe utilizar el Estado para lograr su fin. No se trata de fuerza física, exclusivamente; más bien, una energía moral, una autoridad, en el sentido de predominancia social que logra acatamiento. La fuerza del poder estatal, proviene del asentimiento comunitario que le da sustento y lo respalda. El poder del Estado es político, porque la actividad que engendra y desarrolla es política.
El poder del Estado puede crecer y disminuir, puede expandirse o retraerse, por múltiples factores. Así, un gobierno de ideología liberal buscará debilitar el poder estatal, para dar mayor libertad a la iniciativa privada. En el otro extremo, una concepción totalitaria incrementará el poder estatal, hasta que todo lo social se esté subordinado. Si es inaceptable un Estado totalitario, tampoco puede aceptarse una limitación del poder estatal, que le impida hacer lo necesario, y quede a merced de algunos intereses particulares o de sector. En este caso, no podrá satisfacer el bien común.
Como ya explicamos, el poder del Estado posee una cualidad especial: la soberanía. Si en un momento determinado el poder del Estado deja de ser supremo en la jurisdicción territorial que le corresponde, y se subordina, de hecho, a otro poder, significa que dicho Estado ha dejado de existir.
►Gobierno: el poder como aptitud o capacidad de acción, es una potencia, que requiere ser puesta en acto. Para ello, hacen faltan hombres que sean titulares del poder y que lo ejerzan, usando aquella capacidad o energía. A quienes ejercen el poder estatal, se los denomina en conjunto, gobierno. El gobierno representa al Estado y actúa en su nombre.
Si el gobierno fuese ejercido, en la variedad de sus funciones, por un sólo hombre o un pequeño grupo, esa concentración podría degenerar en abusos de poder. Por eso, y también para hacer más eficaz la acción gubernativa, desde antiguo se ha procurado distribuir el poder. Desde Montesquieu, se ha generalizado la tendencia a lo que se llama la división de poderes.
En realidad, el poder del Estado siempre es único e indivisible; lo que se divide y separa son los órganos que ejercen el poder y las funciones que se encomiendan a esos órganos. Así surgen las tres ramas o “poderes” en que suelen separarse las funciones del Estado: Legislativa - Ejecutiva - Judicial.
Juan Pablo II considera que:
“Tal ordenamiento refleja una visión realista de la naturaleza social del hombre, la cual exige una legislación adecuada para proteger la libertad de todos. A este respecto, es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia, que lo mantengan en su justo límite.” (CA, 44)
3. Finalidad del Estado
La finalidad del Estado es el bien común público. Decimos que el bien común que persigue el Estado es público, por que sólo el Estado toma al hombre en su totalidad temporal, bastando para pertenecer a la sociedad política, la condición humana. Al Estado le cabe armonizar los bienes comunes parciales e individuales, pero también se presenta como la garantía de realización de todos ellos pues produce el orden sin el cuál se malograrían.
El Estado es un ser real, pero accidental, porque su existencia no es independiente de sus habitantes, ni existe por sobre ellos. Porque no es una substancia, su perfección, el bien que está llamado a poseer, está en función de ayuda para crear las mejores condiciones posibles para una buena vida humana. Las necesidades humanas son de tres órdenes:
a) Necesidades de orden material, exigidas por su cuerpo: son las que hacen a la conservación de la salud y de la especie.
b) Necesidades de orden intelectual: son las que hacen al acrecentamiento de su cultura.
c) Necesidades de orden ético y religioso, pues como enseña el P. Suarez, se considera como perteneciente al bien común no sólo aquello que mira a la utilidad temporal, sino también lo que toca a las buenas costumbres y a un modo conveniente de obrar, como es el que los actos se realicen en perfecta libertad.
Por eso, explicaba Pío XII, toda actividad del Estado está sometida a la realización permanente del bien común: “ es decir de aquellas condiciones externas que son necesarias al conjunto de los ciudadanos, para el desarrollo de sus cualidades y de sus oficios, de su vida material, intelectual y religiosa, en cuanto, por una parte, las fuerzas y las energías de la familia y de otros organismos a los cuales corresponde una natural precedencia no basten, y, por otra, la voluntad salvífica de Dios no haya determinado en la Iglesia otra sociedad universal al servicio de la persona humana y de la realización de sus fines religiosos.” (“Con sempre”, 1942, p. 13)
4. Limitación del Estado
El bien común público actúa como una limitación para el Estado. Porque si el Estado debe alcanzar el fin de bien común, tiene objetivamente en él una limitación derivada de su propia naturaleza. Este carácter limitativo se desglosa en tres principios:
►El Estado debe hacer todo lo que conduce al bien común.
►El Estado no debe hacer lo que daña al bien común.
►El Estado debe abstenerse de actuar cuando el bien común no está comprometido.
Otro principio rector del orden social que interviene en la limitación del Estado, es el de subsidiariedad, que fue desarrollado por Pío XI, en la Encíclica “Quadragesimo Anno”, donde, sobre el tema en cuestión, enseña:
“Conviene, por tanto, que la suprema autoridad del Estado permita resolver a las asociaciones inferiores aquellos asuntos y cuidados de menor importancia, en los cuales, por lo demás, perdería mucho tiempo, con lo cual lograría realizar más libre, más firme y más eficazmente todo aquello que es de su exclusiva competencia, en cuanto que sólo él puede realizar, dirigiendo, vigilando, urgiendo y castigando, según el caso requiera y la necesidad exija.” (QA, 80)
5. Formas de Estado y de Gobierno
La autoridad responde a un orden fijado por Dios, pero la determinación del régimen y la designación de los gobernantes depende de la libre voluntad de los ciudadanos. La Iglesia no tiene preferencias. “La diversidad de los regímenes políticos es moralmente admisible con tal que promuevan el bien legítimo de la comunidad que los adopta.” (CIC, 1901) En cambio, los regímenes cuya naturaleza es contraria a la ley natural, al orden público y a los derechos fundamentales de las personas, no pueden realizar el bien común.
Las formas de Estado serán las formas de organización del Estado mismo, mientras las formas de gobierno se refieren a las formas de organización del elemento del Estado llamado gobierno. Dicho de otro modo, las formas de gobierno responden a la pregunta: ¿quién manda?, es decir, se ocupa de los titulares del poder. En cambio, las formas de Estado, responden a la pregunta: ¿cómo se manda?. Es decir, se ocupan del modo de ejercer el poder.
Formas de Estado: para conocer cómo se ejerce el poder, hay que relacionar el elemento poder con otros dos elementos del Estado: población y territorio.
a) Con relación al territorio, el poder se puede ejercer en forma centralizada o descentralizada. La forma centralizada, es la forma de Estado unitaria: el Estado es unitario porque su poder se ejerce políticamente centralizado en un lugar del territorio.
La forma descentralizada, es la forma de Estado federal: el Estado es federal porque su poder se ejerce políticamente descentralizado en distintos lugares del territorio.
b) Con relación a la población, el poder se puede ejercer: reconociéndoles su dignidad, libertad y derechos, o restringiéndolos, o negándolos. El reconocimiento implica la forma de Estado democrática; la restricción implica la forma de Estado autoritaria; la negación implica la forma de Estado totalitaria.
Podemos graficar lo expresado, con el siguiente esquema:
FORMAS DE ESTADO
(Cómo se ejerce el poder)
Poder/Territorio:
Estado Unitario (centralización política territorial)
Estado Federal (descentralización política territorial)
Poder/Población:
Estado Democrático (reconocimiento de dignidad, libertad y dd. del hombre)
Estado Autoritario (restricción)
Estado Totalitario (negación)
Totalitarismo - Democracia
La forma de Estado, con relación al territorio, habitualmente se determina por las características del mismo. Los países de gran extensión territorial -como el nuestro- suelen elegir la forma federal; los países de poca superficie -como Uruguay- o de territorio montañoso -como Chile-, suelen preferir la forma unitaria. En ambos casos, por motivos operativos y de comunicación interna.
En cambio, la forma de Estado, con relación a la población, implica un modo o estilo de convivencia política, que responde a los principios filosóficos o pautas ideológicas, de quienes han influido en su conformación. Para una mejor comprensión, conviene comenzar el análisis por el totalitarismo, que es la antítesis de la forma democrática. La fórmula de Mussolini para definir el fascismo, resume adecuadamente la concepción totalitaria: todo en el Estado, todo para el Estado, nada fuera del Estado.
En un régimen totalitario, los más importantes ámbitos de la vida personal y social quedan bajo la jurisdicción absoluta del Estado: la economía, la educación, la cultura, el trabajo, los medios de comunicación.
Otra forma de Estado no democrática, es la autoritaria, que restringe los derechos y la libertad de los ciudadanos, pero no llega a absorber totalmente la vida humana, ni avasallar completamente la dignidad de la persona. Habitualmente, esta forma de Estado es transitoria, pues, o da lugar a un sistema democrático, o deriva en el totalitarismo.
Un ejemplo de Estado autoritario -que hemos conocido en la Argentina-, es el régimen de facto, instituido por un golpe de estado, que suspende la vigencia de la Constitución, y proscribe los partidos políticos. Al cabo de unos años, el mismo gobierno autoritario convoca a elecciones, en base a la Constitución, ya sea con el texto anterior de la misma, o reformada, y entrega el poder a los gobernantes electos.
Con respecto a la forma democrática de Estado, digamos que no debe confundirse con la forma democrática de gobierno, a la que luego nos referiremos. El Estado es democrático, cuando el hombre y los grupos sociales, quedan situados dentro de la sociedad política en una forma de convivencia libre, que asegura su dignidad, su libertad y sus derechos fundamentales.
Esta forma de Estado, es compatible con diversas formas de gobierno. Como aclara Pablo VI, en Carta a la Semana Social de Francia (2-7-1963):
“La democracia que la Iglesia aprueba está menos ligada a un régimen político determinado que a las estructuras de las que dependen las relaciones entre el pueblo y el poder en la búsqueda de la prosperidad común.”
Por su parte, Pío XII, en “Benignitas et humanitas”, advierte que: “la democracia, entendida en un sentido amplio, admite distintas formas y puede tener su realización tanto en las monarquías como en las repúblicas...”.
Se debe advertir que no siempre las formas de Estado -en cuanto al elemento humano o población-, se reflejan en la Constitución vigente, por eso la clasificación de un régimen político determinado no depende únicamente de las formalidades jurídicas, sino de la manera concreta de ejercer el poder.
Formas de gobierno
Aunque existen distintas maneras de clasificar las formas de gobierno, sigue siendo útil -por su sencillez- el criterio numérico para distinguir las formas de gobierno, según que el gobernante sea: uno sólo (monarquía), varios ( aristocracia), o muchos (república).
Aristóteles conjugó esta clasificación cuantitativa, con un criterio cualitativo, atendiendo al fin para el cual el gobernante ejerce el poder. Así, las formas citadas integran la categoría de puras o justas, en las que el gobernante ejerce el poder buscando el bien común.
Cada una de esas tres formas puras, se convierte en impura o injusta, cuando el fin perseguido por el gobernante es un bien particular (propio, de una clase, de un partido). Así, la monarquía se transforma en tiranía, la aristocracia en oligarquía, y la república en democracia.
Podemos ver mejor esta clasificación en un cuadro:
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FORMAS DE GOBIERNO
(Quién ejerce el poder)
Uno ► ► Monarquía (forma pura) Tiranía (forma impura)
Varios ► ► Aristocracia (forma pura) Oligarquía (forma impura)
Muchos ► ► República (forma pura) Democracia (forma impura)
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La inclusión de la democracia entre las formas impuras, puede llamar la atención, puesto que habitualmente, incluso por quienes usan esta misma clasificación, suele ser considerada una forma justa -y hasta la única aceptable-, denominando a la forma injusta “demagogia”. Hemos preferido mantener las denominaciones que se usaron hasta el Renacimiento, y son las que figuran en las obras de Aristóteles[1] y de Santo Tomás[2].
Fuentes:
Unión Internacional de Estudios Sociales (Malinas). “Código de moral política”; Santander, Sal Terrae, 1959.
Höffner, Joseph. “Doctrina social cristiana”; Madrid, Rialp, 1964.
Llerena Amadeo, Juan - Ventura, Eduardo. “El orden político”, Buenos Aires, AZ Editora, 1984.
Palacio, Ernesto. “Teoría del Estado”; Buenos Aires, Eudeba, 1973.
Bidart Campos, Germán. “Lecciones elementales de política”; Buenos Aires, EDIAR, 1973.
Palumbo, Carmelo. “Guía para un estudio sistemático de la Doctrina Social de la Iglesia”; Buenos Aires, EDUCA, 1987, pgs. 121/122.
[1] Aristóteles. “Política”, Madrid, Centro de Estudios Conmstitucionales, 1983, pgs. 80/81.
[2] Santo Tomás de Aquino. “Del Gobierno del Príncipe”, Buenos Aires, Editora Cultura, 1945, Vol. I, pgs. 223/24.
“LOS VALORES NO NEGOCIABLES Y SU APLICACIÓN EN LA VIDA CÍVICA”[1]
1. Para un católico, hay valores no negociables que deben ser promovidos y protegidos, especialmente, por quienes se dedican a la política. El Papa Benedicto XVI los expresó en forma detallada, siendo Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe[2] -en la Nota Doctrinal referida a la política-, los resumió, después, en la Encíclica Sacramentum Caritatis, y los ha ratificado insistentemente. Ellos son:
"...el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural; la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer; la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas"[3].
2. La única manera de hacer efectiva esta obligación moral es participando activamente en la vida cívica. Por eso es que, antes de ocuparnos del tema específico indicado, se debe partir de dos premisas doctrinarias: la licitud moral del voto[4], y la obligación de respetar el régimen institucional vigente[5], sin que ello implique avalar las imperfecciones que atribuyamos al sistema electoral y a la Constitución vigentes.
2.1. Algunos objetan estas premisas:
A) el artículo del Catecismo referido al voto, estaría interpretado simpliciter –de modo directo o simplista-, y correspondería hacerlo secundum quid –matizado según las circunstancias.
B) sobre la encíclica Au milieu des solicitudes, se alega que estuvo dirigida a los franceses, en una situación determinada, por tanto lo que expone no es magisterio universal.
3. Respondemos:
3.1. Al aprobar el texto del Catecismo, Juan Pablo II manifestó: “Lo reconozco como un instrumento válido y autorizado al servicio de la comunión eclesial y como norma segura para la enseñanza de la fe”[6]. Si para interpretarlo adecuadamente fuese necesario conocer teología y latín, no sería una norma segura pues no sería posible una interpretación unívoca. En conclusión, debe ser interpretado simpliciter.
3.2. Si la mencionada encíclica de León XIII estuvo dirigida a los franceses; con posterioridad, la misma enseñanza se reiteró en documentos destinados a los católicos mejicanos, españoles y portugueses, y suscriptos por otros dos Papas (Benedicto XV, Pío XI); por lo tanto, es magisterio universal, y no hay ningún documento que contradiga el criterio fijado.
4. La insistencia actual en los valores no negociables es importante pues, en el pasado reciente, muchos políticos católicos han dado prioridad a otras cuestiones. Por ejemplo, en Italia las leyes de divorcio y aborto fueron firmadas por jefes de Estado y ministros demócratas cristianos. También en España, el Partido Popular, integrado y votado por muchos católicos, ha promovido iniciativas que favorecen el aborto, la homosexualidad, etcétera. En nuestro país, legisladores católicos han votado favorablemente varias leyes, que habían sido públicamente cuestionadas por el Episcopado. La última ocasión fue la Ley Marco de Políticas de Derechos y Diversidad Sexual, en la Ciudad de Buenos Aires, apoyada por 47 votos a favor y ninguno en contra.
5. No se trata, entonces, de intervenir en la vida pública, para adaptarse a lo que sostiene la mayoría, según las encuestas, sino, precisamente, para defender y procurar aplicar, con firmeza, la propia doctrina.
Tampoco la decisión de participar en política implica que todos se sientan obligados a afiliarse a un partido, ni mucho menos a postularse como candidatos. También la emisión del voto, deberá quedar librada a la conciencia individual.
6. Existen, sin embargo, varias alternativas a la participación en un partido, que podrían utilizarse:
1. En España, cuatro partidos han firmado (septiembre de 2008) un Manifiesto de los Principios no negociables, sin perjuicio de presentar listas separadas y programas distintos.
2. Se ha constituido un Frente Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la vida, presidido por la Senadora argentina Negre de Alonso, e integrada por dirigentes políticos de varios países, con el objeto de coordinar acciones en defensa de la vida y la familia.
3. Fundaciones y centros de estudios tienen la posibilidad de influir en la vida cívica: formulando y difundiendo propuestas, asesorando a gobernantes y partidos, formando dirigentes, y controlando la gestión pública.
4. Varias entidades, que coincidan en los valores no negociables, pueden realizar una tarea conjunta de orientación a los ciudadanos, sobre los candidatos y plataformas electorales, señalando con precisión quienes respetan dichos valores, y por lo tanto, constituyen opciones válidas entre las cuales cada uno podrá decidir apoyar a la de su preferencia.
Objeciones a la participación en política
7. La Iglesia siempre ha considerado válido cualquier sistema político que asegure el bien común; por eso, cada fiel tiene derecho a preferir uno en particular. Algunos podrán considerar que el más perfecto es la monarquía, otros preferir el corporativismo. Pero es obvio, que en un país como el nuestro, donde rige el sistema republicano desde hace 199 años, no habrá posibilidad de cambiarlo por otro, a menos que sea interviniendo en el régimen vigente o utilizando la fuerza.
8. De las dos premisas indicadas al comienzo, se infiere la necesidad de actuar en política, utilizando las herramientas que permite la legislación, sin desconocer las dificultades que conlleva esa decisión. La compleja y desagradable realidad contemporánea puede hacer caer en dos tipos de convicciones erróneas, que, a su vez, conducen a estrategias para enfrentar la realidad.
8.1. Primera posición:
Algunos sostienen que, como existe un oligopolio partidocrático que restringe las chances electorales a dos o tres partidos o alianzas, es un esfuerzo inútil aceptar el combate electoral, con el consiguiente desgaste de dinero y energías que podrían ser mejor empleadas.
Entonces, aducen, mientras no cambie el panorama, conviene concentrar el esfuerzo en el combate intelectual, formando a los jóvenes que en el futuro podrán ocuparse de la política.
8.2. Segunda posición:
Como la corrupción de la política se acelera y se vulneran gravemente los cuatro valores, es necesario enfrentar con energía al gobierno, ejerciendo el derecho de resistencia.
Análisis
A) La acción cultural no debe descuidarse, por el contrario debe acentuarse, perfeccionando los instrumentos correspondientes. Pero, como enseña el Magisterio y demuestra la historia, en última instancia es el poder político el que determina, incluso, las posibilidades de la acción cultural[7].
Refugiarse en cenáculos intelectuales, hasta que se produzca el cambio que soñamos, es caer en la utopía. Afirmaba Juan XXIII: “tengan presente que el crecimiento de todas las cosas es una ley impuesta por la naturaleza y que, por tanto, en el campo de las instituciones humanas no puede lograrse mejora alguna si no es partiendo paso a paso desde el interior de las instituciones”[8].
B) El derecho de resistencia puede y debe aplicarse, pero respetando las condiciones que fija el Catecismo[9]. Saltear los tres grados previos (resistencia pasiva, resistencia legal, resistencia activa de hecho), para promover la rebelión armada, no es lícito moralmente, y es un planteo ineficaz y suicida[10].
Juan Pablo II, hablando a los dirigentes de Irlanda, negó la tesis de que la política no puede conseguir la justicia, y que solamente la violencia conduce al cambio[11].
Un caso concreto de aplicación de la doctrina lo encontramos en la Carta Encíclica de Pío XI “Acerba anima”, donde el Papa explica que al haberse mitigado parcialmente la persecución religiosa en México “parecía conveniente suspender las medidas de resistencia, que podían ser cada vez más dañosas al pueblo cristiano, y adoptar otras medidas más adecuadas a la nueva situación” (p. 10).
Cómo evaluar el respeto a los valores no negociables
9. La posición con respecto a los tres primeros valores (vida-familia-educación) queda manifestada directamente en la Plataforma Electoral, en la propaganda, los discursos y los reportajes. Puede detectarse fácilmente.
No obstante, cabe reconocer que, en muchos casos, la posición del candidato/partido no refleja convicciones o decisiones racionales, sino que obedece a actitudes circunstanciales debidas a: demagogia, adaptación a opiniones mayoritarias, o al asesoramiento de especialistas.
10. En cambio, la posición respecto al Bien Común, que a veces sólo puede detectarse indirectamente y cuesta descubrir, siempre está ligada a la ideología o doctrina del candidato/partido. Puede servir como guía para el análisis, el hecho de que el Bien Común siempre se vincula a otros dos principios del orden social: solidaridad y subsidiariedad.
10.1. Quien profesa -expresa o tácitamente- el liberalismo tiende a descuidar o restringir la solidaridad, para acentuar los derechos individuales, en especial el de propiedad privada.
10.2 Quien promueve el colectivismo -como el marxismo o el fascismo- suprime o debilita la subsidiariedad.
10.3. Como explica un autor uruguayo, se puede representar gráficamente sobre un eje longitudinal la forma de concebir el papel del Estado: “Si uno se mueve desde el centro hacia la derecha sobre el referido eje horizontal, llega un momento en que deja de respetar el principio de solidaridad. En cambio, si uno se mueve desde el centro a la izquierda, llega un momento en que deja de respetar el principio de subsidiariedad. Entre ambos puntos está la zona del pluralismo político legítimo”[12].
10.4. Si partimos de la definición pontificia de Bien Común: el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección, puede determinarse –ya sea de los antecedentes o de los proyectos- si se procura o no el Bien Común. Puesto que ello no depende de la capacidad económica o poderío político del país respectivo, sino de la orientación del Estado en las políticas públicas.
Valga como prueba que el Índice de Desarrollo Humano –que refleja en gran medida la calidad de vida de la población- muestra que los siete países mejor ubicados, no son precisamente los más importantes. En efecto, en orden decreciente, figuran: Islandia, Noruega, Canadá, Australia, Irlanda, Países Bajos y Suecia, entre el 1º y el 7º lugar. Recién en el 8º lugar figura Japón, en el 11º Francia y en el 15º Estados Unidos[13].
Conclusión
El cristianismo siempre ha considerado a la política como una actividad noble, pero no deben confundirse los planos y pretender con la política lograr la perfección de una sociedad; es imprescindible, sin embargo, para ayudar “a reducir el mal y a acentuar el bien lo más posible, y a crear un orden de convivencia estable, en el que, eso sí, puedan florecer libremente las perfecciones personales y comunitarias”[14].
Córdoba (Argentina), marzo 5 de 2009.-
Mario Meneghini
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Notas
[1] Escrito con motivo de los 28 años del Centro de Estudios Cívicos, dedicado desde 1981, al estudio de los problemas temporales desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia.
[2] Congregación para la Doctrina de la Fe. “Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública”; 24-11-2002, p. 4.
[3] Encíclica Sacramentum Caritatis, 22-2-2007, p. 83.
[4] Catecismo de la Iglesia Católica, 2240.
[5] Encíclica “Au Milieu des solicitudes”, p. 16/23.
[6] Constitución Apostólica Fidei Depositum, 11-10-1992, p. 4.
[7] “Sin embargo, es cosa de todos sabida que, en los campos social y económico –tanto nacional como internacional-, la decisión última corresponde al poder político” (Octogesima Adveniens, 46).
[8] Pacem in terris, 162.
[9] “La resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas sino cuando se reúnan las condiciones siguientes: 1) en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales; 2) después de haber agotado todos los otros recursos; 3) sin provocar desórdenes peores; 4) que haya esperanza fundada de éxito; 5) si es imposible prever razonablemente soluciones mejores" (Catecismo, 2243).
[10] “La gravedad de los peligros que el recurso a la violencia comporta hoy evidencia que es siempre preferible el camino de la resistencia pasiva, más conforme con los principios morales y no menos prometedor del éxito” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 401).
[11] Juan Pablo II en Irlanda, 29-9-79, p. 14.
[12] Daniel Iglesias Grèzes. “La acción política de los católicos”; Revista Arbil nº 119.
[13] “Mapa del Mundo para el Índice de Desarrollo Humano de los diferentes Estados, según el Informe 2007/2008” (Naciones Unidas); de Wikipedia.
[14] P. José María Iraburu. “Los católicos y la Política, utopía y política”; El último Alcázar, 26-6-2006.
