POR NICOLÁS FERNÁNDEZ
ARROYO Y PATRICIO GIGLI
DIRECTOR Y CONSULTOR
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL DE CIPPEC
El incendio de la Municipalidad de
Junín se suma a la larga lista de palacios municipales que fueron quemados o
tomados en los últimos años.
La imagen del
edificio de gobierno en llamas y bajo una lluvia de balas es símbolo de una
cuestión institucional preocupante y estructural: hay un desajuste de funciones
y recursos que debilita la legitimidad de los gobiernos locales en la Argentina.
Los gobiernos locales
son la ventanilla del Estado más próxima a los ciudadanos y es allí donde sus
demandas buscan respuesta rápida. Las sedes de los niveles superiores de
gobierno están lejos, más aún sus representantes. Pero los intendentes
argentinos no son funcionarios todopoderosos, todo lo contrario. Son campeones
en asumir nuevas funciones aunque sin los recursos correspondientes. El proceso
de descentralización que se inició a fines del siglo pasado y que se agudizó
informalmente con la crisis de 2001 derivó en un papel más protagónico para las
administraciones municipales.
Lejos de las
funciones tradicionales de alumbrado, barrido y limpieza, los intendentes
asumieron de hecho la promoción económica, el fomento del desarrollo local, la
defensa y la garantía de acceso a nuevos derechos, la implementación de
políticas de protección social ... A esto se suma la exigencia del diseño e
implementación de políticas de seguridad ciudadana, competencia que formalmente
es provincial y en algunos casos nacional (cuando se trata de delitos complejos
o disturbios mayores).
Los municipios no
cobran impuestos ni tasas por los servicios de seguridad pública, pero sí invierten
continuamente para mantener las calles iluminadas, los árboles podados,
incorporar cámaras en puntos estratégicos, promover políticas de prevención. Lo
cierto es que deben articularse con los poderes superiores para facilitarles su
accionar y prevenir de manera conjunta la actividad delictiva.
La situación fiscal
de las provincias provoca que los municipios también ayuden a mantener móviles
de la policía provincial, faciliten gasoil o compren materiales. Esto no
debería significar que la seguridad recaiga entera sobre sus espaldas.
Ciudades como Junín
proliferan por nuestra pampa húmeda. Un municipio de 90 mil habitantes, con
cierta complejidad social, económica y política, con gran tradición
participativa de sus vecinos y políticas de transparencia e innovación
tecnológica, se ve interpelado ante hechos de estas características.
En este contexto, es
clave analizar la distribución de recursos y funciones entre los tres niveles
de gobierno entendiendo la centralidad que los gobiernos locales tienen para
los ciudadanos. Trabajar en esta agenda de temas urgentes será clave para que
hechos lamentables como los recientemente ocurridos en Junín sean cada vez
menos frecuentes en la
Argentina.
Clarín, 15-3-13
