Estado no funciona


De Carlos Escudé:

Politológicamente, un Estado es una red de organizaciones que administra y defiende un territorio. Si un Estado no puede cumplir con esas funciones, no es plenamente un Estado.

Esto implica que, en realidad, la Argentina es actualmente un protectorado de Brasil y Chile. ¿Sobrevivirá medio siglo con sus límites actuales? A fines del siglo XVIII, Polonia hizo algo parecido y le fue muy mal. Desapareció como Estado hasta 1919. Sin una gran guerra, fue repartida entre Austria, Prusia y Rusia.

"¿Somos un protectorado de Chile y Brasil? ; en La Nación, 24-1-13

De Alberto Caturelli:

…la sociedad perfecta (y llámase perfecta a aquella que se basta para lograr por sí misma su fin propio) debe defenderse de los peligros, interiores o exteriores, que amenazan el bien común.

Malvinas y guerra justa. En El Derecho, 7-5-2012, p. 1.


El Himno Nacional



¡Oíd Mortales!...
La historia del Himno Nacional Argentino es bastante más compleja de lo que podría parecer a primera vista. Por lo menos, más compleja que la versión que nos enseñaron en la escuela. Y si bien a esta altura es conocido por todos que la letra original fue acortada, existe una larga serie de anécdotas y detalles (algunos podrían calificarse de estrambóticos) que sólo son referidos por los especialistas en el tema.

Aunque historiadores, musicólogos y periodistas le dedicaron no pocas páginas a la Canción Patria en libros y ensayos como Historia de los símbolos nacionales argentinos (Luis Canepa), Los símbolos patrios (Dardo Corvalán Mendilaharsu), O juremos con gloria morir (Esteban Buch), El águila guerrera (Pacho O`Donnel) o Argentinos (Jorge Lanata), resulta difícil establecer las verdaderos acontecimientos que desembocaron en la creación del Himno, en vista de que las fuentes ofrecen diversas interpretaciones de los hechos, en algunos casos complementarias, en otros contradictorias.

En estos casos, lo más aconsejable suele ser comenzar por el principio...

DOS CANCIONES PATRIAS

El 15 de noviembre de 1810, el periódico
La Gaceta de Buenos Aires publicó unos versos anónimos, cuyas primeras estrofas rezaban:

La América toda
Se conmueve al fin,
Y a sus caros hijos
Convoca a la lid;

A la lid tremenda
Que va a destruir
A cuantos tiranos
La osan oprimir.

Según La Gaceta, se trataba de una “...Marcha Patriótica compuesta por un ciudadano de Buenos Aires, para cantar con la música que otro ciudadano está arreglando”. El historiador José Antonio Pillado atribuye la autoría de texto y música al poeta y pianista aficionado Esteban de Luca. Sin embargo, su colega Vicente Gesualdo supone que la partitura en realidad estuvo a cargo del compositor español Blas Parera, muy amigo de la familia de Luca. En cualquier caso, la obra tuvo su debut el 24 de noviembre de 1810, en el marco del festejo por el triunfo de la batalla de Suipacha. Posteriormente pudo escuchársela repetidas veces en las reuniones de la Sociedad Patriótica, y muy pronto alcanzó un importante grado de popularidad. A diferencia del texto original, que se conserva en su totalidad, la partitura se extravió y la música de la marcha sobrevive en un arreglo del compositor Josué T. Wilkes, posterior a otro similar del año 1909, de José M. Roldán.

Más efímera resultó la suerte de una segunda canción patriótica. Se sabe que el 26 de mayo de 1812 tres niños entonaron en el Cabildo de Buenos Aires, y ante la presencia de las autoridades nacionales y municipales, un texto del poeta Saturnino de la Rosa, con música de Blas Parera. En esta ocasión el nombre de los autores quedó debidamente asentado en documentos oficiales, como así también la gratificación entregada a los niños cantores: 25 pesos a cada uno, “para un vestido”, como consta en el acta del acuerdo capitular de la misma fecha.

Sin embargo, pasados apenas unos meses, una nueva canción patria veía la luz.

EL HIMNO NACIONAL

Al parecer, todo comienza el 24 de mayo de 1812, con la representación en la Casa de Comedia de la pieza teatral El 25 de Mayo, de Luis Ambrosio Morante, cuyo final desembocaba en un encendido himno coreado por los actores, sobre música original de Blas Parera.

La versión más romántica de la historia señala que entre los espectadores se encontraba Vicente López y Planes, quien embriagado de inspiración habría escrito esa misma noche la primera estrofa de un himno que pronto reemplazaría al de Morante. Con ligeras variaciones, esta es la versión que se refleja en películas como La creación del himno (Mario Gallo, 1910) y El grito sagrado (Luis César Amadori, 1952).

Pero la verdad parece ser otra. Según documentos de la época, el 22 de julio de 1812 el Triunvirato envía al Cabildo un oficio en el que “se recomienda muy eficazmente al patriótico celo de V.E. el que se encargue de mandar hacer una composición sencilla, pero majestuosa e imponente (...) que en todos los espectáculos públicos se entone al principio de ellos, con la dignidad que corresponde a la marcha de la patria, debiendo en el entretanto permanecer los concurrentes en pie y destocados.” Además de esto conceptúa de igual importancia que en las escuelas de primeras letras se cante todos los días, y que un día señalado de cada semana concurran a la Plaza de la Victoria todos los estudiantes de primeras letras presididos de sus maestros y, puestos alrededor de la pirámide del 25 de Mayo, repitan los himnos de la patria, “con todo el decoro y acatamiento que exige esta augusta deidad de los hombres libres”.

La misión de hacer cumplir dicha tarea recae en el Regidor Manuel José García. Este encarga el texto a Fray Cayetano Rodríguez, sacerdote, poeta y periodista, quien cumple con el pedido en la última semana de julio de 1812. Durante la sesión del 4 de agosto de ese mismo año, el Cabildo aprueba la letra y ordena que la misma sea provista de la correspondiente música, para lo cual el cabildante García convoca -otra vez- a Blas Parera.

La partitura, escrita para orquesta, es aprobada también y el denominado Himno Patriótico se estrena el 1º de noviembre de 1812 en el Cabildo de Buenos Aires, tras lo cual comienza a cantarse según las indicaciones del decreto inicial. Al poco tiempo, razones prácticas simplifican las obligaciones de los escolares: el gobierno recomienda que los niños lo canten sólo una vez por mes, en día festivo.

Pero la obra no obtiene la repercusión esperada. La opinión de Luis Cánepa, en su Historia de los símbolos nacionales argentinos, es que el fracaso de esta primera experiencia hay que atribuirla a la falta de vuelo lírico de Fray Cayetano. Lo cierto es que el 6 de marzo de 1813 la Asamblea General Constituyente convoca una vez más a la creación de un himno que de manera heroica resuma los ideales de la Revolución de Mayo y simbolice el entusiasmo patriótico del pueblo.

De esta manera, los asambleístas Fray Cayetano Rodríguez y Vicente López y Planes preparan, cada uno por su lado, un nuevo texto. Durante la sesión del 11 de mayo de 1813, López y Planes da a conocer su obra y obtiene la aprobación unánime de la asamblea, incluido Fray Cayetano, quien admirado retira su propia letra. El original aprobado por la asamblea es el siguiente:

Oíd mortales el grito sagrado
Libertad, libertad, libertad;
Oíd el ruido de rotas cadenas
Ved el trono a la noble igualdad
Se levanta en la faz de la tierra
Una nueva, gloriosa nación
Coronada su cien de laureles
Y a sus plantas rendido un león.

Sean eternos los laureles
Que supimos conseguir
Coronados de gloria vivamos
O juremos con gloria morir.

De los nuevos campeones los rostros
Marte mismo parece animar
La grandeza se anima en sus pechos;
A su marcha todo hacen temblar.
Se conmueven del Inca las tumbas
Y en sus huecos revive el ardor
Lo que va renovando a sus hijos
De la Patria el antiguo esplendor.

Pero muros y sierras se sienten
Retumbar con horrible fragor
Todo el país se conturba por gritos
De venganza, de guerra y furor.
En los fieros tiranos la envidia
Escupió su pestífera hiel
Su estandarte sangriento levantan
Provocando a la lid más cruel.

¿No los veis sobre México y Quito
Arrojarse con saña tenaz?
¿Y cual lloran bañados en sangre
Potosí, Cochabamba y La Paz?
¿No los veis sobre el triste Caracas
Luto y llantos, y muerte esparcir?
¿No los veis devorando cual fieras
Todo pueblo que logran rendir?

A vosotros se atreve argentinos
El orgullo del vil invasor
Vuestros campos ya pisa cantando
Tantas glorias hollar vencedor
Mas los bravos, que unidos juraron
Su feliz libertad sostener
A estos tigres sedientos de sangre
Fuertes pechos sabrán oponer.

El valiente argentino a las armas
Corre ardiendo con brío y valor
El clarín de la guerra, cual trueno
En los campos del sud resonó
Buenos Aires se opone a la frente
De los pueblos de la ínclita unión
Y con brazos robustos desgarran
Al ibérico altivo león.

San José, San Lorenzo, Suipacha,
Ambas Piedras, Salta y Tucumán
La colonia y las mismas murallas
Del tirano en la banda oriental
Son letreros eternos que dicen:
Aquí el brazo argentino triunfó
Aquí el fiero opresor de la Patria
Su cerviz orgullosa dobló.

La victoria al guerrero argentino
Con sus alas brillantes cubrió
Y azorado a su vista el tirano
Con infamia a la fuga se dio
Sus banderas, sus armas se rinden
Por trofeos a la libertad
Y sobre alas de gloria alza el pueblo
Trono digno a su gran majestad.

Desde un polo hasta el otro resuena
De la fama el sonoro clarín
Y de América el nombre enseñado
Les repite, mortales oíd:
Ya su trono dignísimo abrieron
Las provincias unidas del Sud
Y los libres del mundo responden:
Al gran pueblo argentino salud.

Para la música, el gobierno vuelve a confiar en Blas Parera. Es interesante señalar que los historiadores no parecen ponerse de acuerdo sobre la verdadera talla musical del español. Mientras que algunos lo destacan como el primer director de la orquesta del primer teatro existente en Buenos Aires, la máxima figura musical de la Argentina en aquella época, otros los describen como un modesto profesor de música, empleado en las casas ricas de Buenos Aires para dar lecciones de piano, cello o canto, y autor de música por encargo. Para el compositor Alberto Williams, Blas Parera “no era un compositor avezado en los secretos técnicos del arte, sino más bien un autor ocasional, que se sobrepasó a sí mismo a impulsos de la inspiración patriótica y de la sublimidad del momento”.

Sin embargo, la inspiración patriótica de Blas Parera también es puesta en duda por algunos analistas. En Wikipedia, una enciclopedia de desarrollo comunitario alojada en la web con versiones en más de 100 idiomas, un extenso artículo anónimo sobre la gestación del Himno Nacional Argentino ofrece una polémica versión de la historia: “La Asamblea General Constituyente aprobó la Marcha Patriótica el día 11 de mayo de 1813. Al día siguiente le encargó al español Blas Parera componer con urgencia una nueva música. Algunos autores dicen que Parera accedió, pero pasados varios días no presentaba ningún resultado. Finalmente se negó, alegando que la letra era ofensiva contra España y que él temía las represalias del gobierno del rey. Fue encarcelado por el gobierno y obligado a componer bajo pena de fusilamiento. En una sola noche terminó la partitura (simplemente copió la música que había compuesto para la obra de teatro de Morante un año antes), tras lo cual fue liberado y en el primer barco abandonó para siempre la Argentina, viviendo algunos años en Río de Janeiro y finalmente en España, donde murió.”

Esta anécdota, aunque en contradicción con todas las restantes fuentes consultadas, sienta sin embargo sus bases sobre un hecho real: la repentina partida de Parera en circunstancias poco claras. Pero el musicólogo argentino Carlos Vega lo explica de esta manera: “Meses antes de su partida, el gobierno argentino (recuérdese que el país estaba en guerra) exigió a todos los españoles residentes juramento de fidelidad a la patria naciente y morir por su independencia total, legalizando su adhesión mediante una carta de ciudadanía. Podría ser que la adopción de la nacionalidad argentina hubiera sido una imposición demasiado dura para el catalán, y acaso la causa de su extrañamiento súbito.”

Tampoco existe acuerdo unánime respecto del lugar donde el Himno Nacional fue ejecutado por primera vez. Según la tradición, tuvo su estreno en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, dama de la sociedad porteña de la época, asidua anfitriona de concurridos eventos sociales y veladas musicales. Pero otras fuentes sostienen que el debut de la obra se produjo el 25 de mayo de 1813 en la Plaza de la Victoria, al pie de la Pirámide de Mayo, cantado por los alumnos de la escuelita del maestro Rufino Sánchez. Y que el mismo día, por la noche, se entonó en el Coliseo Provisional. Esta segunda versión se fundamenta básicamente en que, tratándose de un encargo gubernamental de tamaña magnitud, difícilmente su estreno se confinara a un ámbito reducido. Conclusión: la performance en casa de Mariquita Sánchez de Thompson tendría que haber sido posterior a su estreno oficial. Aunque no resulta descabellado pensar en un pre-estreno en las condiciones antedichas, habida cuenta de que es muy probable que tanto López y Planes como Blas Parera fueran asiduos concurrentes de las reuniones organizadas en casa de la dama en cuestión.

Lo cierto es que la obra alcanzó rápidamente gran popularidad, y muy pronto quedó instalada en forma excluyente como canción patria, siendo interpretada tanto en eventos oficiales y sociales como también en el campo de batalla. Aunque, como es sabido, no sobrevivió al paso del tiempo tal como se la conoció entonces.

Como era de esperarse, el contenido de la letra, tan apropiada para inflamar el patriotismo del pueblo en tiempos de guerra, con el transcurso de los años y el tamiz de la paz acabó por generar cierto malestar en España. Versos como “y a sus plantas rendido un león”, “el orgullo del vil invasor”, “y con brazos robustos desgarran / al ibérico altivo león” o “aquí el fiero opresor de la Patria / su cerviz orgullosa dobló”, fueron al fin considerados ofensivos.

En julio de 1893, a instancias del Ministro del Interior Lucio Vicente López, nieto del autor de la letra del Himno, el Poder Ejecutivo resuelve que a partir de la fecha en los eventos oficiales se interpretaría sólo la última estrofa. Una interpelación al ministro López en el Congreso, pedida por el diputado Osvaldo Magnasco, finalmente consigue que el gobierno de marcha atrás con la propuesta. Sin embargo, años más tarde el presidente Julio Argentino Roca firma un nuevo decreto, ordenando que en los actos oficiales se canten sólo los cuatro primeros versos, los cuatro últimos y el coro. Fechado el 30 de marzo de 1900, el decreto sostiene: “El himno nacional contiene frases que fueron escritas con propósitos transitorios, las que hace tiempo han perdido su carácter de actualidad; tales frases mortifican el patriotismo del pueblo español y no son compatibles con las relaciones internacionales de amistad, unión y concordia”. Esta versión abreviada por el decreto de Roca es la que se canta en la actualidad.

Dr. Jorge Horacio Gentile

Profesor de Derecho Constitucional
de la Universidad Nacional y de la
Universidad Católica de Córdoba

Nunca estuvo toda tan a la vista



 por María Virginia Guevara

La foto cambiará el mes que viene, porque habrá otra suba de sueldos.
Pero hasta hoy son 10.704 empleados, con un costo salarial promedio de 17 mil pesos al mes, y ya insumieron una masa salarial de 1.823 millones de pesos en lo que va del año: dos tercios del total de los recursos.
Cada mes, hacen falta 10,5 millones sólo para pagarles el refrigerio, otros 12,5 millones para las bonificaciones
–plus previsto para unos pocos, aunque hoy son pocos los que no lo cobran– y los salarios de los agentes pasivizados demandan casi 10 millones: en esos tres rubros ya se va un desagüe de Alta Córdoba cada 30 días. Todo el costo salarial llega a 170 millones mensuales.
Hay 525 empleados que pasarán varios años cobrando sin trabajar porque se acogieron a la ya derogada pasividad anticipada. Otros 234 ya deberían estar jubilados y no se van.

Casi la mitad ingresó en la última década. El 75 por ciento tiene más de 40 años. El 64 por ciento cobra adicional por título universitario o terciario. En lo que va del año, el costo que todos ellos representan para la ciudad subió 36 por ciento.
Nunca se supo tanto sobre ese conflictivo universo que componen los empleados de la Municipalidad de Córdoba. La información es oficial, está disponible mes a mes, graficada y explicada por el propio municipio. Hasta el año pasado, sólo se conocía un resultado final, muy similar al actual, pero que, además, ocultaba a centenares de monotributistas.
Nunca, tampoco, estuvo tan a la vista el escaso margen de maniobra que le deja
a un intendente el poder de fuego del gremio, sumado al Estatuto del Empleado Municipal, que es mucho más implacable que el Suoem.

Qué haría Ramón Mestre con esa realidad era uno de los grandes interrogantes hace un año.
La semana pasada, lo que hizo en su primer año de gestión ocupó el lugar predilecto de las críticas: los ediles opositores, que no pusieron objeciones para votar los aumentos concedidos, fueron los críticos más duros de la política salarial. La indignación de los vecinos es más comprensible.
Concesiones. ¿Qué hizo Ramón Mestre en este año? Exactamente lo contrario de lo que cuenta la leyenda de su padre en el mismo cargo: evitó por todos los medios un conflicto a gran escala, priorizó el hecho de tener sentada a la cúpula del Suoem en una mesa de negociación y, en los últimos días, no ahorró elogios a los empleados ni a la conducción gremial.
Logró establecer un sistema de control de presentismo, descontó los días de paro –según la publicidad–, redujo 60 por ciento las horas extras y se dispuso a cumplir el capítulo de la Carta Orgánica que dice que para ser efectivo hay que rendir concurso público y abierto.

¿Qué concedió? Dos aumentos salariales que totalizan un 27 por ciento anual, más una suba de seis por ciento que había dejado de herencia Daniel Giacomino.
Además, pagó deudas salariales de la gestión anterior por más de 90 millones y pasó a la categoría de contratados a cerca de 400 monotributistas que llevaban más de un año en sus puestos, muchos de ellos sin cobrar. También contrató a otros que no eran monotributistas, en un proceso de incorporaciones que nunca tiene fin.
¿Adónde lleva el costoso puente de oro que Mestre le ofrece al Suoem? El Ejecutivo apuesta a un cambio de largo aliento en la organización, que comenzará por definir cuántos empleados hacen falta en cada sector.
En paralelo, y sin que la cúpula del Suoem rompiera jamás el silencio, puso sobre la mesa la discusión de fondo: el Estatuto del Empleado Municipal, esa norma que para el gremio de Rubén Daniele fue la llave al paraíso y que data de esos años en que Mestre padre ganó la fama de duro. Hay otra posibilidad: que todo siga como venía.

La Voz del Interior, 16-12-12

El municipio y el Suoem definirán cuántos agentes hace falta en cada área




por María Virginia Guevara


Con la participación del gremio de los empleados municipales (Suoem), la Municipalidad de Córdoba iniciará un proceso de determinación de planteles básicos de cada una de las reparticiones.
En la práctica, el proceso supone relevamientos y análisis generales de los procesos de trabajo de cada área y de la función de cada agente, a los fines de determinar en qué dependencias faltan empleados y en cuáles hay personal que podría ser más productivo en otras funciones. Se trata de un desafío de proporciones, puesto que supone la reubicación de empleados, algo que en los últimos años fue una misión casi imposible en el Palacio 6 de Julio.

“El objetivo es incrementar la productividad y la eficiencia del municipio. La determinación de los planteles básicos también va a incluir las necesidades de capacitación y de incorporación de tecnología”, indicó Sergio Torres, secretario General del municipio y principal impulsor de la iniciativa.
“Hoy la mitad del personal municipal realiza tareas administrativas, y la otra mitad se encarga de la producción de bienes y servicios. Sólo en el área de Recursos Humanos hay 120 personas avocadas a todas las tareas vinculadas a la liquidación de haberes. Es una realidad que creemos que debe cambiarse”, indicó Torres.
En ese caso, la incorporación de un nuevo liquidador de haberes –que fue cedido por la Municipalidad de Tigre y está siendo implementado por personal municipal y técnicos de la UTN– generaría cambios concretos en el proceso de trabajo.
Según lo informado por el funcionario, ya hubo reuniones con la conducción del Suoem a los efectos de poner en marcha el proceso, y no hubo objeciones. Desde el gremio se informó lo mismo, pero el secretario general del sindicato, Rubén Daniele, mantiene total mutismo sobre el tema, como sobre todo lo vinculado a la administración del intendente Ramón Mestre.

Según Torres, la definición de los planteles básicos no tiene un plazo determinado, pero es prioritaria, puesto que sobre esa base cierta es que deberán definirse los cargos que necesitan ser concursados, la resolución de los más de 400 interinatos y la asignación de vacantes de planta permanente.
A la lista, se le agrega el tema de mayor conflictividad: los más de 2.500 contratados que reclaman su pase a planta permanente. Hasta ahora el Ejecutivo ratificó que la única vía a la efectivización es el concurso público y abierto, con puntaje extra para los contratados.
Otro proceso en marcha puertas adentro del municipio es la aceleración de los trámites de jubilación del personal que ya está en condiciones de retirarse (y que percibe los salarios más altos por el fuerte impacto del adicional por antigüedad). En enero pasado eran 300 agentes en esa situación y en noviembre último eran aún 234.
Torres ya planteó al Suoem otro tema de fondo, sobre el que no hubo respuesta sindical: la discusión de la estratégica ordenanza 7244, el Estatuto del Personal Municipal. La intención oficial es reconocer todos los derechos adquiridos del personal actual y modificar algunos artículos clave (antigüedad y bonificaciones, por ejemplo) para los futuros agentes.

La Voz del Interior, 14-12-12

Estado - Nación




Primera cuestión: no son análogos los conceptos de nación y Estado. La absorción de la nación por el Estado, es propia de los regímenes totalitarios. Recordemos la fórmula de Mussolini:
Todo en el Estado, todo para el Estado, nada fuera del Estado.
Si se aplicara este enfoque a nuestro país, quedarían fuera de la protección del Estado cuatro millones de extranjeros, que conviven con nosotros pacíficamente, pero que nunca pertenecerán a la nación argentina, aunque adquieran la ciudadanía, pues la nacionalidad es un sello indeleble que se recibe al nacer en un territorio determinado.
La Nación, según la clasificación sociológica, es una comunidad, es decir una agrupación humana formada espontáneamente a lo largo de la historia, y a la que no se ingresa por propia voluntad, sino a la que se pertenece por el nacimiento, como ocurre con la familia a la que pertenecemos sin haberla elegido.
La nación es un lazo de parentesco espiritual, una forma de sociabilidad entre personas vinculadas por una serie de factores comunes;  es un concepto cultural: constituye un conjunto de factores geográficos, étnicos, linguísticos, históricos, que definen a un pueblo, y lo distinguen de cualquier otro.

El Estado, por el contrario, es una sociedad, es decir una agrupación formada deliberadamente. Es el órgano de conducción política de un pueblo determinado, que puede estar integrado por personas de distinto origen nacional.

Segunda cuestión: si las medidas adoptadas por el actual gobierno han fortalecido al Estado. La realidad objetiva muestra un sector público cada día más desarticulado, ineficaz, que no está en condiciones de prestar adecuadamente los servicios esenciales: salud, educación, seguridad. La estatización de Aerolíneas agravó la situación anterior, y esa empresa que fue distinguida en otras épocas como una de las mejores del mundo, produce 2 millones de dólares diarios de pérdida. YPF, también estatizada, necesita inversiones de más de 20.000 millones de dólares, para explotar el rico yacimiento de Vaca Muerta; como ningún país occidental está dispuesto a invertir parece probable que se acuerde con una empresa perteneciente al estado Chino, lo que no indicaría precisamente un avance de la soberanía argentina.

Pero como esas medidas, al igual que la ley de medios, han sido presentadas como ejemplo de nacionalismo, podemos utilizar el concepto de densidad nacional, que ha estudiado el economista Aldo Ferrer. Lo define como el conjunto de condiciones de circunstancias que determinan la calidad de las respuestas de cada nación a los desafíos y oportunidades de la globalización. La densidad nacional es determinante de su desarrollo o atraso, de su autonomía o subordinación.

Dos factores que favorecían a la argentina: la cohesión y la movilidad social, se han deteriorado aceleradamente en la última década. La decadencia de la educación pública, los altos índices de pobreza y desempleo, la creciente deuda externa, la extranjerización de más de la mitad de las grandes empresas, la fuga de capitales, el aumento exponencial del delito:

Han contribuido al deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población, y a fracturar la cohesión social y el sentido de pertenencia a un destino compartido.
La baja calidad de nuestra densidad nacional nos encuentra gravemente debilitados para enfrentar con éxito los desafíos de la globalización. Esto requiere con urgencia un esfuerzo enorme de los dirigentes para generar políticas adecuadas para superar la situación existente.

7-12-12

Resumen diagnóstico y propuesta



Administración Pública

Dr. Mario Meneghini

Es generalmente aceptado que la Argentina ha sido mal gobernada desde hace muchos años, pero debe añadirse que también el sector público ha estado mal administrado, desde hace cuatro décadas. El principal factor es la ingerencia indebida del nivel político en los cuadros administrativos que deberían ser ocupados por empleados permanentes. Así, al jubilarse el personal más competente y experimentado, es reemplazado por personas designadas por influencia política, ya sea por pertenecer al partido oficialista o por amistad o parentesco con el funcionario responsable del área respectiva. De esta manera se han desmantelado los organismos que en otra época tuvieron merecido prestigio, comenzando por el INDEC, y continuando con el Inta, Senasa, Comisión Nacional de Energía Atómica, etcétera.

Una de las formas del clientelismo es utilizar la administración pública como botín de guerra, habiéndose llegado a una dotación total en los tres niveles de gobierno, que suma 3.403.757 personas. Esto convierte al sector público argentino en una estructura enorme, pero fofa, sin la eficacia que debe caracterizar a un Estado moderno.

Consideramos que esta grave situación requiere un compromiso público de los dirigentes  de todos los partidos, semejante al que han formulado los senadores y diputados nacionales opositores, respecto de la reforma constitucional. El compromiso consistiría en declarar que todos los cargos públicos, que no sean específicamente de nivel político, serán cubiertos por el sistema de mérito, en base a concursos que seleccionen a los más idóneos entre los aspirantes.

6-12-12

Gobernar sin rendir cuentas, la estrategia K




Por Adriana Balaguer 

Tres semanas atrás visitaron el país la guatemalteca Verónica Taracena Gil y Rolinne Gravenbeek, de Surinam, dos evaluadoras de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que en nombre del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) se entrevistaron con representantes de todos los organismos de control de la Argentina. Después de horas de escuchar informes de parte de los responsables de estos entes, apareció un tema sensible para el Gobierno: el manejo discrecional de los datos de la AFIP. Quien estaba a punto de brindar el informe correspondiente era el encargado "provisorio" de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA), Guillermo Noailles, responsable de perseguir delitos y faltas de funcionarios.

Pero fue interrumpido por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó : "Nada de eso es así", dijo la funcionaria, tratando de alejar cualquier tipo de sospecha sobre el uso de la información de que dispone el ente recaudador, y se apoderó de la palabra hasta que finalizó el encuentro. En marzo de 2013, la comisión evaluadora dará su "veredicto" sobre el estado de los organismos de control y su colaboración en la lucha contra la corrupción. Y a juzgar por la sorpresa con que ambas visitantes extranjeras vivieron la experiencia, no es difícil predecir qué rumbo tomará el informe de la OEA.

El episodio es apenas un botón de muestra. El cuadro general, mucho más preocupante, pinta a un país donde los organismos de control del Estado no controlan. Y cuando lo hacen, su tarea suele llegar a destiempo. Como si esto no fuese suficiente, también se han convertido en custodios del relato K, obstruyendo incluso las vías de acceso a la información real de las dependencias públicas.

Como resume Eduardo Mondino, ex defensor del pueblo, "para el gobierno nacional los organismos de control son una molestia: tienen el concepto de que cualquier opinión contraria desestabiliza". Así las cosas, siglas que deberían servir para garantizar la transparencia de los actos de gobierno y el buen manejo de los recursos del Estado -AGN, OA, Sigen, FIA- pierden su razón de ser. El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), el radical Leandro Despouy, utilizó otra metáfora para ilustrar este vaciamiento de funciones: los organismos de control en la Argentina "han sido amordazados y nos se les permite publicar ninguno de todos los informes que realizan mostrando irregularidades dentro del Gobierno. Los organismos de control fueron anulados".

Pero así como parece haber una acción premeditada, también hay omisiones estratégicas. El decreto que regula el acceso a la información pública, por ejemplo, no se aplica plenamente desde hace años. Además, existen varios proyectos de ley en este sentido que nunca llegan a ser sancionados. Actualmente, hay uno con media sanción en el Senado, que está a punto de perder estado parlamentario.

De los entes de control, hoy la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo del kirchnerista Julio Vitobello, y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), bajo la dirección del también ultraoficialista Daniel Reposo, no tienen autonomía funcional ni financiera del Poder Ejecutivo, al que tienen que vigilar. Los informes de este último organismo, que deberían difundirse por la Web, dejaron de publicarse en 2010. Y la OA dejó de iniciar de oficio investigaciones o denuncias ante la Justicia, salvo que la Auditoría General de la Nación (AGN) remita un informe especialmente. Lástima que este ente de control superior ha tenido que recurrir a la Justicia ante la negativa de la Sigen y otros organismos públicos de brindarle información básica para el desarrollo de su tarea. Además de haber tenido que resistir la embestida contra su titular, Leandro Despouy, a quien el kirchnerismo intentó sacar de su cargo tras una interpretación política de la normativa vigente (y desconocer de paso los informes del organismo, incluidas las advertencias sobre la precariedad del sistema ferroviario previas a la tragedia de Once). El sometimiento político de este ente parlamentario no termina allí: la supervisión de la AGN y el destino de sus informes son decididos por una Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que también está en manos de una mayoría que responde al Gobierno.

Sin resguardo

La Justicia también ha dejado de ser un resguardo. Las maniobras judiciales con miras al 7-D y hasta el per saltum que impulsó el Gobierno pueden ser leídos como parte de una estrategia dirigida a manejar de manera arbitraria el tablero de control del Estado. Un reciente estudio de la Asociación por los Derechos Civiles da cuenta de que más del 18% de los jueces son subrogantes y no fueron designados por el procedimiento previsto en la Constitución; no se garantiza, por lo tanto, la independencia del Poder Judicial.

Secreto e impunidad son los efectos inmediatos cuando en una república estos sistemas de control están rengos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y, sobre todo, ¿hay voluntad política de revertir esta situación? El episodio inicial de esta nota evidencia la cuestionable autoridad con que hace uso de la palabra el responsable de la FIA, organismo especializado en la investigación de irregularidades y delitos contra la administración pública cometidos en el ámbito del Ejecutivo. No cuesta imaginar el margen de movimiento que tiene Noailles si, además de estar en forma provisoria en su cargo desde hace tres años, no queda claro, por ejemplo, qué capacidad tiene el organismo para investigar al personal contratado en el ámbito de la administración pública nacional; tampoco su competencia para investigar hechos que no impliquen malversación o manejo de fondos, y ni siquiera cuál es su rol ante causas no iniciadas por la FIA, sino por particulares. Además de no tener garantizado el acceso a la información pública, ya que no tiene potestad para ordenar a los funcionarios u organismos que le entreguen información para sus investigaciones.

El caso de la Defensoría del Pueblo, que debe proteger a los ciudadanos de los excesos de los gobernantes, también es sintomático. Actualmente, está a cargo el adjunto primero, Anselmo Sella, quien ya estaba ahí cuando su titular era Mondino, pero que ha bajado notoriamente el perfil del organismo desde que quedó al frente. De hecho, no se lo escuchó quejarse frente al apagón que hace unos días dejó a oscuras a media ciudad de Buenos Aires.

"Los organismos de control de los servicios públicos están intervenidos por el Poder Ejecutivo: el ENRE, la CNC, el Enargas? La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) estuvo en silencio hasta la tragedia de Once", explica Mondino, quien subraya que "no sólo son necesarios organismos que controlen, sino que regulen, que modifiquen las normas de acuerdo con las nuevas tecnologías que son las que pueden hacer más transparente el sistema".

Ante este panorama, la esperanza revisora podría estar entonces en el Congreso, donde la oposición tiene un poco más de voz. Pero según la diputada Laura Alonso (Pro), "sólo la mitad de las 23 comisiones investigadoras bicamerales, especiales y mixtas, funcionan". El relevamiento fue realizado el pasado 2 de octubre y deja en evidencia que muchas comisiones ni siquiera han sido conformadas y otras, a pesar de estar integradas, no se reúnen. No se trata de comisiones menores. Por ejemplo, están "en coma" algunas comisiones de valor estratégico para el país, como son las comisiones Fiscalizadora de los Organismos de Inteligencia; de Seguimiento de las Facultades Delegadas del PEN; de Negociaciones Agrícolas Internacionales; de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, y la Investigadora de Irregularidades en las Declaraciones Juradas. En la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, el oficialismo sólo dio curso para que la AGN investigue dos de los trece expedientes presentados por los legisladores. Y ellos son, casualmente, los que piden auditar a Papel Prensa, uno, y a Artear, el otro. Tendrán que esperar su turno los pedidos de investigación sobre Ciccone, la UIF, la Fundación ArgenINTA, entre otras causas más comprometedoras para el Gobierno. ¿El resultado? "Si el oficialismo fija la agenda, la AGN pierde sentido", explica el diputado Manuel Garrido, ex fiscal de investigaciones administrativas.

Para Ana María Mustapic, profesora de la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora del Conicet, en este "descontrol" también influye la alta rotación de los legisladores. "Una vez que terminan de aprender cómo controlar, ya tienen que irse", señala y agrega que "el trabajo de control legislativo va más allá del que pueda hacerse en comisión, donde difícilmente mayorías y minorías logren ponerse de acuerdo sobre un tema. Es importante que diputados y senadores se preocupen también por la suerte de las decisiones que han adoptado porque está claro que en la marcha también se pueden terminar desvirtuando los objetivos iniciales de una legislación. Incluso pueden revertirse al ser reglamentados".

Entre las herramientas de las que dispone el Congreso para controlar a los demás poderes existen los pedidos de informes. Pero como tienen el mismo tratamiento que los proyectos de ley, las chances de que se apruebe uno son bastante bajas.

Pedidos de informes

La Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explícito en su informe 2009 hasta qué punto la obligación de los Estados es la máxima divulgación, el acceso a la información y la regla, y el secreto, la excepción. Muchos parecen haberlo entendido: hay más de 90 países que respetan estos principios democráticos o intentan avanzar hacia un estilo de gobierno abierto. Pero en la Argentina, esta realidad está lejos de ser corriente. Y eso a pesar de que existe un decreto y varias normativas provinciales (en Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Tierra del Fuego, Catamarca) que podrían haber sentado las bases para que el acceso a la información sea algo más que un enunciado.

El primer intento de aprobar una ley de acceso a la información pública comenzó en 2001, cuando la OA elaboró un proyecto en el que participaron ONG, periodistas y funcionarios. Eran tiempos de Eduardo Duhalde presidente, el proyecto obtuvo media sanción en Diputados, fue modificado en el Senado y volvió a la cámara de origen, donde las diferencias entre oposición y oficialismo lo llevaron a dormir su primera y larga siesta.

Por eso, en 2003, Néstor Kirchner revivió la iniciativa con el decreto 1172/2003, que permite solicitar información al Poder Ejecutivo y a las instituciones que dependen de él. Pero la burocracia estatal lejos estuvo de satisfacer esos deseos ciudadanos. Hace casi 10 años de su firma y las dependencias del Estado aún no publican o no actualizan su información online , y las solicitudes recibidas no siempre son respondidas. Por qué hacerlo, se preguntan en las dependencias oficiales, si no existe una penalidad para aquellos funcionarios que incumplan el pedido.

Además, el número de solicitudes recibidas varía de acuerdo con quién informe. Según la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, la autoridad de aplicación del decreto, en 2011 fueron 2024. Pero según informó este año el jefe de Gabinete en el Congreso, fueron 1009, menos de la mitad.

La intención del Poder Legislativo de modificar esta situación se evidenció otra vez cuando, en 2010, el Senado desempolvó el proyecto. En septiembre lo aprobó y giró a Diputados, pero nuevamente perdió estado parlamentario. Ahora, Diputados le dio media sanción, y si el Senado no lo trata antes de fin de mes, otra vez quedará sin estado parlamentario. La urgencia fue registrada por legisladores y referentes de las ONG, que temen ver otra batalla perdida. En rigor, la pérdida es doble: sin transparencia en el acceso a la información, toda la administración pública queda bajo sospecha. Pero también la calidad de la democracia es menor..

La Nación, 25-11-12

La demagogia como proyecto político




Laura Sesma*

Para la Real Academia ­Española, el cinismo ­significa “desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables”.
El cinismo es un presupuesto esencial de lo que Aristóteles, en La Política, denominaba demagogia: “Degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder”.
La demagogia caracterizó a la gestión de Luis Juez, que siempre hizo y dijo lo que le
era útil para su armado electoral y no lo que demandaba el bien común.
En la misma línea, dirigentes del Frente Cívico critican hoy el aumento de impuestos, cuando les consta que el municipio estaría paralizado si el actual intendente no hubiera decidido recomponer en un sentido progresivo los impuestos municipales de acuerdo con la inflación real, así como arbitrar los medios para que la Provincia no se quede con fondos que por coparticipación le corresponden a la ciudad.
Son “demagogos de manual” cuando critican los 100 pesos que se cobrarán como derecho de examen en los concursos públicos, mientras que en su gobierno se repartían puestos de trabajo o certificados de conducta falsos previo pago del canon correspondiente.

Números reales. En el artículo publicado en la sección de Opinión de este ­diario, el 24 de octubre pasado, bajo el título “Estado, trabajo
en negro y dignidad”, apelando a la mentira y a una de las ­necesidades más sagradas de cualquier persona –el trabajo y el salario digno–, se pretende reivindicar las acciones del ­gobierno municipal entre 2003 y 2007 en materia de recursos humanos.
Se miente cuando se expresa que al finalizar la intendencia de Juez sólo había 606 empleados nuevos.
Desde 1983 a la fecha, Juez fue el intendente que triplicó el ingreso de empleados, si lo compara con sus antecesores. Además, incrementó el gasto salarial a través del pago ilegal de horas extras y adicionales al sueldo, para intentar comprarse el apoyo de la familia municipal en reemplazo de la estructura política que no tenía.

El exintendente Ramón Bautista Mestre redujo la planta de personal de 6.300 a 5.100 empleados, si deja fuera este número a los empleados de las escuelas municipales y a los que pasaron de la Provincia a la Municipalidad cuando se municipalizó el servicio de cloacas.
El exintendente Rubén Martí recibe, en 1991, una planta de casi seis mil empleados, y cuando se retira quedan alrededor de 6.900, entre agentes permanentes, transitorios y contratados, de los cuales pasa a planta permanente alrededor de 900 agentes, cuando aún no estaba vigente la ordenanza 10.174 de concursos, que se aprueba en diciembre de 1999.

Juez recibe del exintendente Germán Kammerath alrededor de 7.250 empleados y,  cuando se va, deja más de 9.400, cifra que no refleja los más de tres mil empleados que tienen fecha de ingreso durante su gestión, ­porque los agentes que se jubilaron en esa época dejaron cargos que fueron ocupados por los nuevos.
El exintendente Daniel Giacomino incrementó le­vemente la cantidad total de empleados y pasó 1.500 agentes de contratados a transitorios, aumentando el número de monotributistas.
En los números informados, no están contemplados monotributistas ni funcionarios.

Otras mentiras. También se miente cuando se dice que los agentes ingresaron en 2007 a planta permanente de acuerdo a la Carta Orgánica.
El 9 de septiembre de 2003, el juez de Conciliación de Segunda Nominación admitió la acción de amparo que interpuse para dejar sin efecto el decreto 1.555 dictado por Kammerath, que establecía un concurso para contratados y otro para ciudadanos comunes.
En la sentencia expresaba que “... la ordenanza 10.174 regula el ingreso a la administración comunal dentro de un marco de condiciones, pero sin condicionamientos, otorgando prioritariamente la igualdad de oportunidades para los aspirantes, y que el decreto número 1.555 se aparta totalmente de dichas pautas... al discriminar la selección de postulantes...”.
Confirmado el fallo por la Cámara de Trabajo Sala Primera, el 7 de octubre de 2003 se suspendieron esos concursos y la Justicia impidió el ingreso del personal contratado a planta permanente.
Aprovechando esa situación y con el objetivo de nombrar a sus “militantes”, cuando asume Juez en 2003 rescinde casi mil contratos, de los cuales sólo reincorpora alrededor de 500 a pedido del Suoem.

Por mérito. En 2007 inicié un amparo en contra del decreto 670/06 y otros similares dictados por el en­tonces intendente Juez, que ­per­mitían el ingreso de los contratados y de ningún otro ciudadano.
La Cámara Primera en lo Civil y Comercial sostuvo que tal criterio chocaría con el artículo 16 de la Constitución Nacional, conforme al cual si bien “... el acceso al empleo público encuentra como condición esencial la idoneidad, exige respeto a la igualdad de oportunidades...”, y obligó al municipio a admitir a los ciudadanos demandantes en esos simulacros de concursos cerrados.
Pero, lamentablemente, pese a tratarse de un amparo de incidencia colectiva, esta vez la Justicia no impidió el ingreso a planta permanente de más de tres mil empleados.
Algunos, los menos, eran contratados de antes de 2003, pero la gran mayoría había ingresado entre 2004 y 2006, ele­gidos a dedo por el entonces intendente Juez, sin ningún sistema de selección por mérito, no respetando de esta forma a los miles de ciudadanos que también tenían derecho de trabajar en el Estado.

De la caótica situación que heredó el actual intendente, no se saldrá con más demagogia sino con cambios estructurales, cuyos beneficios sólo suelen verse con el tiempo y, por ende, no cosechan aplausos inmediatos.
Uno de esos cambios estructurales será institucionalizar mecanismos que garanticen, para el ingreso al Estado, “igualdad, mérito y oportunidad”, lema actual de la Comisión Nacional de Servicio Civil de Colombia, uno de los más de ocho países en América latina que, a través de la capacitación y de sistemas meritocráticos de concursos públicos y masivos, se han propuesto cambiar la administración pública para hacerla eficiente y eficaz al servicio del ciudadano.

*Subsecretaria de Capacitación y Formación  de Recursos Humanos de la Municipalidad de Córdoba.

La Voz del Interior, 11-11-12

Estado





Nuestro pasado cercano como país está plagado de errores, lleno de slogans y carente de ideas; los gobiernos divagan y van como un péndulo de un lado a otro con el Estado y la sociedad de espectadores. En los últimos años los gobiernos se han alimentado de un Estado cada vez más impotente e irrelevante.

Ernesto Sanz
Senador de la Nación

Clarín, 30-10-12, p. 29, “De los slogans a una democracia de ideas”.

Empleados municipales de Córdoba



Estado, trabajo en negro y dignidad

Juan Pablo Quinteros*

Cuando prefectos y gendarmes ganaron la calle para reclamar por sus salarios, el país pareció enterarse de una realidad existente desde tiempos inmemoriales, que puso a la consideración pública una Argentina retrógrada, arcaica y casi inmoral.
Fue lacerante ver cómo esos hombres y mujeres, cuya tarea es defender a su patria, a nuestra patria, exhibían recibos con remuneraciones insultantes, para poner en evidencia que sus salarios crecen con retribuciones en “negro” hasta alcanzar un haber total que los coloca, apenas, por encima del nivel de la pobreza.
Detrás del justo reclamo, surgieron especulaciones e ine­quidades, con jerárquicos remunerados a contrapelo de sus subalternos y un cúmulo de miserias que se formaban, cual parada militar, detrás del rostro de la protesta, con intenciones en muchos casos viles, pero desenmascaradas y desactivadas con celeridad.
La realidad –y Jesús María es la foto más cercana que podemos esgrimir– caló hondo en una comunidad que no dudó en entregar su desinteresado apoyo a los gendarmes. La causa lo ameritó.
No hubo mesa familiar, reu­nión social o ámbito de discusión política o periodística donde no se hablara del tema. Nadie pudo mirar al costado, la reacción fue unánime y la reflexión, contundente: el Estado, bajo ningún pretexto, puede ni debe precarizar a sus trabajadores.

El Frente Cívico de Córdoba, de manera contundente, se expresó al respecto.
Todos y cada uno de los dirigentes de nuestra fuerza sostuvieron expresiones que me eximen de comentarios.
Pero es aquí, en el comportamiento, en las conductas, donde entiendo que es imprescindible detenerse en oportunidades y circunstancias que obligan con objetividad a reparar en “detalles” que pasaron inadvertidos.
La historia no miente. Para muchos, fijar postura en estos temas sólo constituye una actitud declamativa o testimonial. O, lo que es peor aún, muchos de los que hoy levantan banderas tuvieron la oportunidad de corregirlo y sencillamente no lo hicieron.

No es nuestro caso. Gobernamos con Luis Juez como intendente municipal tomando las riendas de un municipio devastado por la gestión del liberal Germán Kammerath, sentado en el Palacio 6 de Julio por José Manuel de la Sota, de quien había sido su vicegobernador.
A poco de asumir, tomamos nota de la irregular situación de buena parte de la planta de agentes.
Al 31 de octubre de 2003, el Estado municipal cordobés contaba con 6.569 empleados en planta permanente y 1.416 contratados, a los que debían añadirse 978 monotributistas que prestaban servicio con las mismas responsabilidades que el resto de los empleados, conformando un total de 8.963 dependientes.
Estos casi 2.500 empleados contratados y monotributistas devenían de las gestiones de Ramón Mestre, Rubén Martí y Germán Kammerath.
Muchos de ellos ingresaron en los albores de la década de 1990 bajo la figura de “retribuciones a terceros”, y cada seis meses o, en el mejor de los casos, cada 12 eran sometidos a la incertidumbre de la renovación de su vínculo laboral.
Eran navidades sin brindis, festejos condicionados por la posibilidad cierta de saberse desocupado.

Fin de la injusticia.
Luis Juez, con su decisión política, terminó con la injusticia. No fue necesario que nadie saliera a la calle, porque asumimos convencidos de que quienes revestían el carácter de agentes municipales, cualquiera fuera su figura jurídica, sin importar su simpatía política y aun sabiendo que eran “herencia” de anteriores gestiones, resultaban acreedores del más básico de los derechos: trabajar en blanco.
Quienes eran monotributistas se convirtieron en contratados, y luego, todos pasaron a la planta permanente, tal como la Carta Orgánica Municipal (COM) estipula. Por si quedaran dudas, me remito a dos fallos judiciales que, ante amparos interpuestos, dictaminaron que la totalidad de los ingresos de la gestión Juez se ajustaron a la COM.
Cumplido el mandato popular, dejamos la Municipalidad. El 31 de octubre de 2007, había 8.910 empleados en planta permanente y 659 contratados, lo que suma un total de 9.569 agentes. 606 más que cuando nos hicimos cargo de la ciudad en 2003.
No hay que olvidar que, durante nuestra gestión, accedieron a los beneficios de la ley previsional anticipada de José Manuel de la Sota unos 1.300 empleados, bajas que literalmente desguazaron la cadena administrativa de mandos y contribuyeron al deterioro que desde entonces afecta a la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

Si gobernar es tomar decisiones, Juez lo hizo. Y con costo altísimo. No hubo comunicador o político opositor que no se hiciera un “festín” con el tema de “los empleados que dejó Juez en la Municipalidad”, y fue ese el latiguillo de todos quienes pretendían construir debilidades a partir de las fortalezas.
Se habló de tres mil, de cuatro mil y, al parecer, fruto del inocultable proceso inflacionario que padecemos, para algunos la cifra hasta llegó a los cinco mil nombramientos. Pero, como dijo Henry David Thoreau, “las matemáticas no mienten, lo que hay son muchos matemáticos mentirosos”.
Ahora viene la paradoja: los mismos que esgrimían salvajes ataques por los “nombramientos abusivos” son lo que hoy ven, horrorizados, la indignidad del Estado para con prefectos y gendarmes.

¿Paradoja o hipocresía? Cada quien sabrá qué adjetivo le toca, pero lo cierto y lo concreto es que la expresión de lucha de los uniformados de bajo escalafón sirvió para demandar la puesta en valor del Estado en su rol patronal frente a sus trabajadores. Y eso es una muy buena noticia.
Lo demás viene solo. Quien quiera, que saque conclusiones: tuvimos valor para asumir la decisión que había que asumir, sin especulaciones a la hora de tener en cuenta el costo del coraje.
Podemos decir, con orgullo, que nunca claudicamos en la defensa de nuestras convicciones. Debíamos hacerlo y lo hicimos, sin reparar en su “costo político”.
La historia, sin duda, nos reprochará muchas cosas, pero sabemos que fuimos fieles custodios del más elemental derecho de quien trabaja: la dignidad.

*Vocal en el Ersep por el Frente Cívico de Córdoba.

La Voz del Interior, 24-10-12