Por Adriana
Balaguer
Tres semanas atrás
visitaron el país la guatemalteca Verónica Taracena Gil y Rolinne Gravenbeek,
de Surinam, dos evaluadoras de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
que en nombre del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la
Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) se entrevistaron con
representantes de todos los organismos de control de la Argentina. Después de
horas de escuchar informes de parte de los responsables de estos entes,
apareció un tema sensible para el Gobierno: el manejo discrecional de los datos
de la AFIP. Quien estaba a punto de brindar el informe correspondiente era el
encargado "provisorio" de la Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas (FIA), Guillermo Noailles, responsable de perseguir delitos y
faltas de funcionarios.
Pero fue interrumpido
por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó : "Nada de
eso es así", dijo la funcionaria, tratando de alejar cualquier tipo de
sospecha sobre el uso de la información de que dispone el ente recaudador, y se
apoderó de la palabra hasta que finalizó el encuentro. En marzo de 2013, la
comisión evaluadora dará su "veredicto" sobre el estado de los
organismos de control y su colaboración en la lucha contra la corrupción. Y a
juzgar por la sorpresa con que ambas visitantes extranjeras vivieron la
experiencia, no es difícil predecir qué rumbo tomará el informe de la OEA.
El episodio es apenas
un botón de muestra. El cuadro general, mucho más preocupante, pinta a un país
donde los organismos de control del Estado no controlan. Y cuando lo hacen, su
tarea suele llegar a destiempo. Como si esto no fuese suficiente, también se
han convertido en custodios del relato K, obstruyendo incluso las vías de
acceso a la información real de las dependencias públicas.
Como resume Eduardo
Mondino, ex defensor del pueblo, "para el gobierno nacional los organismos
de control son una molestia: tienen el concepto de que cualquier opinión
contraria desestabiliza". Así las cosas, siglas que deberían servir para
garantizar la transparencia de los actos de gobierno y el buen manejo de los
recursos del Estado -AGN, OA, Sigen, FIA- pierden su razón de ser. El titular
de la Auditoría General de la Nación (AGN), el radical Leandro Despouy, utilizó
otra metáfora para ilustrar este vaciamiento de funciones: los organismos de
control en la Argentina "han sido amordazados y nos se les permite
publicar ninguno de todos los informes que realizan mostrando irregularidades
dentro del Gobierno. Los organismos de control fueron anulados".
Pero así como parece
haber una acción premeditada, también hay omisiones estratégicas. El decreto
que regula el acceso a la información pública, por ejemplo, no se aplica
plenamente desde hace años. Además, existen varios proyectos de ley en este
sentido que nunca llegan a ser sancionados. Actualmente, hay uno con media
sanción en el Senado, que está a punto de perder estado parlamentario.
De los entes de
control, hoy la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo del kirchnerista Julio
Vitobello, y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), bajo la dirección del
también ultraoficialista Daniel Reposo, no tienen autonomía funcional ni
financiera del Poder Ejecutivo, al que tienen que vigilar. Los informes de este
último organismo, que deberían difundirse por la Web, dejaron de publicarse en
2010. Y la OA dejó de iniciar de oficio investigaciones o denuncias ante la
Justicia, salvo que la Auditoría General de la Nación (AGN) remita un informe
especialmente. Lástima que este ente de control superior ha tenido que recurrir
a la Justicia ante la negativa de la Sigen y otros organismos públicos de
brindarle información básica para el desarrollo de su tarea. Además de haber
tenido que resistir la embestida contra su titular, Leandro Despouy, a quien el
kirchnerismo intentó sacar de su cargo tras una interpretación política de la
normativa vigente (y desconocer de paso los informes del organismo, incluidas
las advertencias sobre la precariedad del sistema ferroviario previas a la
tragedia de Once). El sometimiento político de este ente parlamentario no
termina allí: la supervisión de la AGN y el destino de sus informes son
decididos por una Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que también está en manos
de una mayoría que responde al Gobierno.
Sin resguardo
La Justicia también
ha dejado de ser un resguardo. Las maniobras judiciales con miras al 7-D y
hasta el per saltum que impulsó el Gobierno pueden ser leídos como parte de una
estrategia dirigida a manejar de manera arbitraria el tablero de control del
Estado. Un reciente estudio de la Asociación por los Derechos Civiles da cuenta
de que más del 18% de los jueces son subrogantes y no fueron designados por el
procedimiento previsto en la Constitución; no se garantiza, por lo tanto, la
independencia del Poder Judicial.
Secreto e impunidad
son los efectos inmediatos cuando en una república estos sistemas de control
están rengos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y, sobre todo, ¿hay voluntad política
de revertir esta situación? El episodio inicial de esta nota evidencia la
cuestionable autoridad con que hace uso de la palabra el responsable de la FIA,
organismo especializado en la investigación de irregularidades y delitos contra
la administración pública cometidos en el ámbito del Ejecutivo. No cuesta
imaginar el margen de movimiento que tiene Noailles si, además de estar en
forma provisoria en su cargo desde hace tres años, no queda claro, por ejemplo,
qué capacidad tiene el organismo para investigar al personal contratado en el
ámbito de la administración pública nacional; tampoco su competencia para
investigar hechos que no impliquen malversación o manejo de fondos, y ni
siquiera cuál es su rol ante causas no iniciadas por la FIA, sino por
particulares. Además de no tener garantizado el acceso a la información
pública, ya que no tiene potestad para ordenar a los funcionarios u organismos
que le entreguen información para sus investigaciones.
El caso de la
Defensoría del Pueblo, que debe proteger a los ciudadanos de los excesos de los
gobernantes, también es sintomático. Actualmente, está a cargo el adjunto
primero, Anselmo Sella, quien ya estaba ahí cuando su titular era Mondino, pero
que ha bajado notoriamente el perfil del organismo desde que quedó al frente.
De hecho, no se lo escuchó quejarse frente al apagón que hace unos días dejó a
oscuras a media ciudad de Buenos Aires.
"Los organismos
de control de los servicios públicos están intervenidos por el Poder Ejecutivo:
el ENRE, la CNC, el Enargas? La Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT) estuvo en silencio hasta la tragedia de Once", explica Mondino,
quien subraya que "no sólo son necesarios organismos que controlen, sino
que regulen, que modifiquen las normas de acuerdo con las nuevas tecnologías
que son las que pueden hacer más transparente el sistema".
Ante este panorama,
la esperanza revisora podría estar entonces en el Congreso, donde la oposición
tiene un poco más de voz. Pero según la diputada Laura Alonso (Pro), "sólo
la mitad de las 23 comisiones investigadoras bicamerales, especiales y mixtas,
funcionan". El relevamiento fue realizado el pasado 2 de octubre y deja en
evidencia que muchas comisiones ni siquiera han sido conformadas y otras, a
pesar de estar integradas, no se reúnen. No se trata de comisiones menores. Por
ejemplo, están "en coma" algunas comisiones de valor estratégico para
el país, como son las comisiones Fiscalizadora de los Organismos de
Inteligencia; de Seguimiento de las Facultades Delegadas del PEN; de
Negociaciones Agrícolas Internacionales; de Reforma del Estado y Seguimiento de
las Privatizaciones, y la Investigadora de Irregularidades en las Declaraciones
Juradas. En la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, el oficialismo
sólo dio curso para que la AGN investigue dos de los trece expedientes
presentados por los legisladores. Y ellos son, casualmente, los que piden
auditar a Papel Prensa, uno, y a Artear, el otro. Tendrán que esperar su turno
los pedidos de investigación sobre Ciccone, la UIF, la Fundación ArgenINTA,
entre otras causas más comprometedoras para el Gobierno. ¿El resultado?
"Si el oficialismo fija la agenda, la AGN pierde sentido", explica el
diputado Manuel Garrido, ex fiscal de investigaciones administrativas.
Para Ana María
Mustapic, profesora de la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora del
Conicet, en este "descontrol" también influye la alta rotación de los
legisladores. "Una vez que terminan de aprender cómo controlar, ya tienen que
irse", señala y agrega que "el trabajo de control legislativo va más
allá del que pueda hacerse en comisión, donde difícilmente mayorías y minorías
logren ponerse de acuerdo sobre un tema. Es importante que diputados y
senadores se preocupen también por la suerte de las decisiones que han adoptado
porque está claro que en la marcha también se pueden terminar desvirtuando los
objetivos iniciales de una legislación. Incluso pueden revertirse al ser
reglamentados".
Entre las herramientas
de las que dispone el Congreso para controlar a los demás poderes existen los
pedidos de informes. Pero como tienen el mismo tratamiento que los proyectos de
ley, las chances de que se apruebe uno son bastante bajas.
Pedidos de informes
La Comisión
interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explícito en su informe 2009 hasta
qué punto la obligación de los Estados es la máxima divulgación, el acceso a la
información y la regla, y el secreto, la excepción. Muchos parecen haberlo
entendido: hay más de 90 países que respetan estos principios democráticos o
intentan avanzar hacia un estilo de gobierno abierto. Pero en la Argentina,
esta realidad está lejos de ser corriente. Y eso a pesar de que existe un
decreto y varias normativas provinciales (en Santa Fe, la ciudad de Buenos
Aires, Córdoba, La Pampa, Tierra del Fuego, Catamarca) que podrían haber
sentado las bases para que el acceso a la información sea algo más que un
enunciado.
El primer intento de
aprobar una ley de acceso a la información pública comenzó en 2001, cuando la
OA elaboró un proyecto en el que participaron ONG, periodistas y funcionarios.
Eran tiempos de Eduardo Duhalde presidente, el proyecto obtuvo media sanción en
Diputados, fue modificado en el Senado y volvió a la cámara de origen, donde
las diferencias entre oposición y oficialismo lo llevaron a dormir su primera y
larga siesta.
Por eso, en 2003,
Néstor Kirchner revivió la iniciativa con el decreto 1172/2003, que permite
solicitar información al Poder Ejecutivo y a las instituciones que dependen de
él. Pero la burocracia estatal lejos estuvo de satisfacer esos deseos
ciudadanos. Hace casi 10 años de su firma y las dependencias del Estado aún no
publican o no actualizan su información online , y las solicitudes recibidas no
siempre son respondidas. Por qué hacerlo, se preguntan en las dependencias
oficiales, si no existe una penalidad para aquellos funcionarios que incumplan
el pedido.
Además, el número de
solicitudes recibidas varía de acuerdo con quién informe. Según la Subsecretaría
para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, la autoridad
de aplicación del decreto, en 2011 fueron 2024. Pero según informó este año el
jefe de Gabinete en el Congreso, fueron 1009, menos de la mitad.
La intención del
Poder Legislativo de modificar esta situación se evidenció otra vez cuando, en
2010, el Senado desempolvó el proyecto. En septiembre lo aprobó y giró a
Diputados, pero nuevamente perdió estado parlamentario. Ahora, Diputados le dio
media sanción, y si el Senado no lo trata antes de fin de mes, otra vez quedará
sin estado parlamentario. La urgencia fue registrada por legisladores y
referentes de las ONG, que temen ver otra batalla perdida. En rigor, la pérdida
es doble: sin transparencia en el acceso a la información, toda la
administración pública queda bajo sospecha. Pero también la calidad de la
democracia es menor..
La Nación, 25-11-12
